Arremetida de Palacio

Sectores uribistas respaldaron el anuncio del Presidente. Oposición dice que “estamos llegando a una dictadura”. El Mandatario continuó su ataque contra la Corte Suprema anunciando demanda por tema de Yidis.

Haciendo las veces de periodista, en una improvisada rueda de prensa que no duró más de cinco minutos, el presidente Álvaro Uribe Vélez continuó ayer su arremetida contra la Corte Suprema de Justicia solicitando al ministro de Protección Social, Diego Palacio, que comunicara a la opinión pública la denuncia que radicó el Gobierno contra el alto tribunal, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por supuestamente haber hecho falsas afirmaciones en el caso de la ex parlamentaria Yidis Medina —condenada por haber vendido el voto con el que fue aprobada la reelección presidencial—. “Los magistrados dijeron que le di puestos a Yidis. Eso tienen que comprobarlo”, sostuvo Palacio.

Como si fuera un comunicador más de los que se encontraban a esa hora en el Palacio de Nariño, Uribe le lanzó varias preguntas al Ministro sobre el tema de las prebendas, a lo cual Palacio contestaba repitiendo que “tendrán que presentar pruebas de lo que afirman”. Acto seguido, el Primer Mandatario tomó el micrófono para cuestionar que —según él— la Corte no le haya dado igual tratamiento a la farcpolítica con respecto a la parapolítica: “¿Por qué la Sala Penal de la Corte es tan diligente para investigar algunos congresistas vinculados con los paramilitares y no lo es tanto en el tema de las Farc?”.

Y remató con una fuerte insinuación sobre las supuestas relaciones entre la mafia y los magistrados: “Compatriotas, hagamos memoria. Salvatore Mancuso aseguró una vez que los paramilitares habían elegido el 30 por ciento del Congreso… Hace no mucho, dijo que también tenían infiltrada a la Corte, ¿por qué no se ha investigado esto?”.  

Las duras palabras acrecentaron la tormenta política que se desató en el país la noche del pasado jueves, cuando el Primer Mandatario informó que pedirá al Congreso tramitar un referendo para repetir las elecciones presidenciales de 2006, en respuesta al fallo de la Corte Suprema, que instó al máximo organismo de justicia constitucional —la Corte Constitucional— a revisar la legalidad de la reforma a la Carta Magna que permitió la reelección, en 2004. Uribe, además, no ahorró calificativos para el alto tribunal, con el que tiene una pelea casada hace más de un año, al que señaló de practicar “el poder del terrorismo agónico”.

Esta nueva salida del Presidente consternó a buena parte de la opinión pública, que hoy se pregunta, entre otras cosas, cómo sería el proceso de repetición de comicios, si se tendrían que presentar los mismos candidatos y si contarían los dos años que ya lleva ejerciendo Uribe —ver nota en páginas 4 y 5—.

Como era de esperarse, de las toldas oficialistas salieron ayer los escuderos del Mandatario a apoyarlo en su decisión. Samuel Arrieta, presidente del partido Convergencia Ciudadana, afirmó que, como la Corte cuestionó la legitimidad de la


reelección, Uribe está en todo su derecho de “devolver al pueblo la posibilidad de que lo ratifique en el poder”. En igual sentido se pronunció el presidente de La U, Carlos García, quien ve con buenos ojos que “quede clara” la elección.

Arrieta aprovechó la coyuntura para lanzar una inesperada propuesta en el sentido de que se aproveche el referendo que plantea el Presidente para convocar, de paso, a nuevas elecciones de Legislativo, iniciativa que el senador liberal Héctor Helí Rojas calificó de “descabellada. Quien compró a Yidis no fue el Congreso, sino el Gobierno”.

Rojas considera “absurda” la posición de Uribe, teniendo en cuenta que “lo que cuestiona la justicia no son las elecciones, sino el acto legislativo que aprobó la reelección”. En opinión del parlamentario opositor, lo que en realidad busca el Mandatario es una reelección anticipada: “Las elecciones no se pueden repetir. El referendo tardaría al menos doce meses en el Parlamento, con lo que se cumplirían tres años de período presidencial, tiempo que no sería contabilizado. Eso quiere decir que Uribe se atornillaría en el poder por lo menos hasta 2012”.

Consultado sobre ese punto en concreto, el penalista Yesid Reyes afirmó que “lo que va a pasar en la práctica es que se anticiparán las elecciones presidenciales, pues comenzaría un nuevo período de cuatro años”.

El Presidente no ha dado mayores detalles de su propuesta, pero ayer el secretario de Prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez, comunicó que “el interés del Gobierno es legitimar la elección del período 2006-2010”, sin mencionar nada sobre el tiempo que ya lleva ejerciendo Uribe.

La presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, por su parte, aseguró que es muy posible que la otra semana se convoquen sesiones extras en el Legislativo.

El ambiente político continuará hirviendo mientras el Presidente no aclare sus propósitos y la Corte Constitucional se pronuncie sobre la aparente ilegitimidad de la polémica reelección.

¿Qué hará la oposición?

El jefe del Polo Democrático, Carlos Gaviria, le dijo a El Espectador que denunciará la propuesta de Uribe de repetir las elecciones de 2006 ante la comunidad internacional, específicamente en los congresos de la Internacional Socialista —en Atenas— y del Partido Socialista Obrero Español —en Madrid—, eventos a los que asistirá en las próximas semanas. “Lo que está pasando es muy grave. Estamos a las puertas de una dictadura”.

Por su parte, el director del Partido Liberal, César Gaviria, emitió un comunicado en el que le pide al Primer Mandatario que “reflexione... respete la función de las instituciones de justicia y busque salidas... Sus actuaciones de hoy parecen más dirigidas a crear crisis que a resolverlas”.


“El problema es de legalidad, no de legitimidad”

Las Cortes hacen justicia, esa es su función primordial en la democracia. Desconocer sus decisiones jurídicas (con efectos políticos evidentes) es, de por sí, un acto irresponsable y testarudo. En la medida en que se acrecienta la falta de credibilidad entre las diferentes ramas del poder público en Colombia, se irá escalando la desestitucionalización del Estado y la ausencia de armonía y colaboración que debe existir entre éstas.

Por ello, aunque pueda tener razón el Presidente, su decisión de mediatizar y polemizar con la jurisprudencia de la Corte se constituye en una grave violación a la independencia y separación de los poderes instituidos, como también en un precedente peligroso en el respeto a las decisiones jurídicas que se traduce en inestabilidad normativa.

Ahora bien, esa decisión presidencial, que es un error en sí misma, se agrava mucho más con la solución que se propone. La Corte cuestionó la validez jurídica de la norma que le permitió al Presidente reelegirse en 2006, pero nunca debatió la legitimidad de la elección presidencial de ese año.

Es entendible que el Presidente se sienta atacado por la sentencia de la Alta Corte, pero es indescifrable la lógica que tuvo para proponer semejante solución, que  se constituiría en un saludo a la bandera de lo que realmente se cuestiona en el fallo respectivo.

Javier Flórez, investigador del Observatorio de Procesos Electorales (OPE) de la Universidad del Rosario

“Vamos hacia la desestabilización total del país”

Es muy triste que estemos viviendo una situación tan crítica, cuando en Colombia hay problemas mucho más graves. Pero eso es producto de la misma mediocridad con la que se ha manejado el país durante mucho tiempo.

Estamos transitando por un camino peligroso que nos está llevando a la deslegitimación de las instituciones, lo cual es bastante grave en una democracia.

Es cierto que hay que respetar a la Corte en su majestad, pero el mensaje que se está pasando es todo lo contrario. Yo me pregunto por qué los ciudadanos tienen que respetar las decisiones judiciales y el Ejecutivo no. Es claro que estamos caminando por un sendero peligroso.

Desde mi punto de vista, no es viable la posibilidad del referendo. No se trata simplemente de convocar así porque sí, porque el Presidente lo dice, eso lleva un proceso jurídico largo y dispendioso.

Lo grave de todo es que las cosas se están manejando en el sentido equivocado, no se están respetando las ramas del poder, al punto que acá se están enfrentando unas con otras. Es un mal ejemplo, un mensaje errado que se está mandando a la ciudadanía. También el mismo Presidente está mandando un mensaje equivocado a la opinión pública al hacer señalamientos tan graves contra la Corte.

La salida no es el referendo, así como vamos nos estamos dirigiendo rápidamente hacia la desestabilización total del país.

Lázaro Vivero, analista.

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