Ayuda al consumidor, nuevo modelo antiadicción

Los cultivos ilícitos en el país han crecido 27% según la ONU. Tradicionalmente, el uso en Colombia ha tenido un enfoque prohibicionista.

Hay un aspecto que, a primera vista, llama la atención del “Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”, una fecha instituida por la ONU desde 1987 y que se celebró ayer, 26 de junio, en el mundo. Es la palabra indebido. ¿Hay un uso debido, aceptable, de las drogas? La respuesta puede ser que sí.

El día es celebrado de diferentes formas en todo el planeta. En algunos países la conmemoración incluye fusilamientos públicos de narcotraficantes, en otros el tema pasa inadvertido, puesto que el consumo de sustancias psicoactivas, o SPA, es un asunto de salud pública, como la gripa. En Colombia, uno de los mayores productores de algunas SPA en el mundo y en donde, según la misma ONU, el área de cultivos ilícitos se incrementó un 27%, el día genera reacciones encontradas. Más aún cuando, el jueves, la organización reveló, en un informe lanzado en Viena, que el consumo en Latinoamérica ha crecido.

Julián Quintero es un hombre jovial, quien explica sus puntos de vista apasionadamente, que cree en una causa. Este sociólogo de la Universidad Nacional, quien además es un investigador de temas relacionados con el consumo de las SPA, piensa que puede haber un consumo responsable, respaldado en una información adecuada y en una estrategia de mitigación de daños. Quintero fue una de las personas que estuvieron involucradas en la redacción de la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su impacto.

El documento vio la luz en abril de 2007, pero hasta ahora se está implementando, y representa un trabajo de diferentes sectores, desde el Ministerio de Protección Social, hasta investigadores particulares como Quintero, que se sentaron a pensar en cómo reducir el impacto social de las SPA, .

Durante años, el tratamiento que se le ha dado al consumo de SPA en el país ha sido policivo. Aumentar el presupuesto de la Fuerza Pública, para asimismo incrementar las operaciones de erradicación y persecución a los traficantes. En últimas, la estrategia del Estado ha estado enfocada a reducir la oferta, pero, ¿qué pasa con el consumo, que a su vez estimula la producción y, por tanto, la oferta?


He ahí una de las diferencias radicales de la política emanada en 2007: si bien es cierto que aún hace énfasis en la disminución de la producción, se centra en cómo lidiar con el consumo, mitigar sus daños, disminuir sus riesgos y generar una capacidad de respuesta por parte de los organismos de salud. El cambio de enfoque es drástico, el foco ya no está en la mata perdida en algún pliegue de la intrincada geografía colombiana, el narcotraficante que huye eternamente de la Policía y el Ejército; el centro de atención es el consumidor.

Pero el cambio de perspectiva se da en otros aspectos, tanto más sutiles, tanto más importantes. Ya no se habla de drogas, sino de SPA. La diferencia radica en que las drogas generan una adicción, mientras que las sustancias psicoactivas no necesariamente. De igual manera, dentro de las SPA se incluyen el alcohol y el cigarrillo, dos de los estimulantes legales que generan, según estadísticas, los daños más profundos en las sociedades.

Según la política, el alcohol es la sustancia que más se consume en el país, entre un 70 y 90% de la población lo ha probado. Asimismo, tres de cada 20 colombianos han sufrido alguna alteración mental. De éstos, “los trastornos asociados con el uso de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, ocupan el tercer lugar en frecuencia (10,6%). Uno de cada 15 colombianos abusa del alcohol; uno de cada 200 depende de él. De las sustancias ilícitas, la marihuana es la de mayor preferencia y tiene una tasa de prevalencia de 7,6%.

“De manera pausada, pero certera, Colombia se ha convertido en un país de consumidores, aunque seguimos siendo grandes productores. Lo que me parece importante de la política es que está dirigida a quienes alimentan la oferta y, en últimas, a quienes reciben los daños colaterales de las sustancias psicoactivas. Es un documento importante porque, mediante una preocupación de la sociedad misma, la institucionalidad ha virado y les ha puesto atención a las sustancias, no como un tema de producción y persecución, sino como un asunto que puede llegar a ser de salud pública”, dice Quintero.