Condenan a multinacional

La empresa Occidental de Colombia Inc. deberá pagar más de $150 mil millones en virtud de una acción popular.

En un enérgico fallo que ha despertado revuelo, el Tribunal Administrativo de Arauca le ordenó a la multinacional Occidental de Colombia Inc. el pago de una suma superior a los $150 mil millones al acusarla de mala fe y de conducta inmoral por no haber pagado  la contribución a la solidaridad  desde 1997. Según la ley, la empresa debía cancelar dicho tributo a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del departamento y los municipios de Arauca y Arauquita. El fallo se dio en virtud de una acción popular que cuestionó a varios gobernadores y alcaldes de la región, quienes no fueron diligentes para exigir el pago de los recursos.

Los dineros, que estaban destinados para subsidiar el consumo de energía eléctrica para los estratos 1,2 y 3 de la población, deberán seguir siendo pagados mientras se mantengan los elementos y la base gravable de la contribución. “En su fallo, la corporación de justicia consideró inmoral la conducta de la multinacional al evadir con pretextos y engaños el pago del tributo. La Oxy está llamada a cumplir la ley y debe transferir unos recaudos que compensen en parte las enormes ganancias que obtiene de la explotación de petróleo”, afirmó el abogado Álvaro Alberto Vivas Sánchez, quien instauró la acción popular hace 5 años.

A su turno, el Tribunal Administrativo de Arauca señaló en el fallo que “la falta de cumplimiento de esa obligación (por parte de la multinacional petrolera) se convierte sencillamente en una evasión de la contribución sin justificación ni razón aparente, lo cual lleva implícita la mala fe del operador y la repercusión inmediata es el desconocimiento de la solidaridad y comprensión con los más débiles, a costa de sus ventajas financieras en la explotación del precioso hidrocarburo. Es ciertamente una conducta inmoral”.

En la determinación judicial se excluyó del pago a Ecopetrol, dueña del 50% del contrato de asociación Cravo Norte, y a Occidental Andina LLC, propietaria de un 25%. Aunque Occidental de Colombia Inc., tiene un 25% de la sociedad, es considerada a la vez como asociada y tercera, de acuerdo a una de las cláusulas del contrato. Como se desempeñaba como operadora fue condenada por este último rol, razón por la cual no podrá llamar en solidaridad para el pago a las otras dos empresas asociadas.

Según el abogado Vivas, Occidental de Colombia Inc. podría pagar el valor total de la contribución de solidaridad que se encuentra debiendo luego de once años y medio, con tan sólo la utilidad que logra en 12 días y medio. “Obtiene utilidades propias de $6.000 millones diarios, con una producción total de Caño Limón de 102.000 barriles diarios de petróleo, que se venden en el mercado internacional actualmente a 130 dólares. Para entender la magnitud de las utilidades de la petrolera,


baste con decir que el costo de producción de un barril es de 2,59 dólares y se vende a precios que oscilan entre 130 y 135 dólares”, aseguró Vivas.

La acción popular en contra del departamento de Arauca, los municipios de Arauca y Arauquita y la multinacional petrolera fue interpuesta el 14 de agosto de 2003. Según el demandante, la compañía Occidental de Colombia Inc. se desempeña como operador, desde 1987, de la explotación del campo petrolero Caño Limón a nombre de la asociación Cravo Norte, propietaria del yacimiento. En virtud de dicha explotación utiliza energía eléctrica con una capacidad mínima instalada de 44.000 kilovatios, además de la compra de otra cantidad.

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, las empresas que produzcan energía eléctrica, con una capacidad mínima instalada de 25.000 kilovatios, y que la enajenen a terceros o asociados, están obligadas al pago de la contribución de solidaridad, equivalente al 20% de la energía generada, menos descuentos legales, sostuvo la demanda. Por eso, Occidental de Colombia Inc. tenía que pagar dicha contribución, destinada a generar su propia energía para la exploración y explotación del campo petrolero. Sin embargo, desde hace 11 años no cancela dineros por este concepto, según constató el Alto Tribunal.

Según la providencia, conocida por El Espectador, el demandante alegó que durante años hubo negligencia por parte de los gobernadores del departamento de Arauca y los alcaldes de los municipios de Arauca y Arauquita, quienes no cumplieron su deber constitucional de cobrar como lo demanda la ley un tributo necesario para beneficiar a personas de escasos recursos económicos en Arauca. Pese a que la acción popular fue admitida el 15 de agosto de 2003, la empresa se opuso a las pretensiones y alegó que no tenía por qué cancelar ese impuesto debido a que “la energía que se autogenera en el complejo petrolero no se enajena ni a terceros ni a los asociados, requisito que expresamente lo exige dicha acción legal para que se produzca la obligación de contribución”.

La demanda fue apoyada por el municipio de Arauquita, y con algunos reparos de orden legal por el gobierno departamental de Arauca y el municipio del mismo nombre. En sentencia de primera instancia, un juez local determinó que no había prueba que permitiera concluir que la empresa Occidental de Colombia Inc. debía pagar la contribución, así como tampoco se había podido probar que la conducta de los funcionarios departamentales o municipales fuera en contravía de los principios que orientan la función administrativa.

Sin embargo, el abogado Vivas apeló esa decisión y el pasado 9 de julio, con ponencia del magistrado Édgar Guillermo Cabrera Ramos, el Tribunal Administrativo de Arauca determinó que la Occidental de Colombia Inc. sí tenía responsabilidades que eludió y, por tal razón, calificó su conducta de inmoral. Así mismo, la sentencia ordenó conformar un comité de verificación para hacer efectivo el fallo y el recaudo de los recursos con la participación de la Defensoría del Pueblo y los alcaldes favorecidos, entre otros.  No obstante, todavía puede apelar esta decisión, ante lo cual sería el Consejo de Estado la corporación que definiría en últimas este millonario pleito judicial.