Corte rechaza agravios, pero le baja el tono al debate

Tribunal respaldó a la Sala Penal y dijo que no hubo justicia selectiva ni sus magistrados cohonestan terrorismo. Decisión contra la ex congresista Yidis Medina “no fue un acto caprichoso, abusivo o desestabilizador del orden”. Entre tanto, el Gobierno y el Congreso anunciaron que sólo hasta el 20 de julio comenzará a examinarse la iniciativa oficial del referendo para validar las elecciones presidenciales de 2006.

Cinco días después de que por cuenta del Gobierno y la Corte Suprema de Justicia quedara planteada una grave crisis institucional de insospechadas consecuencias, ayer, aunque sin ceder en sus postulados fundamentales, se comenzó a distensionar la situación en ambos frentes, al adoptarse decisiones que por ahora aplazan un enfrentamiento mayor y dejan en caminos constitucionales la solución del choque de poderes entre el  Ejecutivo y el máximo tribunal de la  justicia ordinaria.

Al tiempo que el Gobierno anunciaba la postergación del proyecto de referendo para repetir las elecciones presidenciales de 2006, y en el propio Congreso sus dignatarios anunciaban que sólo a partir del 20 de julio se daría trámite a la iniciativa planteada por el Ejecutivo, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia respaldó la decisión adoptada por los magistrados de la Sala Penal, pero dejó en claro que no alimentará polémicas estériles que impidan la realización de los fines del Estado.

En efecto, tras el anuncio del ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, de no convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para debatir el polémico referendo planteado por el presidente Álvaro Uribe el pasado jueves 26 de junio, la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, aclaró que por procedimiento y tiempo no es viable abordar por ahora el estudio de la propuesta. A su vez, el presidente de la Cámara, Óscar Arboleda, expresó que de avanzar exitosamente el proyecto, el referendo se realizaría en marzo de 2009.

Y mientras Gobierno y Congreso dilataban el mecanismo planteado por Uribe Vélez para revalidar las elecciones presidenciales de 2006, la Sala Plena de la Corte Suprema, luego de una deliberación que le llevó buena parte del día laboral, pero que fue producto  de consultas a lo largo del puente festivo, expidió una declaración de seis puntos, en la cual, básicamente, los magistrados defendieron su autonomía judicial y de paso exhortaron al Gobierno a acatar las decisiones judiciales, como corresponde en un Estado de derecho.

Al término de la Sala Plena, el presidente de la corporación, magistrado Francisco Javier Ricaurte, leyó un comunicado en donde expresó que las únicas motivaciones del fallo con el cual fue condenada a 47 meses de prisión la ex congresista Yidis Medina Padilla son estrictamente constitucionales y legales, y en todo momento estuvieron encaminadas a expresar un contenido jurídico, producto de “un estudio serio, objetivo y ponderado de las pruebas”, y en ningún caso orientado a causar conflicto con otras autoridades ni a afectar la institucionalidad del país.

Sin embargo, el alto tribunal instó al Gobierno a acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, así como las de cualquier otro juez de la República, recordándole al Ejecutivo que se trata del ejercicio autónomo e independiente de la función jurisdiccional, porque permitir una injerencia en este proceder puede contribuir al resquebrajamiento del Estado social y democrático de derecho. En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia le recordó al Gobierno que uno de los elementos esenciales de la democracia es la separación de los poderes públicos.

De la misma manera, la Corte rechazó los calificativos utilizados por el presidente Uribe, quien tildó su fallo como justicia selectiva, y dejó en claro que ninguno de sus miembros cohonesta el terrorismo, como igualmente lo sugirió el Jefe de Estado. Respecto a su carta al Primer Mandatario, pidiéndole explicaciones sobre la extradición de los 14 ex jefes  ‘paras’, la corporación aclaró que no era una protesta sino un requerimiento legal dentro de su competencia en la Ley de Justicia y Paz.

Al término de la lectura del comunicado (ver texto completo en nota anexa), el magistrado Francisco Javier Ricaurte insistió en que los ciudadanos tienen todo el derecho a pedir aclaraciones a los magistrados por sus conductas y que, a su vez, los


servidores de la justicia deben corresponder a estos mismos requerimientos. En tal sentido, el jurista resaltó que cualquiera de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia está dispuesto a dar las explicaciones que sean necesarias ante su juez natural, es decir, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Conocido el comunicado de la Corte, penalistas consultados por El Espectador se pronunciaron complacidos por el tono adoptado por el alto tribunal frente a lo que se perfilaba como un grave enfrentamiento institucional. El abogado Iván Cancino observó: “La Corte obró con un tono moderado, sin dejarse meter en peleas que no le convienen al país y con una altura jurídica que es la que Colombia hoy necesita. No se podía dejar llevar a una batalla de populismo, sino mantener el Estado de derecho, como es la costumbre histórica”.

A su vez, el ex fiscal y abogado Jesús Albeiro Yepes resaltó el lenguaje respetuoso y elevado utilizado por la Corte Suprema, pero manifestó que ese mismo tono sereno, inteligente y preciso que se empleó en el comunicado, debió imperar también en la sentencia que provocó el debate público, hecho con el cual, el país se habría evitado un conflicto innecesario. Según el jurista, el lenguaje de los jueces debe ceñirse al debate probatorio, sin evaluaciones que desborden su apreciación limitada a lo judicial.

Con los pronunciamientos de los tres poderes públicos, por ahora, volvió una normalidad que parecía convulsionada. Sin embargo, es claro que no se trata de soluciones definitivas. En pie sigue una propuesta de referendo, tan controvertida como los enfrentamientos entre la Corte y el Gobierno, y aún no se sabe qué evolución vaya a tener el escándalo de la yidispolítica en instancias tales como la Procuraduría, la Fiscalía, la Corte Constitucional y la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La declaración de la Corte

Bogotá, D. C., 1º de julio de 2008. La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ante las manifestaciones realizadas por el Gobierno Nacional en los últimos días, con ocasión de la sentencia proferida por esta corporación contra la ex parlamentaria Yidis Medina Padilla, en sesión extraordinaria de sala plena del  día de hoy acordó:

1. Respaldar la decisión emitida por la Sala de Casación Penal, pues, de acuerdo con su texto, es el resultado de un estudio serio, objetivo y ponderado de las pruebas allegadas al proceso. Por tanto, su contenido es eminentemente jurídico, carece de motivaciones diferentes a las estrictamente constitucionales y legales, no pretende causar conflicto con otras autoridades, ni afectar la institucionalidad del país.

2.  Exhortar  al Gobierno Nacional a respetar  y acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, así como las de cualquier Juez de la República, dado que ellas obedecen al ejercicio autónomo e independiente de la función jurisdiccional y, en consecuencia, cualquier injerencia indebida resquebraja y desquicia el Estado Social y Democrático de Derecho.

3. Rechazar enérgicamente las descalificaciones, agravios e infundadas imputaciones contenidas en la alocución presidencial de 26 de junio, dado que de ningún modo se ha presionado al Presidente ni al Congreso de la República, tampoco ha aplicado criterios de  justicia selectiva y ninguno de sus miembros cohonesta el terrorismo.

4. Resaltar que la Corte Suprema de Justicia no ha protestado por la decisión  del Presidente de la República de extraditar a los 14 jefes paramilitares. Simplemente esta Corporación  requirió del Jefe de Estado información  necesaria para determinar 


su competencia respecto de la Ley de Justicia y Paz. La Sala de Casación Penal, desde el año 2001, ha emitido 902 conceptos favorables en materia de extradición.

5. Señalar que la remisión de copias de la sentencia condenatoria, contra la ex congresista Yidis Medina Padilla, a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación, para los fines que estimaran pertinentes, no fue un acto caprichoso, abusivo o desestabilizador del orden jurídico. Tuvo como fundamento la Constitución Política, los instrumentos internacionales y,  concretamente, el artículo 21 de la Ley 600 de 2000 , que impone a los jueces de la República la obligación de, una vez verificada la existencia del delito y la responsabilidad de su autor, restablecer los derechos conculcados por la acción delictiva.

6. Respetar, se insiste, la potestad que tienen los ciudadanos para poner en conocimiento de las autoridades competentes las conductas de los Magistrados que, a su juicio, deban ser investigadas. Estos, a su vez,  estarán prestos a dar las explicaciones que requiera su juez natural.

Por último, la Corte Suprema de Justicia acogiendo el clamor general, en aras de la preservación de las instituciones democráticas, de la concordia y del bien de la Nación,  no entrará a fomentar polémicas estériles que impidan la realización de los fines del Estado.

La reacción de Palacio frente al fallo de la Corte

El pasado jueves 26 de junio, la Corte Suprema dio a conocer el fallo de la ex congresista Yidis Medina Padilla. En éste, la corporación dejó saber que su condena era de 47 meses y 26 días de prisión domiciliaria. Pero no sólo eso. La Corte, en ese mismo veredicto, cuestionó la legalidad de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata. Lo que significó para el Gobierno, de paso, poner en tela de juicio la legitimidad de los comicios presidenciales de 2006.

Horas más tarde, el Jefe de Estado anunció que convocaría al Congreso de la República a sesiones extras para tramitar un proyecto de ley de referendo con el cual, según el mandatario, se corroboraría lo legítimo de su administración.

Además, al día siguiente, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, denunció a los magistrados de la Sala Penal del alto tribunal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por el delito de falsas imputaciones.

Intimidades de las discusiones en la Corte Constitucional

Varias particularidades ha conocido El Espectador a propósito de la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de pedirle a la Corte Constitucional que revise la legalidad del acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata.

Fuentes consultadas por este diario aseguraron que el trámite de la eventual nulidad de la enmienda constitucional en la Corte no durará más de 30 días, tiempo en el cual los nueve magistrados resolverán si es viable que se estudie nuevamente la norma que le dio vida a la reelección o si, por el contrario, el asunto ya es cosa juzgada.

Por ahora se sabe que el magistrado Rodrigo Escobar Gil fue designado como el ponente para resolver si se le da trámite a la demanda de revisión que ocho organizaciones de derechos humanos le elevaron a la Corte Constitucional por el escándalo de la yidispolítica. Curiosamente fue Rodrigo Escobar el ponente de la exequibilidad de la norma de la reelección.

El Espectador también conoció que hasta el momento varios magistrados han expuesto su desacuerdo con que el alto tribunal vuelva a revisar la constitucionalidad de la ley. Al parecer, hay consenso en que la norma es cosa juzgada, es decir, no habría manera de que la Corte Constitucional pudiera examinarla de nuevo, pese a las confesiones entregadas a la justicia por la ex parlamentaria Yidis Medina.