Desalojados de El Paraíso

Doce familias estaban invadiendo una reserva natural de la localidad de Chapinero.

El lunes, a las 5:45 a.m., Esperanza Rodríguez salía de su rancho de madera y techo de zinc —en el barrio El Paraíso, localidad Chapinero—,  hacía el río Arzobispo, a recoger agua para el almuerzo. Se había alejado apenas unos pasos de su casa, cuando vio que una tropa de policías acordonaba el barrio de invasión que ella y unos vecinos habían construido porque no tenían plata para pagar un arriendo en el mismo barrio.

Se estaba cumpliendo la advertencia que tantas veces les había hecho la Alcaldía Local de Chapinero. Les habían dicho, personalmente y por escrito, que estaban invadiendo una zona forestal y debían desalojar. Cuando Esperanza vio el batallón de uniformados, con picas y palas en mano, corrió a su casa, despertó a sus cinco hijos y a su esposo, y salió a advertirles a los vecinos que los habían acordonado y que estaban a punto de derrumbarles los ranchos. Allí vivían doce familias, conformadas por 60 personas, más de la mitad de ellos niños.

Los policías iban acompañados de delegados de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia. También estaba con ellos la alcaldesa de Chapinero, Blanca Inés Durán Hernández. Según ella, el desalojo comenzó a planearse un mes atrás, cuando algunos vecinos de la zona se quejaron ante la alcaldía porque estaban invadiendo una reserva natural. “Once de esas doce familias vivían en arriendo en el mismo barrio, y para no volver a pagar se pasaron a vivir a estas casas”, explica la alcaldesa.

La otra familia tenía problemas constantes con la empresa de energía porque ambas partes comparten un terreno. Como nunca lograron conciliar, no se les permitió  construir un segundo piso, entonces decidieron sumarse a los vecinos que armaron ranchos en el cerro.

Inicialmente Esperanza Rodríguez —quien decidió trasladarse al barrio de invasión para no pagar $200 mil de arriendo cada mes —  se resistió a salirse de su rancho. Se aferró a sus cinco niños mientras gritaba, “no sean abusivos, no nos peguen, no nos tumben las casas”. “Pero ellos no me escuchaban. Le pegaron a una vecina en la pierna, a mi hija Camila le clavaron una puntilla en el pie. Los niños gritaban. Al final nos sacaron a la brava, a palo”, cuenta Esperanza, mientras supervisa desde lo alto del cerro, que su esposo recoja cada uno de los muebles que tenían en la casa.

Las quejas de golpes y maltrato durante el desalojo fueron generales. Incluso una de las vecinas desalojadas, Cindy  Morales, enseñaba incesantemente un golpe  en su pierna para demostrar que fue cierto. La personera Local de Chapinero, Magda Ayala, explicó que la fuerza se utilizó cuando fue necesario. Cuando, por ejemplo, ellos tuvieron que responder al ataque de piedras y palos con el que los recibieron los habitantes de esta zona. También aseguró que una mujer denunció ante ellos haber sido víctima del maltrato de los policías, y les enseñó un morado en su pierna como prueba. “Si se dictamina que hubo agresión, se procede a amonestar a la personas responsable del maltrato. Pero nosotros constatamos que no hubo abuso ni se vulneró ningún derecho”.

Al principio, los palos y las piedras fueron los instrumentos utilizados por los habitantes de esta zona para impedir el desalojo. Luego, fueron los niños encaramados en los techos quienes pretendían impedir que se derrumbaran las casas. Pero ningún obstáculo fue efectivo. El desalojo se cumplió, y los habitantes de esa zona no tuvieron otro remedio que cargar al hombro el televisor y los muebles que dos meses atrás habían trasteado hasta allí, con la ilusión de ahorrase la plata del arriendo y de los servicios.