El auténtico lío del notario 24 de Bogotá

Es hermano del senador Mario Uribe Escobar y primo del presidente  de la República Álvaro Uribe Vélez.

El pasado 30 de noviembre de 2007 el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, dando cumplimiento a una decisión de la Superintendencia de Notariado y Registro, expidió un decreto que ‘limpió’ la hoja de vida del notario 24 de Bogotá, Jorge Humberto Uribe Escobar.

Mediante el decreto, el funcionario ratificó la revocatoria de dos resoluciones que habían ordenado suspender del cargo al notario Uribe Escobar durante un mes, por el pago extemporáneo de aportes al Estado en la expedición de dos escrituras por un valor cercano a los $9.600 millones.

Uribe Escobar ganó notoriedad hace dos semanas, porque junto a su colega Juan Hernando Muñoz, le propinaron una golpiza en el Hotel Dann de Medellín al concejal de esa ciudad Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. El notario también es conocido en diversos círculos porque es hermano del senador Mario Uribe, hoy recluido en la cárcel La Picota de Bogotá dentro del proceso de la parapolítica y porque es primo del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Pero el asunto no sería significativo de no ser porque con la decisión de expedir el decreto que revocaba la suspensión, el abogado Uribe Escobar no tiene antecedentes y hoy puede participar en el concurso para designar a 859 notarios a nivel nacional. De hecho, esta semana el Gobierno nombró los primeros en la Costa Atlántica y los Santanderes, por ese sistema.

La decisión de revocar la suspensión se originó en una resolución que el 23 de agosto de 2007 expidió la entonces superintendente delegada para el Notariado, Beatriz Elena Castaño Alzate, funcionaria encargada en la entidad de vigilar las actuaciones de los notarios de todo el país. Hecho que posteriormente tuvo un curioso desarrollo: el 13 de septiembre de 2007, veinte días después de la revocatoria de la sanción, el Gobierno expidió un nuevo decreto (3488), a través del cual creó las notarías 30 y 31 en Medellín.

Con otra particularidad: al mes siguiente, el 2 de noviembre de 2007, mediante otro decreto (4230), expedido por el presidente Álvaro Uribe y el ministro del Interior, Carlos Holguín, se designó como notaria 31 de Medellín a Beatriz Elena Castaño, la superintendente delegada que había revocado la sanción impuesta al notario 24 Jorge Humberto Uribe Escobar.  Así, Castaño Alzate es la titular de la Notaría 31, que presta sus servicios en la Terminal del Sur de esa ciudad a los habitantes de la Comuna 15 y los sectores aledaños.

Una notaría enredada

Jorge Humberto Uribe Escobar es un ganadero y agricultor oriundo de Andes (Antioquia). Sus actividades en sus fincas las combinó con su ejercicio profesional como abogado. Un asunto que le permitió llegar al cargo de notario de su municipio, actividad que consolidó en 1997, cuando dio el gran salto como guardián de la fe pública a Bogotá. En marzo de ese año, el presidente Ernesto Samper Pizano lo designó como notario 24 en la capital de la República en reemplazo de Carlos Humberto Isaza, uno de los abogados más cercanos al ex presidente César Gaviria.

Una controvertida decisión que fue demandada por el propio Isaza en agosto de 1997, al considerar que el gobierno no tenía facultades para reemplazarlo. Para Isaza, los notarios no son agentes del gobierno y por lo tanto no podían ser reemplazados. Por eso, luego de un litigio de varios años,  según explicó Isaza, “el gobierno aceptó los argumentos de mi abogado y en mayo de 2007 el Ministerio de Justicia concilió el asunto y me giró $4.700 millones”.

Durante sus primeros años de actividad notarial, Jorge Humberto Uribe prestó el servicio sin sobresalto alguno. Pero sería en junio de 2002 cuando empezaron a complicarse las cosas. El 25 de junio de ese año, funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro acudieron al despacho de Uribe Escobar con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Allí detectaron que no se consignaron oportunamente a la Cuenta Especial de Notariado los aportes de una escritura que se hizo por un negocio entre UCN Sociedad Fiduciaria S.A. y Brasilia Nova S.A.  Y de otro negocio entre Hoechst y la compañía de seguros Cóndor.

Según se consignó en el acta de visita especial: “El plazo que tenía el disciplinado (Jorge Humberto Uribe) para consignar y remitir lo correspondiente al aporte especial, era hasta el 30 del mismo mes y año. No obstante, la consignación fue efectuada el 3 de julio de 2002, casi un año después de lo ordenado en la ley”.

Frente al segundo negocio, señaló que recibió los dineros por derechos notariales el 12 de junio de 2002 y los consignó el 3


de julio de 2002. La comisión investigadora concluyó que “en cuanto a que el notario consignó en forma inmediata, según lo expresa su apoderado, esta consignación la realizó, pero en la visita se detectó la irregularidad y el no pago de estos dineros”.

Con base en los hechos, el superintendente de Notariado y Registro (e) de la época, Manuel Cuello Baute, tomó la decisión de suspender de su cargo a Uribe Escobar durante un mes. De igual manera, mediante otra decisión la entidad notificó del hecho a José Fernando Reyes Cuartas, procurador delegado para la Moralidad Pública. Pese  a la decisión, el notario Uribe no presentó recurso de reposición y la suspensión quedó ejecutoriada el 19 de febrero de 2004. Así lo corroboran los registros de la propia Superintendencia.

El asunto de la sanción para Uribe pasó desapercibido varios años. Entre tanto, su notaría se convirtió en un lucrativo servicio. De hecho, entre 2002 y 2004 obtuvo ingresos brutos de $6.023 millones.

La defensa de Uribe

Pero el 24 de mayo de 2007 —en momentos en que avanzaba el concurso de notarios y cuando se estableció que para poder concursar los aspirantes no debían registrar antecedentes— el asunto de la sanción al notario 24, Jorge Humberto Uribe, fue desempolvado por sus abogados. El jurista Juan Carlos Moncada Zapata —mano derecha del senador Mario Uribe Escobar— presentó un memorial a la Superintendencia de Notariado solicitando la revocatoria de la sanción contra su cliente.

Según Moncada, hubo manifiesta vulneración de normas legales: “Así como en la afectación de derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa”. En concreto argumentó que en el proceso no hubo prueba de negligencia de su cliente, que se trató de un error involuntario que llevó al pago extemporáneo de los aportes, que la entidad no recaudó las pruebas suficientes, que no se recibió versión libre del disciplinado, que el fallo no se notificó y que la sanción se basó en argumentos no probados e injustificados.

Con base en estos argumentos, la entonces superintendente Castaño Alzate resolvió el caso. Según el auto proferido el 23 de agosto de 2007, “resulta contrario al derecho del debido proceso el hecho de que al notario sancionado se le haya endilgado durante la actuación, en los cargos y en la resolución objeto de revocatoria, la comisión de una conducta que no realizó”.

Para Castaño, una de las escrituras objeto de la investigación no fue autorizada por el notario Uribe sino por la notaria encargada Luz Mercedes Vanegas Barragán y la responsabilidad disciplinaria es personal.

De igual forma, la funcionaria informó que se le violó al notario 24 el derecho a la igualdad, en razón de que en otros casos se archivaron investigaciones contra notarios de Bogotá, que en el momento de la visita, cancelaban los dineros adeudados que detectaban las comisiones investigadoras.

Según Castaño, “la decisión de sancionar al doctor Jorge Humberto Uribe Escobar por el término de un mes y archivar las demás diligencias denota un trato desigual y desproporcionado, toda vez que la conducta objeto de reproche se efectuó en


las mismas circunstancias de hecho y derecho”. Con base en estos argumentos, la Superintendente Delegada revocó las resoluciones que suspendieron al notario, declaró prescrita la acción disciplinaria y ordenó archivó el proceso.

Uribe Escobar no quiere referirse al tema. El Espectador se comunicó dos veces a su notaría y allí argumentaron que estaba en una reunión. En los próximos días, el Consejo de la Carrera Notarial dará a conocer los nombres de los ganadores del concurso de notarios en Bogotá, en el que está participando el notario 24, Jorge Humberto Uribe.

Y la que fuera su investigadora, la hoy notaria 31 de Medellín, Beatriz Elena Castaño, retomará su cargo luego de cumplir su licencia de maternidad.

“Fueron decisiones en derecho tomadas conjuntamente”

Beatriz Elena Castaño Alzate, notaria 31 de Medellín, explicó su caso.

¿Por qué le revocó las sanciones al notario 24, Jorge Humberto Uribe?

Fueron decisiones en derecho tomadas conjuntamente con el equipo de abogados de la oficina, algunos directivos y la propia superintendente.

¿Cómo la nombran notaria?

Porque cumplo con los requisitos.

¿Pero usted vigilaba los notarios y resultó notaria?

La gestión nuestra es independiente del tema de la creación de las notarías.

¿Su nombramiento no es un premio por  revocar las resoluciones que afectaban a un notario, hermano del senador Mario Uribe y primo del Presidente?

No, para nada. Yo pienso que la gente en este país aprovecha las circunstancias  de las personas y de los funcionarios que como yo han tenido una trayectoria de más de 18 años en el sector público sin ninguna tacha. Estoy tranquila, tanto mi nombramiento como esa revocatoria y esos procesos que llevamos en el tiempo que estuvimos en la Superintendencia se hicieron con sujeción estricta a la ley.

No sólo porque soy abogada sino también mis principios y mis valores que siempre han determinado que yo sea estrictamente respetuosa del cumplimiento de la ley. Entonces  estoy tranquila porque jurídicamente se puede demostrar que existían argumentos para esta revocatoria.

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Norbey Quevedo H.

Investigación

El auténtico lío del notario 24 de Bogotá

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