El ‘paseo’ de tres policías

Este jueves es la audiencia del tercer agente involucrado en el robo de 20 millones de pesos.

El miércoles, el agente de la Dirección de Protección Jairo Gallego Gallego recibió una citación en su lugar de trabajo. Debía dirigirse a una estación de policía de Bogotá, a la que llegó sin saber que, horas antes, uno de sus compañeros ya les había confirmado a las autoridades que él era el tercer involucrado en el robo de $20 millones, del que fue víctima un ciudadano el pasado viernes 30 de mayo. Gallego arribó a la estación, donde fue capturado y, de inmediato, removido de la institución.

La víctima del atraco fue un negociante que ese viernes había realizado algunas transacciones comerciales, razón por la cual llevaba el dinero. Hacia las 8 de la noche, el hombre se desplazaba con dos conocidos en su carro por el sector de Suba, cuando una camioneta les cerró el paso.

En ella iban tres personas, y según el denunciante, al menos dos de ellas iban armadas. Se bajaron de la camioneta, los intimidaron con pistolas y pidieron la plata.

Hasta el momento todo iba tal cual seguramente lo habían planeado los ladrones. Pero el negociante, quien años atrás había vivido el drama del secuestro cuando las Farc plagiaron a un integrante de su familia, ya sabía ciertos trucos de seguridad. Por eso, lo primero que se aprendió fue la placa del vehículo de sus asaltantes. También memorizó sus rostros. Y para su buena suerte, uno de ellos se montó en su vehículo y lo manejó por unos minutos, dejando en éste un avantel, aparato que finalmente los delató a él y a sus compañeros de atraco.

Bastante alterado por lo sucedido, la víctima llamó a la línea 123. Tenía indicios de que sus victimarios eran de algún organismo de seguridad. Al rato llegaron unas patrullas y esa misma noche del viernes, ya en la Sijín estaban enterados de lo sucedido.

 Con el teléfono y el número de la placa en mano, los investigadores comenzaron a indagar sobre lo acontecido. Para descubrir que la camioneta y el avantel eran de la propia institución.

Los agentes de la Policía Judicial identificaron que el aparato telefónico hacía parte de la dotación de un grupo de seguridad asignado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y que la responsabilida del uso de ese aparato  era Gustavo Alturo.

En la Policía, al denunciante le entregaron libros en los que se identifican los carros y los agentes designados a la Dirección de Protección, a la que pertenecía Alturo. Y el comerciante identificó no sólo a éste, sino también a Ómar Mauricio Acosta Pinto, otro integrante de la misma sección de la Policía.

Con estas evidencias, el domingo 1º de junio se solicitó la captura de los dos oficiales. Alturo llevaba 18 años en la institución. Acosta Pinto, no menos de 15. Su labor era, entre otras, custodiar a aquellos personajes que requieren protección especial cuando visitan el país. El martes muy temprano, agentes de la Fiscalía llegaron a sus respectivos lugares de trabajo, los detuvieron y les hicieron saber que estaban destituidos. el miércoles al mediodía comenzó su audiencia en el complejo judicial de Paloquemao.

A ambos se les imputan los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Alturo se allanó a los cargos y fue recluido. Acosta Pinto no los admitió, pero pidió hablar con el fiscal de su caso una vez terminada la audiencia. Ya había aceptado colaborar con la justicia, por lo que salió libre, aunque vinculado formalmente a la investigación.

Sin embargo, faltaba por identificar ese tercer hombre que, hasta el martes, era sólo una sospecha, pero que el miércoles se volvió de carne y hueso: Jairo Gallego Gallego. Fue detenido al mediodía, pero su cita en Paloquemao no se pudo cumplir, por lo que se llevará a cabo este jueves. La Fiscalía no tiene claro si va a declararse culpable o va a insistir en su inocencia.

Ahora que ha terminado este primer episodio en el caso del robo de los $20 millones, a las autoridades les interesa seguir escarbando en el asunto. La primera gran duda es: ¿cómo sabían los oficiales que por ese lugar de Suba iba a pasar aquel comerciante, a esa hora, con $20 millones en efectivo? ¿Les avisó alguien? Si fue así, ¿quién? Los investigadores tienen claro que tal interceptación no fue fortuita. Ahora, su reto es averiguar qué pasó.

La segunda incertidumbre es verificar si alguien más de la Policía colaboró con este trío de agentes. Cada vez que sale un carro asignado a la Dirección de Protección, quienes lo sacan deben registrar para dónde van y el uso que le van a dar. El control de los recursos de la institución, según directivas de la misma, es estricto. A juicio de los investigadores, o alguien fue asaltado en su buena fe, o hay un cuarto cómplice.

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