La herencia de las Auc en Bogotá

La Policía Metropolitana, por intermedio de su comandante, general Rodolfo Palomino, se ratifica en su posición de que en la ciudad no hay presencia paramilitar, sino bandas de delincuencia común.

“Los grupos paramilitares hacen presencia en Bogotá de variadas formas”, indica un informe de la Personería que dio a conocer el viernes el concejal del Polo Democrático Jaime Caycedo Turriago. Esta realidad contradice una vez más “los pronunciamientos oficiales sobre la inexistencia de estos grupos ilegales en la ciudad”, dice el estudio.

Por su parte, el concejal aclaró que “esto demuestra que la visión sobre el problema de inseguridad en Bogotá, que prima en ciertos sectores políticos y en las autoridades militares y de policía, no pasa exclusivamente por la presencia de milicianos en algunos barrios populares y mucho menos por la criminalización de la protesta estudiantil.

Mientras dicho discurso se recicla diariamente, variadas formas del paramilitarismo se consolidan y avanzan en la ciudad, amenazando de manera concreta la vida y la seguridad de numerosas comunidades, grupos políticos, organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos”.

Hace 20 días, el 29 de mayo, el presidente Álvaro Uribe Vélez había dejado entrever que en las universidades estaban formándose grupos de milicianos, y autorizó el ingreso de la Policía Nacional en casos de violencia interna, refiriéndose a los reiterados actos de protesta que se venían presentando en las universidades Nacional y Pedagógica.

Las reacciones no se hicieron esperar. Caycedo Turriago decidió enviarle un cuestionario como derecho de petición a la Personería sobre diversos aspectos del paramilitarismo en la capital. Las respuestas fueron el informe del citado organismo, marcado como “Solicitud de Información 2008EE354901”, que en uno de sus apartes dice: “No obstante, los pronunciamientos oficiales sobre la inexistencia de estos grupos ilegales en la ciudad, las quejas recibidas de pobladores de diferentes localidades indican que estos grupos armados al margen de la ley hacen presencia en la ciudad de variadas formas”, generando “hechos de violencia contra la población civil como amenazas, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, reclutamientos forzados y extorsiones, entre otros”.

Ante los resultados del informe, el comandante de la Policía Metropolitana, general Rodolfo Palomino, dijo: “No conozco ese informe. Una vez la Defensoría nos lo haga llegar entraremos a tomar acciones. Según la información que tenemos, aquí no hay grupos paramilitares asentados, hay grupos de delincuentes, pero no se puede señalar que sean paramilitares”.

El informe, firmado por Jorge Enrique Calero Chacón, defensor delegado para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado, dice que de acuerdo con las denuncias de la comunidad, las manifestaciones más


relevantes de los grupos armados al margen de la ley se presentan en las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y, últimamente, en la de Suba, tras la aparición de panfletos amenazantes, denunciados hace un mes por El Espectador.

Los grupos, afirma la Defensoría, se lucran a través de flujos financieros que provienen de negocios ilegales, como el lavado de activos y el narcotráfico. Algunas localidades son utilizadas para establecer negocios de diversa índole como prostíbulos, bares, moteles y residencias.

 Testimonios                                                                                                          

“Desde hace  meses hay toque de queda en el barrio”.

Hace varios años, por ahí unos ocho o diez, los cadáveres quedaban tirados en la calle, no se los llevaban. Las familias los reconocían ahí, en el piso bañados en sangre y lluvia. Ahora se los llevan, no queda rastro de nada. Cada mes, a veces cada dos meses, uno ve los cuerpos bajar por el río. De tanto en tanto llegan hasta la planta de tratamiento de agua.

Jhon García

Habitante barrio Santa Rita, Suba

“Al que denunciaba algo, lo mataban al instante”.

Un día encontré en una bolsa de basura el cuerpo de uno de mis amigos, de 76 años. Había sido cortado en pedazos. Días antes, él había decidido denunciar a los gatilleros. La retaliación fue inmediata y brutal. La imagen de mi amigo en el fondo negro de la bolsa me persigue hasta el día de hoy. También recuerdo cómo unas 20 familias dejaron el barrio en un solo fin de semana, ahuyentados por las amenazas de los gatilleros.

Habitante de Altos de Cazucá.

“Lo mejor es no verlos jamás”.

Dejaban los muertos en las calles como para meterle miedo a la gente. Una vez nos dejaron nueve en un solo fin de semana. Cuando ellos rondaban el barrio era mejor no salir de la casa, no ir a trabajar ni nada. Durante días sobrevivíamos con lo que podíamos comprar en la tienda más cercana. Una vez mataron a una persona que pasaba por el lugar donde ellos mataban con una piedra a una muchacha.

Habitante de Altos de Cazucá

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