“Jefes ‘paras’ desaparecieron sus bienes”

En los tres años de la Ley de Justicia y Paz, dice que lo más importante es que las víctimas se hicieron visibles. La entrega de bienes de los desmovilizados ha sido irrisoria y la Ley falló al no exigir la entrega inmediata. Habrá reparación a los desplazados y será con una vivienda de interés social.

Hace tres años, Eduardo Pizarro Leongómez dejó su oficio de profesor en la Universidad Nacional para asumir la presidencia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entidad que nació con la Ley de Justicia y Paz. Luego de 36 meses de críticas, cuestionamientos, dudas y pocos reconocimientos, el académico bogotano, quien siempre fue reconocido políticamente como ‘de izquierda’, dice que el balance no es tan malo y que su oficio es muy vigilado pero poco reconocido.

¿Cuál es su balance de los tres años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz?

Hay luces y sombras, pero creo que lo más importante de todo es que se les ha dado visibilidad a las víctimas del conflicto, sobre todo en términos de derechos. Cuando las guerrillas del M-19 o Epl, por poner un ejemplo, fueron desmontadas por el Gobierno con amnistías, nadie preguntó dónde estaban sus víctimas. Hoy hacen parte de la conciencia pública.

Se critica que la entrega de bienes por parte de los desmovilizados ha sido irrisoria.

La entrega de bienes, ciertamente, ha sido irrisoria, y la solución que propongo es que, en los próximos dos años, le metamos el acelerador a dos cosas: a impulsar las investigaciones judiciales por testaferrato para saber en manos de quién dejaron los desmovilizados sus bienes y a promover la creación de las comisiones regionales de restitución, mediante las cuales los ciudadanos podrán denunciar las propiedades que les fueron despojadas.

¿Es una falla de la Ley que los paramilitares no hayan entregado sus bienes?

La Ley no definió en qué momento debían entregar sus propiedades los desmovilizados. El plazo para hacerlo es hasta antes de la condena, y así lo ratificó la Corte Constitucional. Este vacío legal, por así llamarlo, fue negativo porque muchos jefes ‘paras’ recibieron un regalo inesperado de tiempo para desaparecer sus bienes. Se dice, yo no sé si es cierto, que Salvatore Mancuso vendió en Venezuela 25.000 cabezas de ganado en esta etapa.

Entonces, ¿la Ley y la Corte Constitucional fallaron?

Es un debate jurídico. La Corte tiene argumentos incuestionables y es que en un Estado de derecho hay que garantizar los derechos a los victimarios, incluso a los peores. Para mí, esa interpretación es garantista, pero a la vez permisiva.

Ya arrancó el proceso de reparación por vía administrativa, ¿cómo será?

Comenzaron a distribuirse los formularios para que las víctimas se postulen. A partir del 15 de marzo los pueden radicar en las oficinas de Acción Social. Luego viene la etapa probatoria en la que los afectados deberán demostrar su condición. Quienes aspiren a ser compensados por la vía administrativa no pierden su derecho a continuar esperando la reparación por vía judicial, es decir, luego de que se den las condenas. Eso sí, nadie puede ser reparado doblemente.


¿O sea que las víctimas deben demostrar que lo son?

Las víctimas deben aportar todas las evidencias que certifiquen que, efectivamente, resultaron afectadas de un delito. El Gobierno tendrá que evaluar y conseguir las pruebas que falten. No queremos revictimizar a quienes tanto han sufrido.

¿Y qué pasa si eso no se puede comprobar?

Si el Estado tampoco logra las pruebas suficientes para certificar a esa víctima, simplemente no podrá ser objeto de la política de reparación. Vamos a bajar la carga probatoria, pero no tanto como para que se nos infiltren personas inescrupulosas que busquen apropiarse de los recursos de los afectados.

¿Qué entidad del Estado verificará las evidencias?

Acción Social recibirá los formularios y cruzará las evidencias con información estatal.

¿De dónde van a salir los recursos para la reparación económica, teniendo en cuenta el lío en la entrega de bienes?

Tenemos casi $10.000 millones, en efectivo y especie, entregados por los desmovilizados. Además, en la Dirección Nacional de Estupefacientes hay por lo menos $100.000 millones más en bienes de ‘paras’ esperando la extinción de dominio. Adicionalmente, el Estatuto de las Víctimas, que cursa en el Congreso, determina que todas las posesiones de Estupefacientes pasen al Fondo de Víctimas. Aparte de la compensación económica, estamos considerando la reparación con programas estatales de salud y educación.

Usted ha dicho que la reparación integral tardaría al menos unos 10 años, ¿por qué?

Porque Colombia tomó una decisión sin antecedentes en el mundo. Es la primera vez que la población desplazada hace parte de una política de reparación. En el resto del mundo ellos son objeto de atención humanitaria y no más. Entonces, hay que tener en cuenta que se trata de casi tres millones de personas. Es un esfuerzo fiscal muy grande.

¿Cuál será el monto de la reparación a los desplazados?

A ellos se les dará una vivienda de interés social.


Una de las críticas más fuertes a Justicia y Paz es que no garantiza la no repetición de los hechos…

Sí y es porque estamos reparando en medio del conflicto y no como otros países, que esperan el posconflicto para compensar a las víctimas. Esto hace mucho más compleja nuestra tarea porque la violencia persiste. Al menos unas diez víctimas de Justicia y Paz han sido asesinadas y 250 amenazadas.

¿Cómo garantizar verdad y justicia con 14 jefes ‘paras’ extraditados y que van a pagar penas por narcotráfico y no por lo que hicieron en Colombia?

Tengo confianza en que logremos que paguen por todos sus delitos. La Comisión va a hacer los esfuerzos que se requieran.

Entonces, ¿a usted no le sonó que los extraditaran?

A mí no me consultaron esa decisión.

¿Cómo evitar que los extraditados logren acuerdos con la justicia de Estados Unidos que eventualmente los pongan en un programa de protección a testigos?

Tengo la impresión de que va a existir una fuerte presión que va a impedir eso.

¿Considera que la aplicación del principio de oportunidad es la mejor manera de solucionar la situación de los 19.000 desmovilizados ‘paras’ que se encuentran en un limbo jurídico?

Es bueno que se busquen fórmulas jurídicas para darle salida a ese tema. Muchos de esos jóvenes, ante el temor de ser detenidos, se están reciclando en la vida criminal.

¿Cómo termina un académico de izquierda como usted, trabajando para el Gobierno?

Por una obligación moral. Hace tres años, cuando el vicepresidente Santos me ofreció dirigir la Comisión, sentí que era mi deber por las víctimas. Yo he sido víctima. Cinco tiros me tuvieron al borde de la muerte durante un mes. Por eso acepté.

¿Se volvió uribista?

Como presidente de la Comisión no represento al uribismo. Mi compromiso es con las víctimas y sería muy negativo que las dividiéramos en afectados de izquierda o de derecha.

¿Qué le augura a la situación de las Farc y del Eln?

Tengo la convicción de que el conflicto armado se terminó y se acerca el momento del posconflicto. Espero que no haya impunidad, porque una gran paradoja sería que las guerrillas terminaran pidiendo amnistías, como condición para firmar acuerdos de paz. Los colombianos tendremos que mirar el grado de sacrificio que estamos dispuestos a hacer.

Su padre —Juan Antonio Pizarro— era un militar reconocido, y su hermano —Carlos Pizarro— el jefe del M-19, ¿cómo ha vivido esta ambivalencia?

De alguna manera esta aparente contradicción me permite cierta autoridad moral para hablarles a ambos bandos desde una perspectiva de paz.

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