Los enlaces de ‘Don Mario’ en Antioquia

<strong>El Espectador</strong> revela todo el expediente que tiene la Fiscalía en contra de Guillermo León Valencia. Comprometedoras conversaciones involucran al retirado general de la Policía Marco Antonio Pedreros.

El 27 de junio de 2006, el oficial de enlace de la Embajada de la República Federal de Alemania en Colombia, remitió a las autoridades nacionales un reporte sobre la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. El informe daba cuenta de que desde agosto de 2005 la policía de Alemania, tras operativos realizados en las ciudades de Karlsruhe y Colonia, había puesto al descubierto a una banda de narcotraficantes integrada por colombianos, mexicanos e italianos.

La investigación de la justicia alemana permitió la captura de ocho colombianos y dos italianos, y la incautación de 144 kilos de cocaína. Al mismo tiempo, se le entregó a la justicia colombiana un detallado informe con los números telefónicos desde los cuales se hacían los contactos en Colombia para el envío de la droga a Alemania. Con esa información, la Fiscalía constituyó una unidad investigativa que permitió esclarecer que la organización de narcotraficantes tenía su centro de operaciones en Urabá.

Durante dos años la justicia fue armando el organigrama de esa organización y concluyó que detrás de ella estaban algunos desmovilizados de los grupos de autodefensa que, en un proceso de rearme, habían determinado reiniciar sus actividades de tráfico de estupefacientes, especialmente a través del puerto de Turbo. Además se estableció que la organización obtenía información privilegiada para conocer la posición de los buques británicos, holandeses y franceses que tenían a su cargo la interdicción de envíos de droga.

Con el paso de los días, las autoridades establecieron que la organización tenía contactos en Panamá y Honduras y que el primer destino de la droga era México. Y precisamente en este país, más exactamente en Yucatán, hacia septiembre de 2007, cayó un envío de droga que había sido coordinado desde Colombia. Pero poco a poco las autoridades fueron descubriendo que, además de las acciones de narcotráfico, los comprometidos en el ilícito estaban también implicados en temas de corrupción, homicidios y desapariciones.

En desarrollo de estas pesquisas, la Fiscalía logró que dos desmovilizados del Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas empezaran a colaborar en el esclarecimiento de lo que estaba sucediendo en Urabá. En concreto, en enero de 2008, el desmovilizado Ómar Zolera entregó valiosa información en la cual aclaró que los ex comandantes de este bloque estaban incumpliendo con la verdad y se estaban rearmando para fomentar y continuar las actividades del narcotráfico. Zolera entregó un disco compacto con documentos sobre el tema y zonas de localización de fosas.

Con un agravante: el desmovilizado sindicó directamente a Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano de Freddy Rendón, alias El Alemán y ex comandante del Bloque Élmer Cárdenas, como el jefe de la banda de narcotraficantes y promotor de las Águilas Negras en la región. Pero no sólo Zolera colaboró con las autoridades. Otro desmovilizado llamado José Mosquera Ramírez hizo lo propio y ayudó a entender cómo estaba operando el rearme paramilitar y narcotraficante en Urabá.

Paradójicamente, el pasado 5 de marzo de 2008 un fiscal especializado de Urabá remitió un oficio al director seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia –quien al final se vería salpicado con la organización de Don Mario–, advirtiéndole que Urabá estaba viviendo una seria afectación de orden público por la actuación de tres grupos delincuenciales unidos en un mismo propósito: controlar la zona y garantizar la existencia de cultivos de coca y exportación ilegal de droga. Los tres grupos eran las Farc, a través de sus frentes 5, 57 y 58, las Águilas Negras de Don Mario  y la banda criminal de Los Paisas del extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.


Sin embargo, el informe reveló que la mayor amenaza en este sentido estaba representada en el grupo liderado por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario y que los principales testigos en su contra eran los desmovilizados Ómar Zolera, José Mosquera y una tercera persona. Aunque estaba previsto que estos testigos comparecieran en la Fiscalía el jueves 7 de febrero para que dejaran constancia de sus señalamientos, 24 horas antes, en Unguía (Chocó), dos testigos fueron asesinados. El tercero fue objeto de un atentado y hoy se desconoce su paradero.

Ubicación de testigos

La investigación siguió adelante y, cuatro meses después, un informe del grupo especial de estupefacientes del CTI de la Fiscalía registró un detalle aún más grave de lo ya encontrado: a través de interceptaciones telefónicas a tres de los personajes a quienes se les venía haciendo seguimiento, se concluyó que de común acuerdo y, al parecer con la colaboración del personal del Gaula de Valledupar, la temible organización de Don Mario había interceptado ilegalmente los celulares de los dos testigos, lo cual permitió localizarlos y asesinarlos.

El reporte, consignado en uno de los seis cuadernos del expediente que hoy tiene la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela Buitrago, sacó a relucir los nombres de Camilo Torres Martínez, alias Fritanga o Mentira; John Fredy Manco Torres, alias El Indio; y Juan Felipe Sierra Fernández. En las llamadas interceptadas, El Indio contacta a Fritanga y le advierte su preocupación por el sujeto que va a entregarse a la Fiscalía. Entonces Fritanga sugiere asesinarlo, pero convienen primero en averiguar dónde se encuentra. Posteriormente Fritanga le comenta a El Indio que es mejor contactar a un amigo para conseguir la ayuda del Gaula y ubicar a la persona.

Es entonces cuando sale a relucir Juan Felipe Sierra Fernández, un reputado empresario antioqueño de 37 años, a quien Fritanga le dice que como él tiene el número del informante que ha venido entregando datos a la Fiscalía, averigüe si es posible ubicarlo con sus amigos del Gaula. Sierra expresa que va a hablar con ellos para triangular el número y encontrar al testigo que venía revelándole a la justicia los pasos criminales de Don Mario. Y en posterior llamada expresa que algunos ganaderos van a dar una bonificación importante para que todo salga bien hecho, pero que es importante evitar que alguien hable porque al Gaula no le convendría un escándalo.

Las siguientes interceptaciones telefónicas, conocidas en su totalidad por El Espectador, permiten deducir que el testigo estaba visitando Unguía, que ciertamente estaba hablando con la Fiscalía y que ya había entregado una caleta de armas. El 6 de febrero de 2008 El Indio y Fritanga vuelven a hablar y el primero de los citados literalmente le comenta que las dos personas “ya están durmiendo”, es decir, que están muertas. Y después llama a otro individuo para que enviara a un trabajador a constatar que los dos personajes estaba “arreglados”, es decir, asesinados.


El análisis que hacen las autoridades judiciales es que con la colaboración de personal del Gaula de Valledupar se logró ubicar a los dos desmovilizados del frente Élmer Cárdenas de las autodefensas, y que ambos testigos fueron asesinados por dos motivos: porque no querían colaborar más con al siniestra organización ilegal de Don Mario y porque además estaban suministrando valiosa información a las autoridades. Prueba de ello eran los resultados positivos de la Fuerza Pública, con la incautación de una caleta con gran cantidad de armamento y elementos de guerra.

Pero a esta altura de la investigación, la Fiscalía ya había descubierto hechos igualmente graves. A través de la interceptación telefónica al empresario Juan Felipe Sierra Fernández se descubrió que mantenía estrechas relaciones de amistad con el director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio –a quien fiscales ya le venían reportando que estaban indagando la banda de Don Mario– y que además de un trato que demostraba mucha confianza, compartían información reservada sobre asuntos relacionados con la justicia, particularmente con las investigaciones contra los grupos del narcotráfico y las autodefensas en la región de Urabá.

En medio de sus permanentes conversaciones, el 13 de junio pasado, Juan Felipe Sierra le comenta a Valencia Cossio que están caídos con El Indio porque no le han hecho el favor de borrar su fotografía de una base de datos o de algún organigrama. Entonces se conviene realizarlo lo más pronto posible. Al día siguiente, los dos interlocutores vuelven a hablar y, en esta ocasión, aparece un tercer personaje: Perla Dávila, directora de Fiscalías de Córdoba, quien introduce en los diálogos al general Marco Antonio Pedreros. “Ese es más corrompido que nosotros juntos siete veces”, comenta uno de los contertulios en las grabaciones a las que tuvo acceso El Espectador.

Incluso,  Guillermo León Valencia Cossio ventila asuntos reservados pertinentes a su trabajo, como comentarle a Juan Felipe Sierra que estuvo hablando con el Fiscal General y que, según Valencia, le dijo que echara pa’ adelante con lo de la Alcaldía de Medellín (desde hace varios meses Valencia ha venido sosteniendo una fuerte confrontación con el alcalde Alonso Salazar, quien incluso lo ha acusado de hacerle seguimientos ilegales). Revelación que lleva a Sierra a decir: “No lo puedo creer, qué espaldarazo tan hp”. Y siguen hablando de asuntos propios de la justicia, como si se tratara de dos funcionarios  judiciales.

En otras conversaciones entre  Sierra y alias El Indio, el primero, refiriéndose a Valencia, expresa que está muy contento por la atención que le hicieron en una finca y que además lo comprometieron con el regalo de una cuatrimoto, la cual le harán llegar a su finca. Y posteriomente en nuevas conversaciones entre ambos se concluye que El Indio fue sacado del organigrama de  Don Mario como lo habían convenido previamente.

La conclusión parcial de los investigadores de la Unaim de la Fiscalía es que todo apunta a que Juan Felipe Sierra fue el hombre clave para borrar del organigrama criminal de la Policía a alias El Indio y que, por el favor prestado, Valencia Cossio recibió como contraprestación una cuatrimoto avaluada en $40 millones. A su vez, Perla Dávila habría recibido $5 millones de parte de Sierra, a través de la cuenta de un tercero.

Las capturas


Con esta serie de antecedentes, la Fiscalía procedió. El primero en caer fue John Fredy Manco Torres, quien expresó ante la Fiscalía en su diligencia de indagatoria que trabajó en una salsamentaria en Turbo (Antioquia) hasta 1987 y que después lo hizo en las bananeras de Urabá. Al ser interrogado por los hechos de los que se le acusa, negó conocer cualquier situación. La Fiscalía fue poniéndolo a escuchar cada una de las conversaciones interceptadas. A todas ellas emitió la misma respuesta: “No reconozco la voz de quienes hablan en esa conversación”.

Igual aconteció con Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, quien se declara ganadero de oficio y ex trabajador de la cuestionada compañía Chiquita Brands, condenada en Estados Unidos por financiar grupos de autodefensa. A la mayoría de las personas dice no conocerlas, incluso a Juan Felipe Sierra, y al ser conminado a escuchar las distintas interceptaciones telefónicas, la mayoría de las veces contestó: “No, no reconozco la voz mía ni sé de qué están hablando”. Al ser interrogado sobre los cargos por los que se le investiga de narcotráfico, concierto para delinquir y homicidio, replicó: “Soy inocente, yo no sé nada de eso”.

Juan Felipe Sierra le dijo a la Fiscalía que era presidente de la junta directiva de la empresa Control Total, con quince años dedicado a la actividad de la vigilancia y la seguridad privada. Además manifestó que su empresa fue seleccionada por el Fondo de Programas para la Paz de la Presidencia de la República para prestar el servicio de escoltas a los jefes desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, del Bloque Bananero, del Bloque Élmer Cárdenas y de Salvatore Mancuso y su familia. En esas vueltas fue que conoció a John Freddy Manco, le confesó a la justicia.

Luego Sierra aclaró que después del contrato con la Presidencia de la República tuvo otro contrato con la cooperativa de los desmovilizados del Bloque Élmer Cárdenas, pero que ya se terminó. Sin embargo, resaltó que ha  atendido por lo menos 25 centros comerciales, entre ellos toda la operación del grupo Éxito en Antioquia, al igual que Carrefour, Suramericana y Argos. En cuanto a los personajes aludidos en las conversaciones telefónicas, Sierra manifestó no conocerlos ni haber hecho contactos para interceptar teléfonos.

El pasado 8 de agosto, Sierra Fernández escuchó las conversaciones en poder de la Fiscalía y siempre contestó: “No reconozco las voces”. Sobre las sindicaciones en su contra, señaló que era una persona que lleva 15 años trabajando honestamente y sirviéndole no sólo a sus empleados sino a la patria. Hoy, sin embargo, pesan en su contra cargos por delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Su situación tiene conmocionada a las familias de más rancio abolengo de Medellín, porque se trata de uno de los más exitosos empresarios de la última década. Su padre es Ricardo Sierra Caro, actual director de Comfenalco en Antioquia.

El escándalo apenas está empezando, y lo que ha permitido concluir parcialmente es que los tentáculos de la mafia en la zona de Urabá se habían extendido hasta organismos oficiales y judiciales de la capital de Antioquia. No sólo el presidente Uribe había sido engañado. Seguramente también lo fue el fiscal Mario Iguarán. La mayoría de protagonistas de esta historia hoy están presos, pero el principal gestor de esta nueva ola de violencia, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, sigue libre. Y el narcotráfico paseándose a sus anchas por la convulsionada región de Urabá.