Medias verdades de Mancuso

Hace 14 meses Salvatore Mancuso relacionó con los ‘paras’ a varios colaboradores de Uribe. Entonces fue tildado como un delincuente sin credibilidad. Sin embargo, hoy el Gobierno parece creerle.

El pugilato verbal que han venido sosteniendo en los últimos meses altos funcionarios del Gobierno y la Corte Suprema de Justicia –que tuvo su máximo punto de ebullición tras la condena de la ex parlamentaria Yidis Medina Padilla y la solicitud de que se revise la legalidad del acto legislativo que aprobó la reelección–, tiene desde hace cinco días un inesperado protagonista. Se trata del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien poco antes de ser extraditado manifestó que las autodefensas infiltraron todas las ramas del poder público, incluida la Judicial y, por supuesto, el máximo tribunal que la encarna: la Corte Suprema de Justicia.

Con esta declaración Mancuso entró al ruedo de esta inédita disputa entre Ejecutivo y la Corte Suprema. Tanto que el viernes pasado, con su enérgico tono de siempre, el presidente Álvaro Uribe, en una improvisada rueda de prensa en la Casa de Nariño, reencauchó la grave denuncia del ex jefe de las autodefensas y le pidió a la Comisión de Acusación que indagara sobre los alcances de esta revelación. “¿Por qué no investigan eso también?”, se preguntó el Jefe de Estado, empatando con una declaración que había entregado el día anterior en la que acusaba a la Corte de aplicar “una justicia selectiva”.

La turbulencia no cesó ese día. El ministro de Protección, Diego Palacio, denunció en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Lo propio hizo el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. A ambos los animaban hechos distintos, pero un único fin: defender a capa y espada al Primer Mandatario. Palacio explicó que entabló la denuncia porque la Corte prevaricó al sostener que el Gobierno le dio cargos burocráticos a Yidis Medina para aprobar la reelección.

El comisionado Restrepo, por las relaciones entre miembros del alto tribunal con dos polémicos hombres: el narcotraficante italiano Giorgio Sale –socio de Salvatore Mancuso– y Ascencio Reyes, un controvertido hombre de negocios famoso por ser anfitrión de varias fiestas y agasajos a altos dignatarios de la justicia. En las denuncias instauradas por los alfiles del Ejecutivo estaba latente la frase del Presidente según la cual, como lo había revelado Mancuso, la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia también estaría cuestionada porque las autodefensas habían logrado infiltrarla.

Lo curioso, sin embargo, es que hoy por hoy sean las declaraciones de Mancuso el caballito de batalla del Gobierno para tratar de cuestionar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Entre otras razones porque cuando ha sido el propio Mancuso, en declaraciones que rindió ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, el que ha señalado a cercanos colaboradores del Ejecutivo, sus testimonios han sido descalificados por el seno del Gobierno y atribuidos a intereses mezquinos para hacerle daño. “Entonces, ¿al fin qué: Mancuso dice o no dice la verdad?”, se preguntó un prestigioso abogado consultado por El Espectador que quiso mantener su nombre en reserva.


De hecho, desde el 15 de mayo de 2007 explosivas declaraciones entregadas por Mancuso parecieran dormir el sueño de los justos o, por lo menos, no han derivado en un pronunciamiento definitivo de la Fiscalía. Por ejemplo, en aquella fecha el desmovilizado jefe de las autodefensas relacionó a nada más ni nada menos que al vicepresidente Francisco Santos Calderón y a su primo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en reuniones clandestinas con jefes del paramilitarismo. En ambos casos sus declaraciones fueron desmentidas con vehemencia por los Santos.

En principio, Mancuso señaló que Francisco Santos le propuso al extinto jefe de las autodefensas, Carlos Castaño Gil, replicar el modelo paramilitar de Córdoba en Bogotá y crear el Bloque Capital. En seguida, el Vicepresidente le envió una carta al fiscal Mario Iguarán en la que le solicitó que lo investigara y el presidente Álvaro Uribe salió al ruedo a defenderlo asegurando que creía en la “contextura moral” de Santos. De igual manera, Salvatore Mancuso le dijo a la justicia que en 1997, en dos ocasiones, se reunió con Juan Manuel Santos.

Según el extraditado jefe paramilitar, para tratar un tema polémico: examinar si las Auc tenían pruebas de los vínculos entre el entonces presidente Ernesto Samper y las mafias del narcotráfico. Al encuentro asistió también Carlos Castaño, quien le habría confirmado a Santos que sí tenían evidencias de los nexos entre Samper y organizaciones ilegales. Por último, contó Mancuso, el objetivo de Juan Manuel Santos era buscar un acuerdo entre las Farc y las autodefensas para convocar una asamblea constituyentes para ‘tumbar’ al presidente Samper. Santos rechazó los señalamientos recordándole al país que quien daba esas declaraciones era “un hampón”.

“Hay que tener cuidado –dijo entonces–, porque los que están hablando son unos delincuentes. Si esta es la verdad que el señor Mancuso pretende revelar al país va a quedar muy decepcionado”, fue la vehemente respuesta de Juan Manuel Santos. Dicho de otra manera, para el hoy ministro las revelaciones de Mancuso no podían tener un valor probatorio para la justicia porque venían de la boca de un hombre que ha sido procesado por ordenar las más salvajes masacres de las que se tengan noticia en Colombia.

No fue el único que utilizó dicho argumento. Los generales en retiro Iván Ramírez Quintero, Rito Alejo del Río y Rosso José Serrano, también salpicados por Mancuso, se ampararon bajo el paraguas del desprestigio del ex jefe paramilitar. Mancuso contó de Iván Ramírez que se reunió en varias ocasiones con él en Urabá; de Rito Alejo del Río, que era aliado incondicional de las autodefensas y que fue uno de los artífices de la expansión paramilitar en el Urabá, Córdoba y Chocó; y de Rosso José Serrano, ex director de la Policía, que les colaboró a él y a alias Jorge 40 para que salieran de la cárcel tras haber sido detenidos en La Guajira.

Los tres oficiales en retiro desestimaron las acusaciones de Salvatore Mancuso y las calificaron como una retaliación por sus operativos militares. En esencia, sostuvieron que no podía dársele credibilidad a un delincuente por encima del buen nombre y la honra que por años edificaron en las filas castrenses. La Fiscalía aún no se pronuncia en ninguno de estos casos y lo curioso es que hoy el propio Presidente de la República es el que ha salido a retomar la denuncia de Mancuso —otrora señalado como un hampón sin credibilidad por varios de sus cercanos colaboradores— sobre la infiltración de las Auc en la Corte Suprema de Justicia. ¿A quién creerle entonces?