Ordenan captura de Julio Acosta

El 20 de mayo la Fiscalía ordenó la detención del ex gobernador por sus presuntos vínculos con ‘Pablo Arauca’. Ex ‘paras’ le dijeron a la justicia que Acosta mandó a asesinar al ex registrador Alejandro Plazas.

Pormenorizadas declaraciones de ex miembros del Bloque Vencedores de Arauca, la detallada confesión de múltiples asesinatos de uno de los ex comandantes de dicho frente, la relación de cómo y por qué favorecieron los paramilitares a dirigentes de la zona, precisos informes de investigadores de la Fiscalía que evidenciaron la influencia de uno de los Mellizos, Miguel Ángel Mejía Múnera, como el mandamás de la política regional, y la entrega de $400 millones a su campaña, tienen en una verdadera sin salida la suerte jurídica del controvertido ex gobernador de Arauca Julio Acosta Bernal.

De hecho, el pasado 20 de mayo el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Édgar Carvajal Paipa, vinculó al ex gobernador Acosta Bernal al proceso que adelanta el ente acusador por el homicidio del ex registrador de Arauca Juan Alejandro Plazas Lemónaco, perpetrado por grupos de autodefensa el 10 de julio de 2003. Según la Fiscalía, hay serios indicios y pruebas testimoniales que relacionan a Acosta Bernal con este asesinato. Por esa razón ordenó su captura inmediata —que hasta hoy no ha podido hacerse efectiva— por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

El caso no tuvo mayores avances durante cuatro años. El 10 de septiembre de 2007 el fiscal Mario Iguarán ordenó el traslado del proceso y entonces se empezaron a conocer las confesiones. El 20 de noviembre de 2007 el detenido ex paramilitar Ferney Alvarado Pulgarín, alias Cúcuta, le contó a la justicia que ingresó al Bloque Vencedores de Arauca en 2002 y que fue testigo de varias reuniones, a las que asistió Julio Acosta, en las que se planeó el apoyo de las Auc a su campaña política, porque, según el candidato, no había podido hacer política en la región por culpa de la guerrilla.

En dichos encuentros, Acosta les pidió a los ‘paras’ —continuó el testigo— que tenían que ejecutar a varias personas que entonces le eran incómodos en su campaña. En total, sostuvo, fueron asesinadas ocho, por orden de Acosta, entre quienes se encontraban el registrador Plazas Lemónaco “y un señor de apellido Navarro”, quien, según Acosta, era miliciano del Eln. Alias Cúcuta también le relató al fiscal que Acosta le ofreció $300 millones por asesinar al representante a la Cámara Adalberto Jaimes, pero que, pese a que le “hizo tres viajes”, no fue posible asesinarlo porque cayó en poder de las autoridades.

En relación con el homicidio del registrador Plazas, Cúcuta aseguró que el entonces candidato Julio Acosta necesitaba deshacerse de él porque mientras estuviera en la Registraduría, él no iba a ganar las elecciones sino “la guerrilla”. Y manifestó que 20 días antes del asesinato de Plazas, Acosta lo empezó a llamar casi todos los días para ver cómo “iba la vuelta”. “El comandante Mario me preguntó que si me iba a quedar grande el encargo”, y por esa razón resolvió asesinarlo él mismo. Acosta y el ganadero Marcos Ataya —muerto en 2005— estaban tan contentos que le dieron “un cariñito” de $10 millones.


El testimonio de Cúcuta cobró gran valor en la investigación porque el mismo Pablo Arauca (el Mellizo Miguel Mejía Múnera, hoy detenido en la cárcel de Cómbita y solicitado en extradición por Estados Unidos) lo postuló en su lista a la Ley de Justicia y Paz como uno de los comandantes urbanos del Bloque Vencedores de Arauca. De acuerdo con su confesión, la organización también asesinó taxistas que al parecer colaboraban con la guerrilla del Eln. Por último, sostuvo que Julio Acosta bajaba con frecuencia a Puerto Gaitán para reunirse con el “patrón” Pablo Arauca.

Otros testigos

Por su parte, el ex paramilitar William Chima, alias Acevedo, en testimonio rendido el 24 de febrero de 2008, le contó a la Fiscalía que como comandante de la zona conoció a Julio Acosta en octubre de 2005. Y que se reunieron después en múltiples oportunidades para definir la colaboración del gobernador con la organización, recibir de su parte informaciones sobre guerrilleros para darlos de baja, “atajar” las acciones de la Fuerza Pública en contra de las Auc y el trámite de un dinero para comprar motos para los ‘paras’ urbanos de Arauca.

Asimismo, relató que primero recibió de parte de Acosta $180 millones para la financiación de las operaciones del Bloque, que después le entregó $60 millones más para comprar unas medicinas e incluso se alcanzó a hablar de una tajada de $250 millones para Acevedo si el gobernador ‘coronaba’ un contrato de $4.000 millones. Indicó además que quien subió a la gobernación a Acosta fue Pablo Arauca y que el compromiso fue desde el principio que debía financiar a los ‘urbanos’ de Arauca, que eran 170 hombres; y que incluso Acosta le pidió que no se desmovilizara con su gente porque dejaban a la deriva su seguridad.

Virginia Medina, esposa de alias Acevedo, corroboró su declaración, dijo que Julio Acosta intentó convencer por todos los medios a Acevedo para que no lo denunciara en la Fiscalía y que le consta que el compromiso del gobernador con Pablo Arauca era que tenía que entregarle $100 millones mensuales. De igual manera, obra en el voluminoso expediente la declaración del dirigente Hélmer Muñoz Pareja, quien sostuvo que en Arauca circuló una “lista negra” con nombres de personas que eran opositoras de Julio Acosta, a quien éste acusaba de tener nexos con la guerrilla. De hecho, Muñoz aseveró que fue víctima de un montaje y fue a la cárcel por culpa de Acosta.


La justicia también escuchó la declaración del ciudadano Fraydell Reuto Manosalva, hermano de Jaime Orlando Reuto, asesinado por las Auc. Según contó, se enteró de que alias La Mona, segundo comandante del Bloque Vencedores de Arauca, ordenó que los ‘paras’ intimidaran a los pobladores de varios municipios con el fin de garantizar una votación considerable para Julio Acosta. Pero además sostuvo que las Auc le dieron $400 millones al candidato y que ese dinero le fue entregado a través de Álvaro Ruiz, un comerciante del municipio de Tame y yerno del jefe ‘para’ Ramón Isaza.

Otro de los testimonios que tuvo en cuenta el fiscal para expedir la orden de captura contra Julio Acosta fue el de Andrés Darío Cervantes, alias Chichi, un ex integrante de los paramilitares que hoy permanece en prisión. Entre otras cosas, Chichi relacionó a un “coronel Ortiz de la Brigada de Arauca” como un activo colaborador de la organización, al punto de acusarlo de ser uno de los responsables del homicidio del periodista Efraín Varela.

Por último, Leonardo Corrales y José Izquierdo, ambos ex ‘paras’ también, le dijeron a la Fiscalía que coordinaron operaciones con el DAS y el Ejército en la zona, que Acosta mandó a asesinar al ex registrador Plazas Lemónaco, que el ex gobernador les entregó $750 millones por un contrato de meriendas escolares en Arauca, que Acosta “y el coronel Ortiz eran muy amigos” y que era él un consentido de los paramilitares. Y, como si fuera poco, hace tres meses la Procuraduría le formuló pliego de cargos a Julio Acosta porque durante su gobierno creó un impuesto que, en criterio de algunos expertos, le causó pérdidas a Arauca por un valor cercano a los $15 mil millones.

A mediados del mes de mayo El Espectador dialogó con Julio Acosta Bernal, quien sostuvo que tenía todo un arsenal legal para defenderse de los procesos que le sigue la justicia en la Procuraduría y en la Fiscalía. Y que todas las acusaciones que pesan contra él son una persecución política que “no tiene nombre”. Sin embargo, hoy por hoy enfrenta una verdadera sin salida jurídica y deberá explicarles a las autoridades si es cierto que tuvo nexos con Pablo Arauca y las autodefensas.

Otros gobernadores emproblemados

En los Llanos, el tema de la parapolítica es un dedo en la herida. Miguel Ángel Pérez fue detenido cuando aún era gobernador del Casanare y, en julio de 2006, le dictaron una sentencia de seis años de cárcel por haber financiado su campaña electoral con dineros de los ‘paras’. William Pérez, dirigente del mismo departamento entre 2001 y 2003, está acusado del mismo delito y fue detenido en mayo pasado. Y Luis Carlos Torres, ex gobernador del Meta entre 2001 y 2003, está siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia.

En la Costa Atlántica este también es un asunto complejo. Trino Luna, ex dirigente elegido en Magdalena en 2004, fue condenado a 44 meses de prisión en octubre de 2007 por concierto para delinquir. Hernando Molina, elegido en el Cesar en 2003, fue arrestado en marzo de 2007 por sus supuestos nexos con el bloque de Jorge 40. Y Salvador Arana, electo para gobernar Sucre en 2003, fue detenido el 29 de mayo. Es acusado de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio (el del alcalde de El Roble, Eduardo Díaz, en abril de 2003).