‘Peros’ a reforma a la justicia

No fue sino que el Gobierno anunciara los elementos de la iniciativa, para que se prendiera la controversia. La elección del Procurador es el punto que más genera resistencia, mientras que la segunda instancia es vista como una necesidad.

De todos los proyectos que ha anunciado el Gobierno que presentará a consideración del Congreso en este segundo semestre del año, el de la reforma a la justicia, que sería radicado antes del 15 de agosto, es el que más genera controversia. En efecto, propuestas como la que el Procurador sea elegido por el Congreso de una terna enviada por el Presidente, volver a la cooptación, establecer los 45 años como edad mínima de ingreso a las cortes e instaurar la segunda instancia en el juicio a legisladores, prendieron el debate y todo hace prever que el tránsito de la iniciativa será tormentoso.

El cambio en la elección del Procurador es, sin duda, uno de los elementos de la reforma que más causa roncha. Para el senador del Polo Democrático Gustavo Petro, dicha propuesta sólo tiene una intención: darle mayor poder al Presidente. “Ese mecanismo de nominación de ternas ya lo tiene el Primer Mandatario para la elección de los magistrados y del Fiscal. Con la del Procurador se completaría el control omnímodo, con excepción de la Corte Suprema”, argumentó.

En esa misma línea piensa el ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, a quien le parece “supremamente grave” que el Jefe de Estado quede con la potestad de configurar la terna, ya que eso sería regresar a un sistema de “reforzamiento” de la autoridad presidencial. A su vez, el abogado penalista Iván Cancino consideró que lo que debería buscarse es una modificación para definir quién elige al Procurador, ante las suspicacias que genera el hecho de que los congresistas elijan a quien los investiga disciplinariamente. “La elección del Procurador y del Fiscal no se puede dejar en manos del Presidente, sobre todo a partir de la aprobación de la reelección inmediata. Eso sería darle poderes absolutos e ilimitados y un atentado al Estado Social de Derecho”, indicó.

Otro tema que incomoda es el de la segunda instancia, hasta hace poco un asunto casi que intocable y motivo de comentarios por debajo de la mesa, ya que cada que alguien se atrevía a plantearlo, inmediatamente surgían voces diciendo que lo que se quería era favorecer a los implicados por la parapolítica. “Ese es un derecho universal que debe tener todo ciudadano. Es inconcebible que en Colombia a un ser humano se le pueda condenar y no tenga derecho a una revisión o una apelación ante un tribunal independiente. En el caso de los parlamentarios, a qué hombre normal o sensato se le puede ocurrir que un juez puede ser independiente cuando al mismo tiempo es el que está acusando al procesado. ¿Quién se puede salvar de quien lo acusa?”, expresó el abogado penalista Jesús Albeiro Yepes.

En cuanto a la intención de volver a la cooptación, lo cual significa que las mismas cortes tengan la potestad de definir los reemplazos en sus cargos cada que se presenten vacantes, las voces que se escuchan también son de inconformidad. Para el actual magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Temístocles Ortega, el sistema actual es exitoso, está funcionando y, por lo tanto, no tiene mayor sentido modificarlo. “Antes de la Constitución del 91, la cooptación existió y una de las críticas que se le hacían era ese, que se creaban en el interior de las cortes unos círculos viciosos o roscas, ya que el magistrado que salía dejaba a alguien de su simpatía”, explicó.

El abogado David Teleki se refirió concretamente al caso de la Corte Suprema de Justicia, la cual, según dijo, no puede bajo el pretexto de una supuesta autonomía a ultranza, convertirse en una entidad autonómica. “Una de las funciones del Estado de Derecho tiene que ver con la colaboración armónica entre las ramas del poder público. A mí me puede recomendar el Presidente de la República en una terna para cualquier corporación, pero eso no significa que yo, por el hecho del guiño que dieron, vaya a perder mi autonomía y quede comprometido”.

En cuanto a los 45 años como edad mínima para ser magistrado, los expertos compartieron opiniones. Para Iván Cancino se trata de una propuesta “sin sentido”, porque “los conocimientos y la experiencia para elegir magistrados no tiene nada que ver con la edad sino con la capacitación y con el grado de experiencia que se tenga con la cátedra y el litigio”. Pero su colega, Jesús Albeiro Yepes, “es muy importante que en una sociedad los jueces sean personas maduras, decantadas y experimentadas”, por lo que la edad debería ser mayor.

La legislatura apenas comienza y con el pasar de los días la calma que hoy reina dará paso al agite de la controversia, más aún tratándose de un tema tan delicado como el de reformar la justicia. Opiniones van y vienen. El Gobierno puso sus cartas sobre la mesa, las altas cortes analizan actualmente las propuestas y el Congreso tendrá en sus manos las decisiones. Un panorama que puede cambiar radicalmente cuando el proyecto de referendo para una segunda reelección presidencial aterrice en el Legislativo.

 

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