Premonitoria demanda contra la reelección

Sin que nadie les pusiera mucha atención por lo descabellada que parecía la idea hace apenas unos días, más de diez ONG presentaron ante la Corte Constitucional un recurso extraordinario de revisión de la sentencia que aprobó al acto legislativo de reelección presidencial en 2005.

Los demandantes se basan en que cuando la Corte decidió declarar la constitucionalidad del acto, sus magistrados no conocían las circunstancias que rodearon la votación en el Congreso en 2004. La compulsa de copias del fallo de la Corte Suprema sobre el caso Yidis a su par judicial, le abrió la puerta a la aceptación de la demanda y, probablemente, a su revisión de fondo. El presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, psiquiatra José Gutiérrez, explica los fundamentos del recurso para solicitar la revisión de esa decisión. Y, por su parte, el ex presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Álvaro Orlando Pérez Pinzón, habla sobre las implicaciones penales para otras personas, que se desprenden de la condena de Medina por el delito de cohecho propio.

Presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos

“Si lo hubiera sabido, la Corte no habría fallado como falló”

José Gutiérrez fue uno de los firmantes del Recurso Extraordinario de Revisión que se presentó ante la Corte Constitucional hace unos días para que esta reconsiderara su sentencia de  2005, cuando declaró exequible el acto de reelección presidencial, que hoy está en entredicho con la sentencia de la Corte Suprema que condena a Yidis Medina.

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuántas ONG presentaron el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia sobre la reelección presidencial?

Psiquiatra José Gutiérrez.- Inicialmente fuimos diez, pero después adhirieron más.

C.O.T.- ¿Cuántas de ellas tienen reconocimiento internacional?

P.J.G.- Varias, entre otras, la Comisión Colombiana de Juristas, que nació de un órgano consultivo de la ONU. Otras tres organizaciones somos reconocidas por la Federación Internacional de Derechos Humanos, que tiene sede en París: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Ilse y el Comité Permanente de los Derechos Humanos.

C.O.T.- ¿Cómo lograron que organizaciones tan disímiles firmaran la misma demanda?

P.J.G.- Veníamos realizando un trabajo previo desde hace varios meses, pero para apoyar a las organizaciones de víctimas con el fin de que no les sean conculcados sus derechos. En ese marco fue más fácil ponernos de acuerdo para presentar esta demanda en conjunto.

C.O.T.- ¿Por qué creyeron, antes de conocer el concepto de la Corte Suprema, que este recurso de tan difícil trámite podría ser viable?

P.J.G.- Porque se han venido acumulando varios hechos, como el proceso de Yidis Medina y los demás que están en curso. Éstos modificaron por completo el panorama jurídico que existía cuando la Corte Constitucional dio a conocer la sentencia de aprobación de la reelección.

C.O.T.- Además de la denominada yidispolítica, ¿a cuáles otros hechos hacen referencia en el recurso de revisión?

P.J.G.- Nos referimos a la influencia que tuvo la parapolítica en las decisiones del Congreso relativas a la reelección. Lo que ambos casos —la yidis y la parapolítica— significan en el fondo, es que los parlamentarios no eran libres para votar en conciencia.

C.O.T.- Apuntan ustedes a la revisión de la sentencia de la Corte. ¿Pero de paso pretenden que se deduzca responsabilidad directa del Presidente de la República?

P.J.G.- No. En este recurso no involucramos al Presidente como persona. Lo que pretendemos es demostrar sencillamente que, con lo que se ha revelado sobre los congresistas investigados, la Corte no habría aprobado el “articulito”.

C.O.T.- Suponga usted que el Presidente desconocía por completo el compromiso con el paramilitarismo de algunos congresistas que votaron a favor de la reelección ni las ofertas a Yidis. ¿Por qué el Jefe de Estado va a tener que aparecer, al menos políticamente, como responsable de lo ocurrido?


P.J.G.- En el recurso de revisión nosotros tampoco entramos a juzgar si el Presidente sabía o no sabía lo que estaba ocurriendo. Afirmamos que para aprobar el artículo ad hóminem de la reelección, porque fue un artículo con nombre propio, se necesitó el ambiente generado por la parapolítica y la yidispolítica. Y que si tal situación hubiera sido conocida por la Corte, ésta no habría fallado como falló.

C.O.T.- Hacen relación ustedes en la demanda al documento de Ralito. ¿Para qué?

P.J.G.- El documento de Ralito es un compromiso para “refundar el país”; parte del ánimo de quienes impulsaban la reelección fue continuar con esa refundación del país. Se pueden comparar las firmas de ese documento con las de la votación y surge muy claramente que para votar la reelección era indispensable la campaña de la parapolítica.

C.O.T.- ¿En qué sentido específico aluden al caso de Yidis en su recurso ante la Corte?

P.J.G.- En el sentido de que el cohecho es un delito que compromete a las dos partes, a la que paga y a la que recibe. Habiendo una confesión de parte del que recibía, hay responsabilidad de quien pagaba.

C.O.T.- El de Yidis es un solo voto. ¿Por qué habría de invalidarse todo el proceso de reelección en las cuatro votaciones del Congreso?

P.J.G.- Le recuerdo que el voto definitivo para la aprobación en su momento era el de Yidis. Y que si los votos de Yidis y Teodolindo hubieran sido negativos, el artículo de la reelección hubiera sido rechazado desde el principio.

C.O.T.- ¿Qué les responde a quienes dicen que su actuación, más que jurídica es de oposición política?

P.J.G.- Seguramente será presentando de esa manera y habrá mucha gente que pensará con el deseo del 85% para respaldar a Uribe. Pero una vez que la Corte examine los hechos que se produjeron después de la sentencia, se verá que nuestra demanda tiene fundamento y que fue elaborada con mucha seriedad.

C.O.T.- ¿Por qué en la demanda mencionan concretamente el nombre de Mario Uribe?

P.J.G.- Decimos que hay más de setenta parlamentarios investigados y que 34 de ellos están detenidos por asociación ilícita para delinquir y por aliarse con los narcoparamilitares en las elecciones de 2002. Entre ellos mencionamos a Mario Uribe, particularmente porque fue uno de los ponentes de la reforma constitucional del acto legislativo de reelección. El tipo de fuerza que él representa y el tipo de votación influenciado por la parapolítica, fueron fundamentales para la aprobación de la reforma.

Ex magistrado Álvaro Orlando Pérez

“Un testimonio puede ser suficiente para condenar”

Álvaro Orlando Pérez ha sido uno de los presidentes más respetados de la Sala Penal de la Corte Suprema. Hace un año se retiró por período cumplido y ahora ejerce la profesión desde su oficina particular, donde lleva con toda discreción un espinoso caso: el del magistrado auxiliar Iván Velásquez, a quien un paramilitar apodado Tasmania implicó en un presunto complot contra el Presidente de la República. Pérez Pinzón tiene fama de ser un jurista estricto, poco amigo de las entrevistas y de airear sus procesos en los medios de comunicación.

Este profesor de Derecho Penal, graduado en la Universidad Externado, especializado en Ciencias Criminológicas y autor de varios libros de texto indispensables para los estudiantes de la carrera, aceptó sin embargo contestar preguntas “pedagógicas” y, con sus respuestas de tono sencillo, precisar lo que significa que Yidis Medina haya sido condenada por el delito de cohecho propio, para los funcionarios que le ofrecieron pagarle el cambio de su voto.

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuál es la diferencia entre el delito de cohecho propio, por el que fue condenado Yidis, y el de concusión, el cual, según se dice, era el que hubieran preferido en el gobierno?

Álvaro Orlando Pérez P.- En términos sencillos, si el funcionario estatal recibe de otro el dinero, la utilidad o la promesa de remuneración a iniciativa de ese otro, incurre en cohecho. Si ese funcionario, a iniciativa suya y con presiones o insinuaciones, hace que el otro le entregue o le prometa, comete concusión.

C.O.T.- ¿Qué efectos jurídicos tiene para terceros que Yidis haya sido condenada por cohecho propio y no por concusión?

A.O.P.- Si alguien es condenado por cohecho propio, es lógico que otras personas le hayan hecho la oferta o le hayan hecho una promesa remunerativa. Esto, sin embargo, no significa que quien entregue o prometa esté delinquiendo


necesariamente. Todo depende de las circunstancias. En materia de concusión y a diferencia del cohecho, la “reciprocidad delictiva” mencionada no opera, pues en la concusión basta que el servidor del Estado constriña, induzca o solicite al otro. Y ese otro no comete delito alguno.

C.O.T.- Se ha dicho que no se puede condenar a nadie por cohecho propio sin haber probado judicialmente que otras personas participaron en el delito. ¿Es cierto?

A.O.P.- Sí, es cierto. Como expresé antes, uno no puede recibir algo si alguien no se lo entrega. Para condenar por cohecho propio es menester demostrar que el servidor recibió el dinero o la utilidad, o aceptó la promesa, “de otro”, para retardar u omitir una conducta propia de sus deberes oficiales.

C.O.T.- ¿Eso significa entonces que en el caso de la condena a Yidis Medina por cohecho propio la Corte está prejuzgando a los otros posibles implicados?

A.O.P.- Para condenar por cohecho propio el juez debe hallar prueba certera de que el funcionario estatal recibió dinero, utilidad o estuvo de acuerdo con una promesa remuneratoria; eso significa que se ha averiguado la conducta de quien ha ofrecido. Hacer ese análisis probatorio, en estricto sentido, no significa prejuzgamiento. Sin embargo, la experiencia enseña que por regla general en casos como el ejemplificado, el investigador y el juez declaran su impedimento por haber conocido un asunto intrínsecamente vinculado desde el punto de vista probatorio, con las nuevas indagaciones que puedan ser adelantadas.

C.O.T.- En consecuencia, ¿si uno de los procesos derivados del de Yidis Medina llega a la Corte, la Sala Penal tendría que declararse impedida?

A.O.P.- En principio no hay causal de impedimento. La Corte no tiene por qué investigar con toda exactitud la conducta de las personas que supuestamente hicieron la oferta o la entrega. Esta tarea le corresponde al competente para investigar y juzgar a esas otras personas, ya en procesos diferentes. Sin embargo, si la Corte se ha referido con nombre y apellido a alguien, y ha encontrado que es responsable al menos hasta ahora de la entrega o del ofrecimiento, sí habría lugar a declaración de impedimento por cuanto ya habría adelantado su criterio.

C.O.T.- ¿El testimonio de Yidis Medina contra un funcionario cualquiera es suficiente para condenarlo o es necesario tener pruebas adicionales?

A.O.P.- Como se desprende de la ley, y de acuerdo con la jurisprudencia, un solo testimonio puede ser suficiente para condenar a una persona en cualquier caso. Sin embargo, ese testimonio tiene que ser objeto de análisis, pues a su emisor hay que examinarlo teniendo en cuenta su objeto, las circunstancias de tiempo, modo y lugar tanto de lo percibido como del momento en el que se hace la declaración, la manera como se ha expresado, la personalidad, etc. En últimas, es el juez quien determina el alcance que se pueda otorgar a la prueba testimonial.

C.O.T.- ¿Quién merece mayor castigo: quien ofrece o quien recibe?

A.O.P.- Penalmente es más grave la conducta del funcionario que recibe. Sin embargo, si de condenas altas se tratara, no cabría duda de que merecerían penas semejantes, pues esas formas de corrupción son inadmisibles. Por algo a las varias clases de cohecho también se les conoce con el nombre de “delitos de corrupción”.


C.O.T.- Si se prueba que altos funcionarios del Estado son responsables de haber cometido el delito de cohecho, ¿habría que investigarlos por otros delitos conexos como por ejemplo interés indebido en la celebración de contratos o tráfico de influencias?

A.O.P.- Hipotéticamente podría ser así. Por ejemplo, si tras agotar la conducta consistente en simplemente dar u ofrecer dineros o utilidades o de hacer promesas, la persona interviene en la tramitación del contrato-beneficio prometido, o busca la manera de favorecer al destinatario de la promesa acudiendo con fundamento en su investidura al funcionario que decide el asunto con la pretensión de lograr una ventaja.

C.O.T.- ¿En qué consiste la “desviación de poder” de que habla la Corte Suprema en la sentencia de Yidis Medina?

A.O.P.- Según la sentencia de la Corte, la desviación de poder estriba en que altos funcionarios del Estado se dirigieron a la señora Medina para que cambiara su voto. Note que la Corte Suprema no ha inventado la desviación de poder, sino que se ha basado en la manera como ella vio las pruebas y se sustenta en decisiones de la Corte Constitucional sobre el tema. Por consiguiente no hay capricho político ni torcido de parte de ella.

Lo que le dijo Yidis a El Espectador

Estas fueron las declaraciones de  la ex representante  a la Cámara, Yidis Medina, a El Espectador, en una entrevista publicada el 29 de marzo pasado:

¿Se siente usted, de alguna manera, artífice de la reelección?

Claro que sí, porque en ese momento coyuntural de la reelección existía un empate y mi voto desempató.

Pero inicialmente usted dijo que iba a votar en contra, ¿qué pasó?

Era un momento coyuntural muy duro y estaba un poco indecisa.

¿Qué personas del Gobierno le ayudaron a cambiar la decisión?

El ministro del Interior Sabas Pretelt de La Vega, quien era el encargado del proyecto.

¿Qué le dijo el ministro Pretelt para que usted cambiara?

Una buena explicación de lo que era el proyecto. Y también lo hicieron el entonces viceministro de Justicia, hoy fiscal, Mario Iguarán, y el viceministro Hernando Angarita.

¿Qué otros funcionarios le plantearon argumentos?

El ministro de Protección Social, Diego Palacio.

¿A usted la ayudaron con unos cargos en el Seguro Social y con una notaría?

Yo he sido muy olvidada por el Gobierno. Nunca había conocido uno más ingrato.

¿No le cumplieron?

No ha habido nada para mi región.

Una entidad de hombres prestigiosos

El Comité Permanente de Derechos Humanos, que regenta el psiquiatra José Gutiérrez, tiene mucho prestigio fuera del país. Aquí se le mira con algo de recelo debido a los cuestionamientos sin distingos que se les hacen a las entidades de defensa de derechos humanos.

No obstante, esa organización y su presidente cuentan con una respetable historia ligada a la de la nación: hace casi treinta años, intelectuales y políticos de vertientes tan disímiles como Alfredo Vásquez Carrizosa, el propio José Gutiérrez, Luis Carlos Galán, Roberto Gerlein, J. Emilio Valderrama, Jorge Orlando Melo y muchos otros, fundaron el Comité Permanente en época del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia entre 1974 y 1978. 

Este frente civilista fue dirigido por el ex canciller Vásquez Carrizosa, hasta su fallecimiento. Entonces lo reemplazó el médico Gutiérrez, hoy de 80 años y quien, según la ficha que de él existe en la Biblioteca Luis Ángel Arango, es un “psiquiatra y escritor con una rica trayectoria donde el ejercicio de su profesión y la política se conjugan e interactúan de modo singular”.  El doctor Gutiérrez fue discípulo del famoso psicoanalista Erich Fromm en México y ha escrito numerosos libros y ensayos. Se le recuerda también porque formó parte del MRL y fue cofundador del Movimiento Firmes, junto con Gerardo Molina.