Publicidad en directorio no es servicio público

Es ilegal cobrar cuentas pendientes al dueño de la línea que no ordenó  la publicación de su número telefónico, concluyó el Consejo de Estado.

La publicación de pauta publicitaria en los directorios telefónicos no tiene el carácter de servicio público domiciliario, aunque su cobro pueda hacerse por conducto de compañías que tienen esta característica, como las empresas de telefonía local.

La sección primera del Consejo de Estado se pronunció en tal sentido al resolver una demanda interpuesta por Publicar S.A., que pretendía dejar sin efecto una sanción que en su contra emitió la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al responder una queja presentada por el propietario de un inmueble a quien le fue cobrada –a través del recibo de la ETB- la deuda que su inquilino adquirió por publicar un aviso en el directorio telefónico, sin su autorización.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo aclaró que en estos casos en los que no exista una orden previa y expresa del titular de la línea telefónica, es ilegal el cobro efectuado a través del recibo expedido por la empresa de teléfonos.

En consecuencia, según lo consignado en el fallo proferido el pasado 19 de junio con ponencia del Consejero Rafael  Ostau de Lafont Pianeta, no puede predicarse que entre el propietario del inmueble (suscriptor de la línea telefónica) y el usuario (inquilino) de la misma exista una obligación compartida para pagar el valor del aviso, a pesar que entre las dos partes exista un contrato de arrendamiento sobre el inmueble cuya línea telefónica aparece en la publicidad.

El tribunal enfatizó que el contrato de arrendamiento no constituye autorización para cobrar publicidad, “pues en virtud de éste simplemente se otorga el uso normal de la línea telefónica, mas no la autorización para que sea insertada en un anuncio publicitario, pues para ello se requiere, se reitera, la notificación al suscriptor por parte de la empresa anunciante”, en este caso Publicar S.A.

El Consejo de Estado dejó en firme una multa de 14 millones 300 mil pesos impuesta por la SIC contra Publicar S.A., debido a la “falta de idoneidad del servicio prestado”, originado en el cobro ilegal de la pauta publicitaria en cuestión.

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