Conversatorio de Colombia 2020

hace 3 horas

‘Regalito’ del Gobierno a asambleas

El presidente Álvaro Uribe está apunto de sancionar una ley que incrementa en un 44% el salario de los 398 miembros de las asambleas.

Si el presidente Uribe sanciona la Ley que crea prestaciones sociales para los diputados de las asambleas regionales en el país, los gastos de funcionamiento de los departamentos se incrementarán anualmente en cerca de $21.000 millones, el mismo dinero con el que se construirían 2.000 soluciones de vivienda de interés social al año. Esto también significa que mientras el Gobierno extendió este año el salario mínimo de los obreros y empleados en un 6%, a los diputados se les aumenta, de un tajo, un 44%.

El proyecto fue presentado a consideración del Congreso en 2006 por el propio Primer Mandatario, con el fin de definir el régimen de prestaciones sociales de los diputados y así darle piso jurídico al pago de la prima de Navidad y al auxilio e intereses de cesantías que se venían sufragando en algunas asambleas departamentales y en otras no, y que en opinión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, es un derecho de los diputados, a la luz del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y el artículo 11 de la Ley 4ª de 1966.

Ya en el Congreso, el proyecto tomó otro rumbo. Los parlamentarios le colgaron, además de las tres prestaciones antes mencionadas, las de vacaciones, prima de servicios y seguro de vida. Durante los debates no se conocieron voces disidentes en la Cámara ni en el Senado. Mucho menos en las asambleas, ni tampoco por parte de los gobernadores, que a la larga resultarán afectados en sus presupuestos departamentales.

Hoy en día, a un diputado se le paga en número de salarios mínimos de acuerdo con la categoría del departamento donde ejerza sus funciones. Por ejemplo, aquellos departamentos de categoría especial, como Antioquia, les paga a sus diputados 30 salarios mínimos mensuales legales; a los de categoría primera, como Boyacá, 26 salarios; a los de segunda categoría, como Tolima, 25; y a los de tercera y cuarta, como Quindío y Chocó, 18 salarios. Con las excepciones de aquellos departamentos donde ya existen las tres primas del proyecto del Gobierno, de firmarse la nueva Ley que salió del Congreso, esos valores, como queda dicho, se incrementarán en un 44%.

El aumento perturba los gastos administrativos de funcionamiento de las asambleas que, de acuerdo con la misma Ley 617, deben ser el 80% de la suma de las remuneraciones de los diputados para la categoría especial; 60% para las categorías primera y segunda; y 25% para las de tercera y cuarta. Así, cada asamblea departamental puede agrandar su burocracia. Además, por fuera del presupuesto de las asambleas, los departamentos deben pagar los gastos que generan los parafiscales, la seguridad social y el seguro de vida de cada asambleísta.

La decisión de incrementarles los ingresos a los diputados está en manos del Gobierno Nacional, pero éste no aporta un solo peso para pagar los $21.000 millones anuales que valdría esa adición. La responsabilidad presupuestal recae en los departamentos, que se verán abocados a cambiar sus presupuestos y a ajustar los planes de desarrollo aprobados recientemente, en detrimento de la inversión social.

De firmarse esta nueva ley, el Gobierno Nacional les da un ‘regalo’ a 398 diputados del país, entregándole a cada uno de ellos en promedio $30 millones anuales por encima de la remuneración que vienen percibiendo hasta la fecha. Se les crea una prestación social como son las vacaciones, cuando estos servidores públicos sólo laboran seis meses al año. Con menos de


la mitad de trabajo anual, un diputado quedará ganando más que un gobernador. En Antioquia, por ejemplo, devengarán mensualmente en promedio $11.670.000, mientras que el gobernador debe conformarse con $10.000.000.

El ex senador Javier Ramírez Mejía, coautor de la Ley 617 de 2000 que frenó el desborde del gasto público en Colombia, hizo un estudio detallado sobre lo que representa en gastos para cada departamento colombiano la firma de la nueva Ley para los diputados. Por ejemplo, señala el estudio, la remuneración de cada diputado para un departamento de categoría especial sería de 30 SMML multiplicado por el número de diputados y por el número de sesiones (7 meses) más las nuevas prestaciones que equivalen a tres sueldos más.

Los diputados del departamento de Antioquia, categoría especial, gozan de una remuneración de $13.845.000 mes, durante seis meses de sesiones ordinarias y uno de extraordinarias. El nuevo auxilio de cesantías y la prima de Navidad equivalen cada una a un sueldo, y la prima de servicios y vacaciones a quince días cada una. Por lo tanto, la remuneración de un diputado de Antioquia, al año, alcanzaría a los $138.450.000, es decir, $41.535.000 más de lo que recibe en la actualidad. Si multiplicamos el nuevo sueldo por los 26 diputados más el 80% para los gastos de funcionamiento, sumaría $1.943.838.000., que tendrá que erogar de más el departamento para cubrir las obligaciones que exige esta nueva ley.

Para un departamento de categoría segunda, como Tolima, donde un diputado gana $11.537.500 mensuales, el incremento significa $34.612.500 de más anual, que multiplicado por los 15 miembros de la corporación más el 60% de los gastos de funcionamiento, significan una erogación adicional anual de $830.700.000. Y Así, según las categorías, cada departamento tendrá que poner el 44% más del presupuesto anual para sus asambleas, para pagarles a los padres de la patria chica regional.

Mientras los empresarios, a través de la ANDI, le piden al Gobierno bajar el gasto fiscal para detener la caída del dólar, y el Ejecutivo, a través del Ministro de Hacienda, anuncia una disminución del gasto en 10 billones de pesos para 2009, el Congreso de la República aprueba una ley que incrementa el gasto de funcionamiento en los departamentos en casi $21.000 millones anuales. Aunque no se ha firmado, por lo menos hasta la fecha, por parte del Presidente, los diputados en las regiones están esperando este ‘regalito’, y los gobernadores están sufriendo porque tendrían que pagarlo castigando la inversión social que tenían programada en sus respectivos planes de desarrollo.

“Es una medida injusta e inequitativa”

El ex senador quindiano Javier Ramírez Mejía, de Cambio Radical, es quien ha puesto el dedo en la llaga sobre la Ley que aumentará el salario y los beneficios de los diputados en todo el país. Incluso, desde los debates en el trámite del proyecto en el Congreso, inició una campaña para rechazar la aprobación de la iniciativa. “Tenemos que hacer algo, la prensa, la clase dirigente y la ciudadanía para que el presidente Álvaro Uribe no le dé viabilidad. Es necesario que todos nos demos cuenta de que esta medida es injusta y poco equitativa”, argumentó.

Además, Ramírez Mejía denunció que el proyecto tuvo el acompañamiento de algunos parlamentarios que se encargaron de meter algunos ‘micos’, precisamente lo de la prima de servicios, cesantías, vacaciones y otros. Pero, a pesar de todo, la iniciativa fue aprobada casi que en silencio en el Congreso de la República y ahora está a punto de recibir la sanción presidencial.