Una comisión reservada

El representante a la Cámara Carlos Arturo Piedrahíta decidió ampliar su derecho de petición a ministerios y superintendencias para conocer los ‘negocios’ de los notables con el Gobierno.

El pulso entre el representante a la Cámara Carlos Arturo Piedrahíta y el secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, por un derecho de petición que busca establecer los presuntos contratos que puedan tener con el Estado los integrantes de la Comisión de Ajuste Institucional, va para largo.

El próximo martes vence el plazo para que el Palacio de Nariño responda la solicitud  que en ese sentido le hizo el congresista, y desde ya surgen dos versiones: que Moreno esperará hasta la última instancia para responder, es decir, hasta que se interponga una acción de tutela, o que Presidencia remitirá dicha solicitud a los ministerios para que sean ellos los que den las explicación respectivas.

Previendo esa situación, Piedrahíta ya se adelantó y antes de que se le dé más largas al asunto redactó otro derecho de petición que envió, precisamente, a todos los ministerios y las superintendencias en la tarde del miércoles para que se pronuncien sobre los supuestos contratos. El congresista aclaró, una vez más, que en caso de existir ese tipo de relaciones entre comisionados y Estado, no hay impedimento jurídico, pero sí un lío ético.

Y aunque la llamada Comisión de Ajuste Institucional ha garantizado que tendrá un trabajo independiente, pese a haber sido seleccionados por el Primer Mandatario, Piedrahíta volvió a poner en tela de juicio dicha imparcialidad “cuando hay de por medio millonarios contratos”.

Lo cierto es que, ante el silencio de la Secretaría General de la Presidencia, el balón pasa al terreno de los ministerios y las superintendencias. El representante a la Cámara, quien ha hecho suya esta batalla, ha dicho que espera que cada cartera le notifique si alguno de los notables tiene vínculos como demandante o como demandado con el Estado, si han celebrado contratos en calidad de persona natural o jurídica, o si tienen familiares en el cuarto grado de consanguinidad y primero civil, que son en la actualidad servidores públicos.

Hasta el momento, la también llamada “Comisión de Notables” sigue trabajando y el único pronunciamiento que ha hecho sobre los reclamos de Piedrahíta es que no están impedidos, ya que no van a recibir ningún tipo de pago por el trabajo realizado. Y frente a las investigaciones contra dos de sus miembros, que cursan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como lo pudo comprobar El Espectador, Piedrahíta insistió en que “la respuesta de Presidencia, los ministerios y las superintendencias se tiene que priorizar”.

Mientras aparecen las respuestas a los requerimientos hechos, los comisionados siguen reuniéndose diariamente en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, concentrados, según explicaron, en seis puntos fundamentales: justicia y poder electoral, responsabilidad política y régimen sancionatorio de los partidos políticos, sistema electoral, transparencia en las relaciones entre las ramas del poder, financiación de campañas, y género y participación política.

La noticia que se conoce por ahora es que la próxima semana estarán como invitados a la Comisión de Ajuste Institucional los profesores Dieter Nohlen, alemán experto en sistemas políticos, de partidos y electorales; y Arturo Valenzuela, chileno, profesor de gobierno y director del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington.

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