Una víctima en el aire

Han pasado tres años desde cuando se promulgó la Ley 975 de 2005, pero para víctimas como Amanda Gallego, ésta ha sido, hasta ahora, un instrumento inútil.

La violencia sembrada por los ‘paras’ en el oriente antioqueño en los años 90 la dejó sin familia, sin ojos, y por poco, sin su pierna izquierda. Y a pesar de que Ramón Isaza completa hoy 34 declaraciones ante un fiscal de Justicia y Paz, Amanda no ha logrado establecer casi nada acerca del horror que vivieron ella y su familia.

El 7 de octubre de 1993, a las 5:00 a.m., un grupo de hombres armados y en camuflado entraron a su casa. Asesinaron a su mamá, a su papá y a una de sus hermanas (quien tenía cinco hijos pequeños). El cuerpo de Amanda recibió siete disparos. Uno de esos, que atravesó su cabeza, fue el causante de su ceguera. Sus otros siete hermanos, creyendo que estaba muerta, consiguieron escaparse por el techo. 

La presencia de las autodefensas en La Esperanza, vereda de El Carmen de Viboral, se había comenzado a sentir un par de años atrás. Habían asesinado a seis personas, dos de ellas parientes de Amanda. Después de los homicidios en su casa, desaparecieron a 16 personas, tres de los cuales eran primos hermanos suyos. En 1998, asesinaron a otro de sus hermanos en la misma vereda, y un año más tarde desaparecieron a uno más.

Amanda tuvo que estar cuatro meses internada en el Hospital San Vicente de Paul, en Medellín. Allí la operaron en varias ocasiones, y recibió terapias físicas y psicológicas. “Yo sentía que mi vida no valía nada”, recuerda. Le pidió protección a la Fiscalía, de donde la remitieron al DAS y luego al CTI. “Me brindaron seguridad por 19 días”, dice. Un día, sin conocer el origen, llegó a sus manos un tiquete aéreo, junto con $200.000 en efectivo, con la recomendación de que no volviera al oriente antioqueño. Y nunca volvió.

Amanda ha intentado registrarse en Acción Social como desplazada, pero la respuesta siempre ha sido negativa: “Me lo negaron que porque en esa época no existía el delito de desplazamiento”. Hace dos años se registró como víctima ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, pero, dice ella, tampoco ha servido de mucho. “Aunque son muy queridos, uno sabe que ellos no son los de la plata. Yo peleo por mis tres niños, por poder darle algo a ellos. Igual, no hay dinero que me vaya a devolver lo que me quitaron”.

“Estaremos firmes”: abogada de víctimas en E.U.

Roxana Altholz, una de las abogadas norteamericanas que representarán a las víctimas de los jefes paramilitares, extraditados por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, dijo a El Espectador que su principal preocupación frente a los procesos que se les adelantan a los ‘paras’ en Estados Unidos es que éstos logren “hacer acuerdos con el gobierno Bush, que los lleven a estar dentro del programa de protección a testigos, ya que así probablemente podrían evadir la responsabilidad por lo que hicieron en Colombia”.

Altholz representará a una docena de ciudadanos colombianos que denuncian crímenes de siete de los 14 jefes de las autodefensas enviados a Estados Unidos. Entre ellos Salvatore Mancuso, Don Berna, Macaco y Jorge 40.

“Ya he trabajado con organizaciones que trabajan con víctimas en Colombia. Cuando se dieron las extradiciones, nos llamaron para ver las posibilidades de que sus violaciones de derechos humanos no quedaran impunes”, contó.

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