Periodismo y posconflicto: retos y desafíos para el próximo cuatrienio

hace 13 mins

Venta de bienes de narcos, a debate

Hoy son dos las condiciones para la venta de propiedades: difícil administración o deterioro.

Es común ver cómo los inmuebles incautados a  narcotraficantes pasaron de ser lujosos inmuebles a ruinas abandonadas y saqueadas. Desde 1990, al ser creada la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), le han llegado más de 85.000 bienes en proceso de investigación para su manejo, de los cuales a sólo 5.000 se les ha hecho la extinción de dominio y se han vendido algunos por un valor de $110.000 millones.

Estupefacientes no puede disponer de esas propiedades incautadas hasta tanto se tenga una sentencia definitiva de extinción de dominio y es por eso que ahora el Gobierno ha propuesto que la venta de dichos bienes proceda a partir de la incautación, sin tener en cuenta dos condiciones que existen  para llevar a cabo dicho proceso: que el bien sea de difícil administración o que esté en avanzado estado de deterioro.

Esta semana el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca, precisamente, “eliminar esas trabas para que así los bienes incautados, sean los que sean, puedan ser vendidos inmediatamente, sin esperar la sentencia de extinción de dominio”. La propuesta aclara que una vez se incauta la propiedad, se venda a precio comercial. El dinero conseguido debe ingresar a una subcuenta especial del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), para ser administrado e invertido por el director nacional de Estupefacientes de acuerdo con las normas vigentes. También una parte de estos recursos se destinaría a la construcción de cárceles y otra iría al Fondo de Reparación de Víctimas.

Ahora, si el bien es incautado y vendido, pero cuando salga la sentencia se establece que fue adquirido lícitamente, el proyecto de ley propone devolverle el dinero de la venta al propietario, más los intereses. “Con eso nos evitamos intermediarios, saqueo y corrupción, que es lo que no queremos”, explicó Valencia Cossio.

El Espectador consultó algunos congresistas que le ven dos caras a la moneda. Un grupo considera que con la disposición


inmediata de los bienes la reparación a las víctimas será más ágil, pero otros creen que eso no es garantía de que los beneficios lleguen a quienes lo necesitan. Uno de los más prevenidos es el senador del Polo Democrático Gustavo Petro: “Si el Gobierno vende esos bienes de inmediato, la pregunta es, ¿quién podría comprarlas? Y la respuesta es: extranjeros o los mismos narcotraficantes. Ese es un peligro”.

Lo mismo piensa el senador Alexánder López, también del Polo, quien descartó que las víctimas se vayan a ver beneficiadas con esa iniciativa. Para el senador liberal Juan Fernando Cristo las víctimas no están esperando la reparación en efectivo, porque lo que realmente quieren es que les regresen el pedazo de tierra de donde los sacaron. En medio de la controversia la única justificación que ve la congresista Cecilia López a la ley propuesta es que esa “agilización” del proceso repare a las víctimas y no sea un espacio para que “los vivos hagan negocios”.

Sin embargo, también hay voces de apoyo, como la del senador conservador Hernando Pedraza, quien destacó la virtud de darle movilidad a un capital que debe insertarse a la legalidad. “Todo ese patrimonio debe servir para tarea de reivindicación social en obras”, dijo, mientras que la senadora Dayra Galvis, de Convergencia Ciudadana, cree que hasta ahora el manejo de los bienes incautados al narcotráfico sólo ha sido un desgaste para el Estado. “Se invierte mucho dinero en el proceso penal, en la conservación de bienes y el resultado ha sido negativo”, concluyó.

DNE vendió 942 bienes

El subdirector de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Ómar Figueroa, explicó que desde su creación a la entidad han llegado 85.000 bienes, de los cuales 64.000 han pasado a ser administrados directamente. De esas propiedades, se les ha realizado extinción a 4.629 en sectores urbanos y se han vendido 942 folios de matrícula inmobiliaria. El valor de las ventas en el último año alcanzó los $110.000 millones. Ya  salieron a la venta los predios rurales, lo cual, según Figueroa, tiene gran importancia, porque si tienen vocación pesquera o agropecuaria van al Fondo de Reparación, mientras que los bienes urbanos se destinan a construcción de cárceles.

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