Duras críticas a Uribe en EE.UU.

La audiencia enredó aún más el Tratado de Libre Comercio, detenido por las dudas de los demócratas sobre la situación en Colombia.

Al padre de Jessika Hoyos, de 25 años, lo mataron en 2001. Se llamaba Jorge Darío Hoyos Franco y era conocido en Fusagasugá (Cundinamarca), por su desempeño como líder sindical.

“Desde que yo era una niña fui testigo de los policías que rodeaban nuestra casa y amenazaban a mi padre. Recibíamos llamadas, tarjetas de pésame, coronas fúnebres, éramos perseguidos. Así aprendí que la actividad sindical en Colombia es peligrosa y me quedó claro que pensar y protestar pone tu vida en riesgo”, aseguró, con la voz quebrada, ante demócratas y republicanos que escucharon atentos su historia.

“Sin embargo, fuimos felices hasta la noche del 3 de marzo”. Ese día, según su relato, su padre fue asesinado y en adelante su vida cambió. “Amenazas, persecuciones, hostigamientos comenzaron contra nosotros para que no hiciéramos denuncias o reclamos. Nos mudamos a Bogotá y tuvimos que cambiar de casa cinco veces en un año”.

Las autoridades después concluyeron que lo mataron por haberse involucrado con la esposa de otro hombre. Versión que ella, no comparte. “La muerte de líderes sindicales en Colombia es el resultado de una política sistemática del Gobierno”, afirmó.

Según las cifras expuestas en la audiencia por la Escuela Nacional Sindical, en los últimos 23 años han sido asesinados 2.700 líderes sindicales y la violencia contra ellos aumentó en un 25% en 2008, cuando murieron 16. En 2007 fueron 10. Afirman que de las 9.991 denuncias por violaciones a la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas, un 35% ha sucedido durante la administración de Álvaro Uribe.

“Amenazas recientes de nuevos grupos paramilitares llegan todos los días. A los sindicalistas en Colombia se les amenaza, se les castiga por existir, por defender los derechos de los trabajadores”, expuso José Luciano Sanín, director de esta organización, quien recalcó que en nuestro país las leyes que protegen a los trabajadores no son suficientes. “Hay 18’749.836 trabajadores, de los cuales, menos de tres millones pertenecen a sindicatos. Esto es porque la ley especifica que sólo los trabajadores con contratos pueden ejercer ese derecho. Esto es una violación a las convenciones internacionales del trabajo”, concluyó.

Mientras las críticas llovían, la embajadora Carolina Barco a quien, por representar al Gobierno no se le permitió participar, guardaba silencio. “Mi preocupación es que las cifras deben entenderse en el contexto adecuado y aquí han sido presentadas sin su contexto”, dijo a la prensa al cierre de la audiencia.


Entre los testigos, María McFarland Sánchez, investigadora de Human Rights Watch, aseguró que Colombia tiene “el índice más alto de asesinatos a lideres sindicales en el mundo” y de inmediato, el republicano Marc Mc. Souder, quien ha visitado el país más de una docena de veces, respondió: “Human Rights Watch tiene una versión selectiva del problema de la violencia en Colombia. Sus informes son un trabajo sesgado contra el Gobierno colombiano”.

La temperatura subió entre opiniones opuestamente marcadas. “Todo esto demuestra que, en el mejor de los casos, la justicia de Colombia es ineficiente o indiferente y, en el peor de los casos, es cómplice”, dijo el demócrata Robert Andrews.

Y aunque  este comité no está directamente relacionado con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, sí puede complicar el futuro del acuerdo, pues los demócratas postergaron en 2008 su votación y desde entonces argumentan que Colombia debe mostrar más logros en materia laboral y combatir la impunidad en la violencia contra los sindicatos si buscan la aprobación del TLC.

Para el presidente del comité, el demócrata George Miller, la situación expuesta en la audiencia no es un “tema menor” respecto al Tratado. Lo dice porque toda la información que allí se produjo llegará a manos de todos los legisladores que deciden no sólo la suerte del acuerdo comercial sino también la continuación de la ayuda del Plan Colombia. Y esto, según fuentes legislativas consultadas por El Espectador, es “sólo el comienzo de una batalla que tendrá que dar Colombia”.

Más preocupaciones por TLC

Además de las salvedades que se ventilaron en la audiencia en la Cámara de Representantes, la Casa Blanca indicó que las preocupaciones sobre el TLC con Colombia “siguen siendo válidas”. En su rueda de prensa diaria, al portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, le preguntaron qué tan lógico era negociar el TLC con Colombia dado el estado de la economía nacional, a lo que el funcionario contestó: “Creo que las preocupaciones que el presidente Obama y otros tienen en torno a ese acuerdo comercial siguen siendo válidas”.

No obstante, subrayó que su gobierno no tiene intención de mezclar el debate en torno a ese tratado con las negociaciones en curso para sacar adelante el plan de estímulo económico pendiente en el Congreso.

“Desde luego no queremos que el debate con respecto al TLC se interponga en el camino para que nuestro Plan de Recuperación avance con rapidez”, explicó el portavoz. El TLC es uno de los principales temas en la agenda entre Álvaro Uribe y Barack Obama.

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