De un tiempo para acá la preocupación ronda entre los habitantes de algunas veredas del municipio de Lebrija (Santander), donde viene actuando una banda delincuencial cuyo accionar se asemeja al de grupos paramilitares que años atrás mantuvieron bajo su control algunos territorios, sobre todo por el corregimiento de Centenario, donde cobraban un impuesto de $100 pesos por cada botella vendida de cerveza, como contribución por “mantener la seguridad”. El grupo estaría compuesto por unas veinte personas, entre hombres y mujeres, en su mayoría ex guerrilleros y desmovilizados del paramilitarismo.
Dicen los campesinos de la región que lo que este nuevo grupo pretende es sembrar la zozobra para abaratar la compra de predios, los cuales habrán de valorizarse con la construcción de la represa sobre el río Sogamoso, un proyecto de Isagen con recursos nacionales y departamentales.
El pasado 11 de diciembre se presentó un extraño secuestro en la persona de Federico Pinto* en la vereda El Líbano, llegando a la Y del Naranjo. El día anterior, integrantes de ese mismo grupo intentaron robar unas reses pero, “en vista de que no pudieron llevar el ganado a los corrales, amarraron a los empleados de la finca y les robaron todos los enseres, hasta los chécheres de la cocina y la ropa de los niños, todo se lo llevaron”. Mes y medio antes, por el cerro de La Aurora habían secuestrado al ciudadano Héctor Sandoval, a quien mantuvieron amarrado “con una cadena nuevecita” a un árbol una noche entera, y fue liberado por las autoridades al día siguiente.
El extraño secuestro se presentó a las 7 y 30 de la mañana, cuando, como todos los días, Federico Pinto recogía en su camioneta la leche de las fincas, con la que hace quesos. 300 metros antes de llegar a la Y de los Naranjos lo interceptaron tres sujetos con armas de fuego, dos revólveres y una pistola, todos con la cara cubierta por camisetas. Dos de ellos bajaron a Pinto de la camioneta, y el otro a su ayudante. Éste, el tercero, vestido “con una camisa a rayas color vino tinto claro”, se llevó la camioneta. Los obligaron a adentrarse en la montaña, y les decían que se quedaran callados “si quieren que no les pase nada”. Caminaron durante unos quince minutos y luego les ordenaron sentarse sobre la hierba.
Pasadas unas dos horas llamó el que se había llevado la camioneta, a reportar que se le había apagado. Entonces le pasaron al teléfono al secuestrado, quien trató de explicarle al hombre lo que debía hacer para pasar el encendido de gasolina a gas, pero el secuestrador no entendía porque el carro seguía apagado, así que el cautivo le explicó que “debe ser que tiene dañada la bomba de la gasolina, porque hace mucho tiempo no trabaja así”. El hombre debió abandonar la camioneta, pues al rato Pinto escuchó al que daba las órdenes llamar a alguien a preguntarle “¿y la moto sirve? ¿Donde está la moto? ¿Está dañada? ¿Cómo hacemos pa’ sacar a ese chino de allá? Mano, si la moto sirve, váyase a sacar a ese chino de allá.”
Cuando “por la inclinación del sol” debían ser las once de la mañana, el que daba las órdenes les dijo “métanse en ese hueco”. Pinto pensó que los iban a matar, y les dijo llorando “mano, no nos hagan eso, ¿qué daño les hemos hecho a ustedes?” Lo que hicieron fue quitarles los cordones de los zapatos y con ellos amarrarles las manos por detrás, y los pies con bejucos del monte, mientras les daban instrucciones: “cállense y obedezcan. Si son capaz (sic) de soltarse rápido no salgan a la carretera, porque vamos a tener vigilancia en la zona. Y no nos vayan a lamboniar con la Policía, porque si no llegamos a su casita y arreglamos cuentas”.
Los dos cautivos no pudieron ver por dónde salieron sus captores, debido a la hondonada donde los dejaron. Duraron unos 15 minutos soltándose las ligaduras, hasta que pudieron salir a la carretera, pero escucharon el sonido de una moto y corrieron a esconderse. Cuando por fin regresaron a la Y de los Naranjos coincidieron con la Policía, que ya los buscaba, alertada por los vecinos de la región.
Fueron hasta el sitio donde el que no la pudo prender había dejado abandonada la camioneta, y allí le contaron que los mismos campesinos habían podido apresar al hombre, pues lo vieron pasar conduciendo la camioneta, y después a pie. Y el sujeto había dicho que lo tenían que soltar, porque él trabajaba para “el mayor Delgado, del Gaula del Ejército”. En la mochila que llevaba le encontraron el celular de la víctima y un cuchillo tomado de la cocina de la finca que había sido asaltada la noche anterior, y los moradores de la casa lo reconocieron como uno de los asaltantes.
De allí, Pinto se dirigió a Lebrija a poner el denuncio, para poder recuperar el vehículo. En su declaración hizo énfasis en que no se había tratado de un atraco sino de un secuestro, porque si no “¿por qué me tenían que retener hombres armados durante tanto tiempo?” Unos días después lo llamó la Fiscal de Lebrija, Fanny Reyes Villalba, para decirle que “eso no da para secuestro”, porque ése no era el hombre que lo había retenido.
Y que el detenido, “el señor Jorge Anaya Gutiérrez, alias Ronald” lo había atracado “por necesidad”, pero estaba dispuesto a indemnizarlo y a devolverle el dinero que le hurtaron (le habían quitado $500.000 en efectivo), así como a pagarle la leche que se le había dañado y a cubrir los daños del carro (un muelle roto) si cambiaba la acusación de secuestro por la de “hurto simple”.
Pinto le preguntó a la Fiscal en qué se beneficiaba el reo si él aceptaba el acuerdo, y ella le dijo que con una rebaja sustancial de la pena, a lo que él contestó que le daba “grande pena” pero no podía aceptar porque “el susto que me pegaron, el temor a que lo maten a uno sin deberle nada a nadie, el daño moral que me causaron, ese daño no se lo pagan a uno con ninguna plata”. La fiscal pareció no entender, pues le dijo “tranquilo, yo hago aquí un oficio y usted lo firma, para que él le devuelva lo que usted perdió, porque los daños morales no los paga nadie”. Pero Pinto insistió en que “plata se consigue todos los días, y si esos señores cometieron un delito, lo más justo es que lo paguen”.
Según Alonso Valenzuela, concejal de Lebrija, lo que contribuyó a impedir que alias Ronald fuera liberado al día siguiente (el hurto simple es excarcelable) fue la intervención directa del Personero del municipio, Édgar Fernando Pérez –quien ejerce además funciones de Defensor del Pueblo-, pues se presentaron presiones de alto nivel para obtener su libertad inmediata.
Conclusión, no hubo la “conciliación” que tanto reclamaba la Fiscal y el caso fue remitido a la Fiscalía de Bucaramanga, donde lo último que se supo es que el hombre continúa detenido, aunque varios de los campesinos que lograron su captura han sido amenazados, mediante llamadas para que “en 24 horas abandonen no el municipio ni el departamento, sino el país”.
* Nombre cambiado a solicitud de la fuente.