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hace 4 horas

La parapolítica llegó a Washington

La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias contra la administración de Álvaro Uribe.

“En 1982 Pablo Escobar, el más  grande narcotraficante en la historia de Colombia, llegó como suplente al Congreso con 16.250 votos que representaban menos del 1% del total de votos del Senado en ese año. En el proceso 8.000, los que fueron juzgados por haberse financiado con el cartel de Cali, representaron cerca del 8% de los votos del Senado. Con la parapolítica, aproximadamente el 25% de los votos al Senado se depositaron de una manera ilegítima, tras una coalición armada de traficantes, paramilitares y políticos”, afirmó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la investigadora Claudia López. 

“Esto demuestra que el problema crece. El éxito de tomarse el poder político por las armas es hoy del 25%, y hace 25 años era tan sólo del 1%”, recalcó.

En su fuerte testimonio, López afirmó que “entre el 25% y el 35% de los puestos de elección popular en Colombia, está capturado por esa toma violenta del poder por parte de grupos paramilitares”, y en dialogo con El Espectador argumentó que el presidente Álvaro Uribe poco o nada ha hecho por acabar con un supuesto respaldo a quienes tienen vínculos con paramilitarismo.

“Llevo tres años estudiando la parapolitica y preguntándome por qué cada vez que denunciamos a un político relacionado con ella, el que nos responde y nos ataca es el Presidente de la República. Sería muy deseable que rechazara esos apoyos, se negara a trabajar con ellos en el Congreso, se negara a tener personas con vínculos con grupos armados ilegales en su coalición de gobierno, y a avalarlos a través de los partidos uribistas”, afirmó la testigo. 

En representación del Gobierno, el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco, respondió que el problema de la parapolítica en Colombia "se ha combatido como un verdadera amenaza, como no se ha visto en ningún país, con eficacia y celeridad", y recordó que se han abierto procesos contra 77 congresistas por relación con grupos paramilitares, nueve de los cuales han sido condenados.

Sin embargo, para el también testigo León Valencia, director de la corporación Nuevo Arco Iris, el Gobierno obstaculiza la justicia: “Fíjese que el Magistrado Iván Velásquez se ha vuelto casi el enemigo número uno dentro de la justicia del propio Presidente. Y es porque está investigando la parapolítica”, aseguró.

El Magistrado Velásquez estuvo presente en la sala, pero se negó a dar declaraciones a los medios.

Entretanto, representantes de otras ONG, como la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Reiniciar, pidieron a la CIDH que interceda “urgente y decidiamente” para frenar la extradición de paramilitares a Estados Unidos, argumentando que con sus salidas de país, la verdad y la justicia para las víctimas quedan en el aire.

Y mientras las críticas contra el Gobierno colombiano llovieron, el Embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, explicó que este tipo de denuncias tienen un claro objetivo que va en contravía con los intereses de la administración Uribe en Washington.

“Estar a 20 cuadras del Parlamanto estadounidense, es una forma de permear la opinión pública nortemaericana. Nosotros defendemos los intereses del país en busca del TLC, y ellos quieren que esto ocurra”, afirmó al cierre de la jornada que duró cerca de 10 horas y en la cual el estado de la libertad de prensa, los derechos de los sindicatos y la protección a los indígenas en nuestro país, también tuvieron su espacio.

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