Tristes hallazgos de la minga

Fueron encontrados ocho cadáveres. Dos de ellos eran de mujeres que estaban en período de gestación.

La búsqueda no finalizó. Pero se redujo. Esa parece ser la principal conclusión de la minga humanitaria, convocada por la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y la Organización Indígena de Colombia (Onic), y que el pasado lunes 23 de marzo partió del corregimiento El Diviso (Barbacoas) y se internó en la selva nariñense, con el propósito de localizar los cuerpos de los 11 indígenas que, entre el 2 y el 4 de febrero de este año, fueron asesinados por las Farc. En total, la comisión halló ocho cadáveres, pero sólo cinco correspondían a aquella masacre de febrero. Los tres restantes eran de septiembre de 2008. Por ende, todavía reposan en la selva los restos de seis indígenas cuya ubicación se desconoce.

La travesía no fue nada fácil. El segundo día, luego de pasar la noche en un punto conocido como Bellavista, se encontraron con el cauce del río Yamdí, que ocupaba entre orilla y orilla unos 100 metros, los cuales sólo se podían atravesar a nado o en balsas. La tarea que tenían que llevar a cabo cerca de 700 personas duró casi 48 horas. El jueves 26 de marzo, en la vereda Palacito, en una casa del resguardo tortugaña-telembí (municipio de Ricaurte), la comisión indígena, acompañada por dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, hizo el primer hallazgo: los cuerpos de Orlando Taicús y sus hijos James y Hugo. En esta masacre, los guerrilleros le dispararon a otra hija de Orlando, a quien le causaron una herida en una pierna, tan grave que tuvieron que amputársela.

Un día después de este descubrimiento, los indígenas y las pocas personas externas que los acompañaban llegaron a un punto conocido como El Volteadero. Allí se instalaron temporalmente, mientras terminaban las exploraciones. El cruento invierno, por su parte, tampoco les dio tregua. “Allá en la selva sí llueve, fuerte y con ganas”, recuerda uno de los participantes de la comisión. El clima, en más de una ocasión, les impidió alimentarse, porque no podían encender fogatas. Los indígenas, sin embargo, no cesaron la marcha y el sábado 28 de marzo arribaron a la quebrada El Hojal, a más de una hora de camino de El Volteadero. Allí encontraron, enterrados, cuatro cuerpos más.

Su guía, para ese instante, era un hombre llamado Alfredo, habitante de la zona. Según les contó, las Farc amenazaron con degollarlo si hablaba. “Si me matan, sólo espero que no me boten a la quebrada”, les dijo. Alfredo le indicó a la comisión dónde estaban inhumados cuatro cuerpos y los indígenas procedieron a excavar, tomaron fotos, pero dejaron los cadáveres intactos. Aún se veían rastros de piel adheridos a las osamentas y el olor, recuerdan quienes estuvieron, era sofocante. Los cadáveres pertenecían a Róbinson Cuasaluzán y Blanca Patricia Guanga —pareja de esposos con un hijo en camino, pues Blanca Patricia estaba en el séptimo mes de gestación—; a Omaira García Nastacuás, también embarazada, y a Óscar Nastacuás. De la quinta persona no se pudo establecer la identidad.

Un día antes de que la minga partiera de El Diviso hacia la manigua, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, expresó la posición oficial: “El Gobierno Nacional y su Fuerza Pública dejan constancia de que no comparten, pero respetan, dicha determinación y, a su vez, declaran estar en total disposición para defender a la población civil, en el momento en que se requiera”. El alto funcionario viajó hasta Barbacoas, se reunión con los awás y, acompañado por el coronel Joaquín Hernández Buitrago, de la Brigada 23 del Ejército, y el coronel William Alberto Montezuma, comandante de la Policía de Nariño, reiteró su oferta de que un grupo de uniformados escoltara el grupo. La respuesta, siempre, fue un no rotundo.

Por causa del conflicto, desde hace varios años, la suerte que ha corrido el pueblo awá ha sido negra. A la presencia histórica de las Farc y el Eln se han sumado nuevos grupos delincuenciales, estrechamente ligados con el narcotráfico, como Los Rastrojos (brazo armado del cartel del Norte del Valle) y la Organización Nueva Generación que, según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, coparon los espacios que antes dominaba el bloque Libertadores del Sur. Las minas antipersonal, en particular, se han constituido como uno de los mayores flagelos que azotan a este pueblo, al punto de someterlos al confinamiento. Y, según el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, en 2008 se perpetraron 37 masacres, que dejaron 169 víctimas.

Una de las conclusiones de la minga que estuvo internada en la selva en busca de sus compañeros es que el territorio que recorrieron “es un verdadero cementerio colectivo (...) Hay minas antipersonales por todas partes, así como cadáveres”. Por esa razón, lo declararon sitio sagrado. A pesar de no haber encontrado la totalidad de cuerpos —aunque se habla de 11 asesinados, seis personas más están desaparecidas—, las autoridades indígenas sienten que cumplieron su objetivo inicial. Así lo manifestaron en un comunicado, en el que repitieron una advertencia que vienen haciendo de tiempo atrás: que sus comunidades están confinadas por el conflicto. “Encontramos familias aterrorizadas, temen correr la misma suerte de sus compañeros asesinados con sevicia por parte de las Farc”, aseguraron.

La masacre de los awás

El pasado 18 de febrero, en un comunicado difundido en la página web Anncol, las Farc admitieron su responsabilidad en la masacre de, al menos, ocho indígenas awás. Los guerrilleros sostuvieron haber retenido, el 6 de febrero, a ocho personas que recogían información para luego suministrársela a patrullas militares: “Esta acción nuestra no fue contra indígenas, fue contra personas que, independiente de su raza, religión, etnia, condición social, etc., aceptaron dinero y se pusieron al servicio del Ejército en un área que es objeto de un operativo militar”.

El hecho fue duramente señalado. Los 34 países miembros de la OEA emitieron una enérgica resolución de condena. Lo mismo hicieron la ONU y Human Rights Watch.