“Es muy posible que el referendo haya tenido simpatizantes en la Registraduría”

El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, admite que funcionarios de su entidad tenían cercanía política con los promotores del referendo reeleccionista.

Dice que por transparencia, prefirió que salieran del cargo “voluntariamente”. Y reitera que, en cuanto a la financiación de la recolección de firmas, sólo certificará lo que diga el Consejo Electoral.

En otras circunstancias, el Registrador Nacional sería invisible y se limitaría a preparar las elecciones de 2010 o a cumplir su papel de renovar millones de cédulas. Pero en la convulsionada política nacional de esta época, Carlos Ariel Sánchez desempeña un papel tan protagónico que fácilmente puede ser el funcionario del Estado que más presiones recibe de los sectores afines al Gobierno y de sus opositores. No sólo la proximidad de las contiendas electorales agita el ambiente. El proceso de recolección de firmas para hacer posible la realización de un referendo reeleccionista que el Registrador tiene que certificar como ajustado a la ley, lo pusieron en el lugar en que nadie quisiera estar: el del árbitro —como se llama a sí mismo— de la intensa pelea por el mantenimiento o alejamiento del poder presidencial de Álvaro Uribe.

Sánchez ha sido, en consecuencia, objeto de los más enconados ataques, en particular cuando decidió trasladarle al Consejo Electoral la investigación sobre la financiación de la campaña para la recolección de firmas antes de expedir el aval oficial. Después de que diera ese paso, la crispación no amainó. Creció por los datos que se empezaron a saber sobre la comisión de presuntas irregularidades: violación de los topes, movimientos financieros extraños, ocultamiento de información y receptación de posibles aportes en dinero o en especie, de la diabólica pirámide DMG.

En los últimos días, el asunto ha traspasado los límites de la disputa política para pisar el campo delictivo. Se ha hablado en notas periodísticas sobre un complot de funcionarios de la Registraduría para entregarles en forma ilegal copia del reservado software electoral de la entidad a los promotores del referendo. Las sospechas han salpicado, incluso, a altos directivos que manejaban el censo electoral y quienes coincidencialmente —o no— son oriundos de Caldas, el departamento de Luis Guillermo Giraldo, promotor principal del referendo.  El Registrador Nacional, con su nadadito de perro, respondió unas veces entre líneas significativas, y otras, con la tranquilidad de un experto.

Cecilia Orozco Tascón. (C.O.T.)– Todos los interesados en el tema del referendo reeleccionista hablan de un número diferente de ciudadanos que lo firmaron. Exactamente, ¿cuántas firmas anunciaron los promotores que iban a entregar; cuántas recibió en realidad la Registraduría, y cuántas certificó finalmente como válidas?

Registrador Carlos Ariel Sánchez. (C.A.S.)– En los documentos que entregaron los promotores se anunciaban cinco millones de firmas, pero realmente entregaron 4’023.504; y la Registraduría certificó 3’902.825 firmas.

C.O.T.– ¿Qué lo motivó a enviar al Consejo Electoral el tema de la financiación de la campaña de recolección de firmas?

C.A.S.– La norma dice que en los quince días hábiles siguientes a la radicación de las firmas, los promotores tienen que entregar un balance de la financiación, certificado por contador público y acompañado con un anexo de las contribuciones. Dice además que es un derecho ciudadano que el comité de recolección de firmas informe quiénes han dado una donación superior a dos salarios mínimos. Como a primera vista había una cifra superior a dos mil millones de pesos, casi todos ellos en créditos y no en contribuciones, y resulta que de acuerdo con la reglamentación del Consejo Electoral, el tope legal es de 343 millones o de contribución individual del 1%, es decir de $3’430.000, era claro que ahí había pasado algo. No se requería mayor análisis. Como el tema era de competencia del Consejo Electoral, le di traslado.

C.O.T.– ¿En los documentos sobre la financiación que le presentaron a usted los promotores del referendo figuraban con aportes en dinero o en especie David Murcia Guzmán, DMG o alguna de sus empresas satélites como Transval Ltda.?

C.A.S.– No. Al entregar el balance, el comité promotor del referendo de la reelección adjuntó un listado de tres páginas con los nombres de los aportantes, en su gran mayoría personas naturales, y ahí no aparecen registrados aportes de Transval, Murcia o DMG.

C.O.T.– ¿Qué pasa con la certificación que usted tiene que entregar como Registrador para poder darle trámite al referendo si el Consejo Electoral dice que hubo irregularidades o violación de topes en la financiación de la campaña?

C.A.S.– El Registrador certifica a nombre de la organización electoral, y la certificación significa que se constataron unos hechos. Entonces, si el Consejo Nacional Electoral determina que hubo violaciones a la ley, tengo que dejar constancia de eso.

C.O.T.– Si se registran objeciones a la financiación, ¿el referendo sería inválido,  ilegítimo o inconstitucional?

C.A.S.– Ahora han surgido diferentes puntos de vista. Por mi parte, siempre he considerado que ése es un tema de orden constitucional. Literalmente las certificaciones se requieren para convocar el referendo.

C.O.T.– Le presento el problema de otro lado: ¿el Presidente de la República puede convocar a votación para el referendo sin el certificado del registrador?

C.A.S.– La ley dice que se convoca a referendo una vez expedidas las certificaciones de la Registraduría. Pero este es un tema sin antecedentes y existen ahora dudas sobre cuál es la fuerza de la reglamentación sobre las contribuciones. Lo que es clarísimo es que la Ley 134 es estatutaria y las leyes estatutarias forman parte del bloque de constitucionalidad. En consecuencia, todo lo que se tramite al respecto debe hacerse formalmente de acuerdo con esa ley porque si no, se estaría violando ese bloque de constitucionalidad.

C.O.T.– ¿Ha recibido muchas presiones a favor o en contra del referendo, y de qué magnitud son?

C.A.S.– Gané este cargo en un concurso de méritos. Desde ese punto de vista, tengo bastante autonomía.

C.O.T.– Pero no creo que pueda jurar que no se le han acercado políticos para tratar de influir en usted.

C.A.S.– La Registraduría es teóricamente el árbitro de la sociedad política. Es lógico que traten de presionar al árbitro, pero uno tiene que seguir cumpliendo su papel.

C.O.T.– ¿En qué ha avanzado la investigación sobre unos funcionarios suyos de quienes se supo que estaban entregándoles datos de la Registraduría sobre la población votante a los promotores del referendo?

C.A.S.– Cuando Noticias Uno informó que alguno de sus periodistas estuvo en la sede del referendo y que había encontrado que allá podían consultar en un software, copiado presuntamente de la Registraduría, unas bases de datos donde aparecía nombre, apellido, cédula y otras informaciones, se ordenó una investigación interna que todavía está en curso.

C.O.T.– ¿Por qué se individualiza esa investigación en cuatro funcionarios de la Registraduría? 

C.A.S.– Porque ellos eran quienes manejaban las claves de acceso.

C.O.T.– Precisamente se dice que en la Registraduría hay funcionarios amigos, o con nexos políticos con los promotores del referendo reeleccionista, entre otros, Luis Guillermo Giraldo, ¿es cierto?


C.A.S.– Es muy posible que el referendo haya tenido simpatizantes en la Registraduría; que muchos de esos simpatizantes hayan colaborado con ellos, y que a veces se hubieran podido exceder.

C.O.T.– Quisiera insistir: ¿hay o hubo en la Registraduría funcionarios con clara conexión política con los promotores del referendo?

C.A.S.– Estrictamente hablando no, pero sí hay personas cercanas a esos grupos políticos.

C.O.T.– ¿Usted ordenó algún tipo de investigación interna al respecto?

C.A.S.– No. Por el momento sólo existe la investigación sobre la base de datos porque la dificultad para iniciar procesos es que si no se tiene la evidencia, no se puede adelantar mucho. Básicamente se trata de un problema probatorio.

C.O.T.– ¿Usted ha decidido retirar funcionarios para garantizar la neutralidad de los procesos que adelanta la Registraduría?

C.A.S.– Sí, por transparencia. Pero no son retiros forzosos sino voluntarios. Uno le dice a la gente que lo mejor es evitar inconvenientes. Como he estado vinculado al tema electoral durante muchos años, ya uno sabe dónde se presentan los problemas o en qué punto puede haber alguno crónico; se trata de hacer los cambios requeridos. Lo he hecho de acuerdo con mi experiencia.

C.O.T.– Luis Guillermo Giraldo es oriundo de Caldas. ¿Hay o hubo funcionarios caldenses en la Registraduría en una proporción anormal?

C.A.S.– (Sonrisa y silencio) Hay una proporción normal. Ese fenómeno tiene que ver con el origen de las administraciones. Si por ejemplo el registrador es tolimense, habrá un crecimiento de la proporción de tolimenses en la entidad. Si hay un caucano, habrá más caucanos, y así sucesivamente.

C.O.T.– ¿Cuánto hace que no hay un registrador caldense como para que haya el número de funcionarios oriundos de ese departamento que se dice que hay?

C.A.S.– Puede ser que hubiera magistrados de ese origen…

El enredo de la depuración del censo electoral

C.O.T.– ¿La democracia colombiana corre riesgos si se depura el censo electoral en momentos en que este acto no se realizaría por motivos altruistas sino porque le convendría a quienes impulsan el referendo?

C.A.S.– La democracia corre riesgos si no se depura el censo electoral. Y la no depuración tiene dos consecuencias: primero, genera dificultades para llegar al umbral impuesto y no es legítimo porque los ciudadanos van a tener un obstáculo artificial para que su voluntad se exprese. Y segundo, en las elecciones ordinarias para alcaldes, gobernadores o incluso para presidente, se deja abierta la posibilidad de que los muertos ‘voten’. La falta de transparencia del censo vicia tanto la democracia participativa como la representativa.

C.O.T.– Se comprende. Sin embargo, ese tema se ha vuelto prioritario después de que los impulsadores del referendo reeleccionista hicieron mucha presión.

C.A.S.– Respecto de lo que ha hecho esta administración, y aunque ya se dieron de baja dos millones de cédulas en 2008, se señaló que para depurar lo que hace falta son necesarios $50 mil millones. Si esa decisión es interpretada de acuerdo con unas circunstancias posteriores que corresponden a la coyuntura política, se entiende que se puedan generar suspicacias, pero aún así, es claro que la primera regla sana del juego electoral es saber cuántos y quiénes somos los que podemos votar.

C.O.T.– ¿En qué porcentaje calcula usted que la depuración del censo bajará el umbral necesario para la aprobación del referendo?

C.A.S.– A la final se puede terminar en el mismo umbral o en uno similar, por la sencilla razón de que así como se elimina un número de cédulas de muertos, entra otro importante número de cédulas de votantes de primera vez. No debemos olvidar que en el país hay que expedir 900 mil cédulas anuales nuevas que se incorporan automáticamente al censo.

C.O.T.– ¿De dónde sale la cifra de que hay  1’700.000 cédulas de muertos en el censo?


C.A.S.– En esta administración se hizo un inventario físico, papel por papel, y se llegó a la conclusión de que había 1’782.500 registros civiles de personas que fallecieron pero que por inconsistencias de la información no pudieron ser dadas de baja en el censo. Por ejemplo, y aunque se sabe que alguien está muerto, en el registro no está el número de su cédula, o los nombres y apellidos que aparecen allí no coinciden con los del sistema.

C.O.T.– ¿Cómo puede alguien utilizar en unas elecciones los datos de un fallecido para hacerlo ‘votar’ si uno tiene que presentarse con la cédula?

C.A.S.– Porque en el fraude participan los jurados de la mesa, que pueden suplantar a quienes forman parte del registro de votantes.

C.O.T.– ¿Los políticos interesados en el fraude pueden detectar en el sitio donde quieren hacerse elegir cuántas cédulas de muertos no han sido eliminadas del censo?

C.A.S.– Diría que sí. Si usted durante X números de años detecta un rango de cédulas de personas que no han votado, puede usar los datos de esos no-votantes para organizar un fraude sistemático.

C.O.T.– De ese 1’700.000 cédulas de muertos, ¿cuántas se usan efectivamente para hacer fraude: la mayoría, o son casos aislados?

C.A.S.– Obviamente entre los muertos también hay abstencionismo (risas).

C.O.T.– ¿En que porcentaje han ‘votado’ los muertos?

C.A.S.– Depende: las suplantaciones que se hacen en algunas mesas son del ciento por ciento y en otras no hay ninguna.

C.O.T.– ¿En dónde se concentra la mayor cantidad de suplantaciones?

C.A.S.– En lo que se llama puestos de censo, que son los sitios de mayor concentración de votantes, y en los puestos de votación de sitios rurales apartados de las cabeceras.

C.O.T.– ¿Se podría afirmar que los muertos ‘eligen’ más fácilmente senadores, representantes, concejales y diputados, que presidentes de la República?

C.A.S.– Claro que sí porque con muy poco universo, hay gran impacto. Y el fraude no es notorio porque no es masivo. En los puestos de censo si usted dispone de una base de 150 mil y en vez de esa cifra coloca 165 mil, produce un impacto importante en el resultado. Recuerde que en una lista preferente la diferencia entre el último senador que entró y el primero que tendría derecho a entrar después de él puede estar en 200 votos.

Autonomía del Registrador, en riesgo

El registrador Carlos Ariel Sánchez Torres es abogado del Rosario y se especializó en Derecho Comercial en los Andes y en Derecho Público en Turín (Italia). Ha sido profesor universitario durante más de veinte años y decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la ESAP. Fue presidente del Consejo Electoral y ha estado vinculado a Editorial Legis, la empresa especializada en publicaciones jurídicas, en donde ha escrito alrededor de veinte libros sobre esas materias. Por concurso de méritos, logró llegar a la Registraduría Nacional en un nombramiento que no estuvo exento de polémicas, entre otros motivos, por la novedad en la modalidad de selección.

Precisamente ahora el Gobierno, y en concreto el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, está impulsando dentro de la reforma política, que ya va en cuarto debate en el parlamento, una modificación fundamental en la forma de escoger al Registrador. En la actualidad este funcionario es elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, mediante un concurso de conocimientos y experiencia. Pero de acuerdo con dicha reforma, el sustituto de Sánchez, cuya actuación ha sido evidentemente molesta para el uribismo, sería elegido por el Congreso de la República, hecho que limitaría, a todas luces, la imparcialidad e independencia de su gestión.

Cédula vieja o nueva, puede votar

La depuración del censo electoral colombiano, para que queden incluidos todos los que son votantes pero que salgan aquellos que no pueden serlo porque están muertos, no es el único reto de enormes proporciones que enfrenta la Registraduría, además, desde luego, de la preparación de las posibles jornadas de votación para tres referendos que están en curso, y de las elecciones para Congreso y presidente de la República que se realizarán dentro de doce meses.

El otro trabajo monumental que tiene encima el Registrador Nacional es el de que cinco millones de colombianos acudan a las dependencias de la entidad, gestionen adecuadamente, y la institución procese y entregue las modernas cédulas de identificación que sustituirán tres formatos diferentes que todavía subsisten. Todo el proceso anterior debe estar terminado el 31 de diciembre de este año, porque quienes no reciban su nueva tarjeta quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos, realizar trámites y casi todas las demás tareas de un ciudadano normal.  El único acto que quedó a salvo, y eso porque los políticos no pierden ni una, fue el derecho al voto en 2010: con cédula vieja o nueva, cualquiera puede participar con la confrontación de su huella dactilar.