La tempestad después de la lluvia

Los efectos colaterales de la ola invernal comienzan a aparecer. Mientras el alcalde ofreció rebajas en pago de impuestos y créditos, los afectados bloquearon avenidas.

Pasada la tormenta de la madrugada del jueves pasado comenzaron a surgir los listados de damnificados, las razones de los desastres y las polémicas sobre la realidad de los hechos. El sábado, sobre las cuatro de la tarde, cerca de 400 vecinos de Fontibón salieron a la Autopista Bogotá-Medellín para bloquearla, sustentando sus peticiones en que el Distrito debería solucionarles sus problemas. Una señora dijo: “No es verdad que nos estén entregando ayudas”. El reclamo, sostenían los protestantes, era una respuesta a las declaraciones de la alcaldesa local, Betty Afanador, quien había asegurado a algunos medios de comunicación que, efectivamente, los afectados estaban recibiendo colaboraciones.

Por la noche, el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) desmentía a los portavoces del gobierno distrital con respecto a la cantidad de agua que había caído, pues de acuerdo con sus propias mediciones, estableció que el nivel de precipitaciones en los puntos críticos de la madrugada del miércoles fue de 30 milímetros por segundo y no de 73 milímetros, como lo había indicado el alcalde Samuel Moreno. Asimismo, el instituto sugirió que las dantescas inundaciones se debieron a un precario mantenimiento de los sistemas de alcantarillado. 

El Acueducto de Bogotá entró a terciar de inmediato en el asunto, y aclaró, punto tras punto, en un comunicado oficial, que según los reportes de sus 27 estaciones, encargadas de monitorear las lluvias y los caudales de la ciudad, en la mentada madrugada cayeron 73 milímetros de lluvia y un caudal de 26 metros cúbicos por segundo sobre el río San Cristóbal, afluente del Fucha, dando a entender que ese fenómeno fue el detonante de las inundaciones. El texto del comunicado era categórico. Por una parte decía: “La Empresa de Acueducto invita muy cordialmente al Ideam a que aclare la información relacionada con el tema de las precipitaciones”. Por otro, aclaraba que “las inundaciones nada tienen que ver con las obras de construcción de los colectores de aguas lluvias y la canalización del río Fucha, obras que se iniciaron desde principio del año 2007 y que tienen como fecha de terminación diciembre de 2009, la primera, y octubre de 2010 la segunda. Por el contrario, las obras que se adelantan en el río Fucha permitieron amortiguar alrededor de 300.000 metros cúbicos de agua. El desbordamiento del río Fucha, tal y como se explicó, obedeció a un aguacero que superó los promedios históricos para esa cuenca”.

La razón de la discusión no era tan estéril como parecía. Según el abogado Manuel Alberto Restrepo, “de comprobarse que las inundaciones fueron producto de fallas técnicas o de mantenimiento en las alcantarillas y en los sistemas de desagüe, los ciudadanos tendrían derecho a reclamar al Distrito por la reposición de sus bienes, es decir, a demandar”. En ese caso, los procedimientos para entablar una demanda contra el Estado, explicó el jurista, tienen que pasar por un intento de conciliación ante la Procuraduría, que de ser fallido, pasaría a manos de jueces administrativos.

Algunas horas antes, el alcalde Samuel Moreno había anunciado una política de créditos blandos para los afectados por las lluvias, e incluso, el no pago de algunos impuestos de vivienda, vehículos e industria y comercio. “La administración se vincula acompañando a los comerciantes damnificados”, dijo Moreno el sábado. Instantes después le contarían que en el Atlántico, en el municipio de Manatí, el Gobierno Nacional había decidido entregarles a los campesinos afectados por el invierno sumas de seis mil y once mil pesos. Hubo protestas, indignación y zozobra.

Cinco años atrás, una investigación de Fescol (Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia) sobre “la colombianidad” establecía dentro de sus conclusiones que la actitud pedigüeña de los colombianos partía del mismo gobierno, que época tras época se ha caracterizado por solicitar de forma gratuita diversas sumas multimillonarias, como las del Plan Colombia. Hace tres semanas, el vicepresidente Francisco Santos aseguró que el Plan resultaba nocivo porque significaba “un alto costo político para la dignidad del país”, a lo que el ex presidente Andrés Pastrana —gestor de la colaboración proveniente de Washington durante su período al mando del gobierno— respondió con un comentario lapidario: “El vicepresidente opina que es indignante la forma como Estados Unidos trata al país y yo opino que lo indigno es que haya falsos positivos”, y lo tildó de “parricida” por atacar al plan que según Pastrana es el padre de la política de seguridad democrática. La discusión no se centró jamás en el hecho de pedir, sino en la efectividad del Plan. 

 Para Fescol, pedir ha sido una constante de los gobiernos nacionales. Y si es el presidente quien implanta esa especie de afán por ser beneficiario de la caridad de otros, poco a poco, la actitud va forjando una mella en la ciudadanía que, finalmente, termina por adoptar la misma mentalidad. Las inundaciones de la semana pasada, los bloqueos en la calle 13, las paupérrimas ayudas a los habitantes de Manatí, el anuncio de los créditos blandos para los vecinos de Valparaíso, Fontibón, y la controversia entre las mediciones del Ideam y el Acueducto, han sido ingredientes de un gran plato: el pedir.

Fasecolda, la entidad que agremia a las empresas aseguradoras, calcula que durante esta semana las reclamaciones por pólizas de cobertura de daños comenzarán a atiborrar las oficinas. De estar asegurados los bienes, ya sean locales comerciales, vehículos o viviendas, deberán recibir un salvavidas en medio de los ríos desbordados por el invierno. Los que no cuentan con la misma suerte tendrán, entonces, que esperar a que sus peticiones de ayuda se hagan efectivas.

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