La importancia de los archivos para construir la verdad del conflicto armado

hace 2 horas

David Murcia prefiere declarar ante el Congreso

Diligencia de indagatoria del magistrado del CNE Joaquín José Vives terminó en nada.

David Murcia Guzmán prefiere declarar ante el Congreso de la República —un escenario público, según dice—, que privadamente ante el Consejo Nacional Electoral. Así quedó claro el miércoles tras la negativa del cerebro de DMG a responder las preguntas del magistrado del ente electoral, Joaquín José Vives, quien se desplazó hasta la cárcel La Picota con el fin de conocer detalles sobre la supuesta financiación de la intervenida pirámide a la campaña de recolección de firmas del referendo reeleccionista.

En su negativa, Murcia Guzmán esgrimió razones de seguridad para él y su familia, al tiempo que confirmó que “por ahora no estaría dispuesto a declarar y estaría dispuesto a hacerlo en un escenario público como es el Congreso de la República”, según consta en el documento dado a conocer por Vives sobre lo acontecido en la diligencia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga la presunta violación de topes a las contribuciones individuales que se recibieron con ocasión del proceso de recolección de firmas adelantado por el Comité de Promotores del referendo, al cual, según el mismo David Murcia, DMG habría aportado $5.000 millones.

El procedimiento judicial llevado a cabo este miércoles en La Picota contó con la presencia de los abogados Carlos Julio Delgado, como acompañante del declarante, y René Moreno, apoderado de la Asociación Colombia Primero. Delgado pidió no utilizar el silencio de Murcia Guzmán en su contra, ya que “a pesar de tener como cualquier ciudadano el deber de rendir testimonio, también le asiste el derecho constitucional a no hacerlo”, teniendo en cuenta que su actual condición procesal es la de acusado.

Sin embargo, el magistrado Vives aclaró que en la investigación sobre las cuentas del referendo que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral, David Murcia no tiene la condición de investigado, por lo que su deber es rendir declaración sobre lo que se le pida, advirtiendo que su renuencia sin causa legal es sancionable con multa que oscila entre dos y cinco salarios mínimos.

Queda claro que a pesar de la negativa de Murcia Guzmán de ratificar sus denuncias sobre el aporte de DMG al referendo, el fantasma de la intervenida pirámide seguirá rondando la investigación, encarnado en la empresa transportadora de valores Transval, cuyo socio mayoritario era la empresa de seguridad Provitec, parte del grupo DMG y cuya mayoría accionaria la tenía su cuñado William Suárez.

Como consta en la resolución mediante la cual el Consejo Electoral abrió investigación formal a los promotores del referendo, Transval prestó el servicio de transporte y custodia de las firmas recogidas durante cerca de cuatro meses, según se ha dicho de manera gratuita. Al parecer, hay documentos que demuestran todo lo contrario.