“Seguiré publicando todo aquello que pueda demostrar”

1.– Primero hay que decir que en el trabajo informativo o de opinión, nadie está exento de cometer errores por riguroso que sea. Cuando el periodista se equivoca debe reconocerlo de manera pública.

Cosa distinta sucede cuando algunos tratan de hacer rectificar informaciones verdaderas, violentar las leyes o corregir lo que jamás se ha dicho. En ocasiones esas personas logran su cometido usando influencias sobre algunos operadores judiciales y esto se presenta con más frecuencia en las primeras instancias.

2.– Si existen garantías de justicia imparcial, no hay que temer a los procesos. Lo grave es enfrentarse a personajes influyentes en determinados despachos o en ciertas regiones.

3.– Sí. Por ejemplo, el magistrado José Alfredo Escobar Araújo ha buscado a través de múltiples pleitos que los periodistas no mencionen sus relaciones con Giorgio Sale y ha puesto en marcha una gigantesca estrategia de intimidación judicial. Es inconcebible que un miembro del tribunal que administra la carrera de los jueces, alegue que acude a los estrados como si se tratara de cualquier otro ciudadano.

4.– Claro que la presión se nota y a veces se vuelve un escudo para los involucrados. Frente a esa realidad, la salida es la de investigar más hasta obtener notas invencibles. Pese a esto, hay que contar con que se van a seguirse presentando demandas.

5.– De cada diez casos que investigamos, únicamente dos salen al aire. Unos, porque tenemos alguna duda, por mínima que sea, al final de la investigación. Otros, porque aún estando probados, no revisten interés general y otros pocos, porque a pesar de tener plena certeza sobre ellos, están cimentados exclusivamente en fuentes no revelables y no disponemos de sustento adicional para hacerle frente a eventuales contiendas.

6.– Hemos extremado los métodos de siempre: verificar cada dato de una investigación, no creer en nadie (un viejo maestro del periodismo de investigación decía: “Si su mamá le dice que lo quiere, verifíquelo”); no publicar informaciones basadas en una sola fuente y hacer un ejercicio de corroboración ácida, que consiste en que un miembro experimentado de la redacción haga el papel de “abogado del diablo” para controvertir la noticia. Si pasa esas pruebas, la publicamos. Aún así, nos equivocamos. No es frecuente, pero ocurre.

7.– Hablemos claro. Específicamente, el presidente Uribe ha tratado de subordinar la prensa. Funcionarios cercanos a él creen que pueden convertir el acceso a la información en una vara de premios que ellos administran para favorecer a unos periodistas y castigar a otros. Incluso suponen que tienen la facultad de recriminar a los reporteros que se atreven a hacerle preguntas incómodas al jefe. El periodismo en este gobierno y en cualquier otro debe ser un contrapoder para ser independiente. Los mandatarios demócratas entienden que, aunque no les guste, esa labor es un derecho y un deber democrático y no una agresión personal.

8.– Hasta ahora no hay un caso probado, por lo cual me parece que es una afirmación ligera hecha al amparo del inmenso poder presidencial. Este gobierno tiende a confundir, con malicia, el acceso a las fuentes de información con la simpatía con los grupos guerrilleros. Curiosamente no dicen lo mismo sobre periodistas que han tenido acceso a fuentes paramilitares. No se puede criminalizar la reportería del conflicto, ni condenarla a reproducir la propaganda oficial como fuente única.

9.– Sin duda todo está relacionado. El desmesurado crecimiento del poder presidencial es un peligro para la democracia y la más genuina expresión de la democracia es la libertad de información y opinión. Tenemos que hacer un esfuerzo grande para que más colombianos comprendan que cuando se habla de esa libertad, no se están defendiendo los derechos de unos periodistas sino, esencialmente, el derecho de los ciudadanos a saber lo que está pasando en los centros donde se toman decisiones que los afectan. Los medios deberían informar prioritariamente desde la perspectiva de los gobernados, no desde la visión de los gobernantes. Sé perfectamente que decir eso no es popular en estos días pero no por eso deja de ser cierto.

10.– Los dignatarios tienen todo el derecho a expresar sus opiniones y los periodistas el deber de divulgar todo aquello que sea de interés público aunque resulte incómodo para los poderosos. Por ejemplo, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Nilson Pinilla, preferiría que se omitieran aspectos del clientelismo político y judicial que se viene adelantando desde la Procuraduría General, pero en lo que a mí concierne, seguiré publicando todo aquello que pueda demostrar.

11.– Formalmente hay libertades. Sin embargo, más allá de la letra, los periodistas enfrentamos grandes limitaciones en Colombia. Las amenazas y las presiones políticas y económicas son pan de cada día en muchas redacciones.

12.– Cuando los funcionarios se quedan sin respuestas, apelan a la estrategia de cubrir de sospechas a quien hace las preguntas. Le ha pasado a Semana y a casi todos los medios de comunicación en algún momento, y Noticias Uno no es la excepción. Creo que la mejor contestación es el propio ejercicio periodístico. Por ejemplo, el señor Velásquez, secretario de prensa presidencial y uno de nuestros grandes perseguidores, sabe que en el vergonzoso episodio de Job y la “Casa de Nari”, Noticias Uno encontró una información que favorecía su versión y la publicó con gran difusión. Desde luego no esperamos que nos dé las gracias por cumplir con nuestro deber. Seguiremos haciéndolo cuando les guste y también cuando les disguste.

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