Radiografía de dos décadas de violencia encarnadas en ‘Ernesto Báez’

Desde que se desmovilizó es poco lo que el ex jefe del bloque central Bolívar le ha confesado a la justicia.

Ernesto Báez tiene mala memoria. Cada que se le cita a la Fiscalía para cumplir con sus audiencias de versión libre, en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, suele explayarse en largas disquisiciones políticas, pero cuando se le pregunta por crímenes específicos perpetrados por las autodefensas, elude cualquier responsabilidad personal y circunscribe su testimonio a versiones de oídas. Es decir, oyó decir o se enteró por terceros. Aun así, el ente investigador le endilga participación en 13 violentos hechos de la extensa barbarie paramilitar.

Su situación no es la mejor. Para recibir los beneficios procesales de Justicia y Paz, es obligatoria la confesión. Báez sigue amparándose en el argumento de que lo suyo en las autodefensas fue hacer política, o bien como instructor de los comisarios políticos en distintas regiones del país, o en el peor de los casos como “el escribidor de los textos de Carlos Castaño”. De la violencia que desataron sus aliados poco comenta. Tampoco sabe de los nexos paramilitares con el narcotráfico. De hecho, fue uno de los siete jefes de las autodefensas que se salvó de la extradición.

“Después de casi tres años de encierro, estoy convencido de que aquí tienen que estar los que son”, fue su último comentario procesal el pasado mes de febrero ante un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, porque sigue convencido de que “averiguando cositas” está construyendo su verdad. Los fiscales creen otra cosa. Tienen certeza de que todo lo que compromete a Ernesto Báez ha surgido de sus propias pesquisas y que el personaje que más podría esclarecer los móviles y colaboradores de las autodefensas, sigue jugando a no acordarse.

En cambio, la justicia sí tiene claro quién es Ernesto Báez y cuál ha sido su importancia histórica en el sangriento devenir del paramilitarismo. Él suele presentarse como un abogado de la Universidad de Caldas, nacido en mayo de 1955 en Aguadas y político de tiempo completo, al punto de que su primer cargo público fue como alcalde de La Merced, al norte de Caldas. Además, sostiene que es parte de una familia de 14 hermanos “humilde pero sumamente honorable”, y que parte de ellos, al igual que sus cuñados, ha trabajado en el Congreso de la República.

Sin embargo, desde mucho antes de la Ley de Justicia y Paz, Ernesto Báez o Iván Roberto Duque, como corresponde a su auténtico nombre de bautismo, es un sujeto en la mira de la justicia. Hoy, al margen de los beneficios que ya está recibiendo por formar parte de un ‘proceso de paz’, tiene pendientes dos condenas por concierto para delinquir, derivadas de investigaciones originadas en Caldas, y está vinculado a los procesos por el asesinato del periodista Emeterio Rivas en Barrancabermeja, y al secuestro de la congresista Piedad Córdoba, ocurrido en mayo de 1999. 

Más allá de estos episodios, Báez, como ninguno otro, es el jefe paramilitar que conoce las entrañas del monstruo de las autodefensas y cómo a éste, con el paso de los años, auspiciado por el narcotráfico, le fueron apareciendo interminables cabezas. Basta recordar cómo desde mediados de los años 80, en calidad de asesor y secretario de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), fue testigo de excepción de cómo nació el proyecto paramilitar en Puerto Boyacá y de qué manera intentó mimetizarse a través de un partido político.

Los tiempos en que Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño, entre otros, compartían objetivos militares y políticos, y Acdegam fue la organización de fachada para extender la violencia desde el Magdalena Medio. El mismo triunvirato que arrasó con la


Unión Patriótica, importó mercenarios israelíes e ingleses para entrenar en prácticas de terrorismo a sus ejércitos privados y que, de una u otra manera, quiso entrar por la puerta principal a la política a través del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena).

Todo eso y más lo sabe al detalle Báez. Él prefiere acordarse de que en enero de 1994, cuando ya estaban muertos Escobar, Rodríguez Gacha y Castaño, y él oficiaba como asesor jurídico de la Gobernación de Boyacá, la Fiscalía lo puso preso y pasó varios meses en el patio quinto de la cárcel La Modelo de Bogotá, acusado de la creación de grupos paramilitares y del homicidio del concejal de Puerto Boyacá Jairo Hernández, ocurrido en 1991. Obviamente, salió libre y regresó a sus andanzas. Esta vez, junto a Carlos Castaño, hermano de Fidel, alias Rambo.

Es entonces cuando desaparece Iván Roberto Duque y nace Ernesto Báez de la Serna, según él mismo, en homenaje a Ernesto Guevara de la Serna o el Che. De ahí en adelante, mientras el país expiaba sus culpas por el narcoescándalo del Proceso 8.000, él y sus asociados le daban forma al proyecto de consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que se concretó en 1997. Según Báez, dos años más duró junto a Carlos Castaño, hasta que éste, en una discusión le pegó con la cacha de un revólver. En ese momento, se pasó al bloque Metro.

Con Carlos Mauricio García, alias Rodrigo Doble Cero, anduvo dos años durante los cuales fue testigo de cómo se ejerció la violencia en Antioquia en las barbas de la Fuerza Pública. En septiembre de 2000, según su relato, ingresó al bloque central Bolívar, militarmente esta máquina de guerra estaba al mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, al tiempo que él oficiaba como jefe político. Cronológicamente, este frente de guerra fue el responsable de incontables atrocidades hasta el momento en que las Auc aceptan un proceso de desmovilización y de desarme.

Ernesto Báez dejó sus armas el 12 de diciembre de 2005, es decir, un semestre después de que fuera promulgada la controvertida Ley de Justicia y Paz. En julio de 2004, en una sesión que levantó ampolla en el país, asistió junto con Salvatore Mancuso y Ramón Isaza al Congreso de la República, por invitación de las condenadas ex parlamentarias Eleonora Pineda y Rocío Arias, a la presentación del proyecto político de esta siniestra organización. Desde entonces, en vano la justicia ha tratado de desenterrar sus verdades, claves todas ellas para reconstruir la historia.

Su última declaración fue el pasado 24 de febrero en la cárcel de Itagüí. El propósito de la justicia era conocer sus relaciones con los políticos del sur de Bolívar. Poco dijo, pero entre líneas dejó constancia de ciertas perlas. De acuerdo con Báez, en 2002 organizó campaña política en la región y sus candidatos eran Carlos Galvis para el Senado y Yóber Díaz para la Cámara de Representantes. Un año atrás, fue el vocero a la sombra del Movimiento No al Despeje, exigencia del Eln para entablar diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana.

“Yo podría decir, aunque me queda imposible recordar tantos nombres, que toda la dirección de Asocipaz estuvo con nosotros, toda la dirigencia del sur de Bolívar estuvo comprometida”, aclaró Báez ante la Corte Suprema de Justicia. Y agregó: “La campaña de (Carlos) Clavijo la hice en cinco meses viajando a todas partes”. Como ejercía como portavoz del bloque central Bolívar, tuvo una casa que habilitó para hacer talleres pedagógicos. La llamó La Universidad y, según él, allá fueron desde prelados de la Iglesia hasta sindicalistas, embajadores y parlamentarios.

También reconoció que en San Blas, del municipio de Simití, se creó la Escuela Superior de Estudios Políticos Fidel Castaño y que su oficio era dictarles cursos a los comisarios políticos. A una cuadra funcionaba una fábrica de camuflados de las Auc y un poco más allá una emisora y un dispensario controlado por ellos. “Es que fuimos un Estado en el sur de Bolívar”, admitió. Y a la pregunta de cuántas reuniones promovió en el sur del Bolívar, contestó escueto: “Todas las que pudiera uno imaginarse, doctora”.

Ernesto Báez explicó a la justicia las tres etapas que vivió en el sur de Bolívar a partir del arribo de las Auc. “La primera fue la del movimiento No al Despeje, al que me consagré completamente y me sirvió para mi lanzamiento político. La segunda etapa fue la de


mi actividad política plena con mis candidatos al Congreso. La tercera, hasta 2006, fue la de los talleres pedagógicos para la paz, con el conocimiento del comisionado Luis Carlos Restrepo”.

En cuanto a nombres, propósito de la Corte, el ex jefe paramilitar expresó que en Santa Fe de Ralito le pareció haber visto en un par de reuniones al senador Javier Cáceres, quien le contó la historia de su origen humilde. Sin embargo, aclaró que aunque puso sus ojos en el Senado para Clavijo en 2002, la verdad es que su propósito era llegar al Congreso en 2006. “Eso fue antes de que la Corte Constitucional nos tumbara la sedición (de la Ley de Justicia y Paz). El senador iba a ser yo”, añadió ensoberbecido.

Mencionó al empresario cartagenero Alfonso El Turco Hilsaca, de quien dijo: “A ése sí lo recuerdo porque habló todo lo que quiso”. Se refería Báez a una reunión en la que políticos y empresarios de Bolívar le reclamaron porque no podían hacer proselitismo en esa región. Entre los reclamantes, según Ernesto Báez, estuvo Vicente Blel. Y aclaró que las rivalidades siempre existieron en el interior de las Auc y que lo mejor que le pudo pasar al país fue la desmovilización de sus estructuras. “Esta asquerosa clase política sí que ahondó las divisiones”.

De todos modos, Baéz sigue insistiendo en que él tenía sus candidatos, aunque reconoce que muchos llegaron a pedirle auxilio. “El senador (Luis Alberto) Gil me lloraba. ‘Colabóreme, vea, déjeme meter en tal parte —le decía—, es que yo tengo mis coterráneos allá’ ”. Y seguidamente observó que, como a otros les prometió ayudas y eran mentiras. “Es que la política es una jauría, la antropofagia es su característica número uno”, insistió con su habitual vehemencia, pero en el fondo sin comprometerse con nombres ni escenarios.

“Yo toda la vida he sido un gurú político y respiro política por los poros”, recalcó Báez en su declaración. Dice que sus ‘revelaciones’ las hace por su convicción de cumplirle a la justicia, pero que no tiene interés de atacar ni de defender a nadie. Una certeza de la que no están muy convencidos los fiscales y la propia Corte. Mucho discurso, más ideología, pero pocos datos sustanciales. Es el epílogo de un hombre que fue la mano derecha de los Castaño, que estuvo más de 25 años en las autodefensas y que continúa callando los secretos de la barbarie y los ríos de sangre con que se tiñó Colombia entera por cuenta del proyecto paramilitar.

El bloque Cacique Pipintá

En 1999, en el municipio de La Merced, Caldas, donde fue alcalde Iván Roberto Duque, nació el bloque Cacique Pipintá. Aunque inicialmente sólo tuvo 10 hombres, rápidamente fue creciendo en presencia al norte de ese departamento. Inicialmente el Pipintá dependía del bloque Metro, aunque luego pasó a ser parte del bloque Central Bolívar, al mando del propio Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’. Tuvo auge y gran influencia entre 2002 y 2004. Dominó municipios como Villamaría, Pácora, Salamina, Aguadas, La Merced y Filadelfia, pero su expansión llegó hasta Manizales.

 

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