A indagatoria dos funcionarios de la Comisión de Agua

Responderán por cobrar tarifas costosas a pobres de Cartagena.

Por haber permitido que por medio de un concepto jurídico a 50 mil personas de los estratos menos favorecidos de Cartagena se les incrementaran las tarifas de los costos de aseo en más de un 40%, la Fiscalía llamó a indagatoria a Cristian Stapper Buitrago, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y a José Francisco Manjares Iglesias, ex director ejecutivo de esa entidad.

De acuerdo con la investigación, los mencionados avalaron un concepto jurídico que le permitió a la firma Urbaser de la capital de Bolívar, encargada de prestar los servicios de aseo, aplicar desde enero de 2007 una metodología de cobro que terminó elevando los costos de las tarifas a los barrios de estratos 1, 2 y 3 de la ‘Heroica’. En consecuencia, desde entonces la firma privada Urbaser duplicó sus ingresos irregularmente, según lo estableció en primera instancia la Contraloría General de la República y la propia Fiscalía.

En concreto, mientras a diciembre de 2006, Urbaser recaudaba mensualmente por su servicio $486’703.244, luego del controvertido ajuste hacia enero de 2007 facturó casi $717 millones. Un inusitado incremento que, en criterio de la Contraloría, constituyó un desmesurado cobro por encima de la ley y del contrato suscrito por la firma y el gobierno municipal. “Con la aplicación del nuevo marco tarifario, la comunidad cartagenera ha visto ostensiblemente incrementado el valor de las tarifas a pagar por dicho concepto”, señaló el organismo de control fiscal.

En ese contexto, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cartagena vinculó a un proceso penal a Stapper Buitrago y a Majares Iglesias porque permitieron que se configurara de manera irregular el injustificado incremento que terminó por afectar los bolsillos de 50 mil de los 57 mil usuarios de la empresa Urbaser.

Precisamente, en septiembre del año pasado, en ejercicio de los controles de advertencia de la Contraloría, esa entidad le envió un detallado informe de 12 páginas a la superintendente de Servicios Públicos, Eva María Uribe Tobón, en el que le reseñó que la indebida aplicación de la resolución de la CRA venía perjudicando los intereses de la gran mayoría de los cartageneros y le advirtió el contralor Julio César Turbay Quintero que con urgencia era necesario tomar las medidas pertinentes para evitar posibles daños al patrimonio del Estado y proteger los derechos de los usuarios.

De esta manera pues, los dos funcionarios deberán justificarle en los próximos días a la Fiscalía por qué avalaron el concepto jurídico que le permitió a la firma Urbaser casi doblar sus ingresos por recaudo tras aumentar el valor del servicio de aseo.

 

Nota del Editor:

El nueve de noviembre de 2011 la Fiscalía General de la Nación decidió precluir la investigación adelantada en contra de Cristian Eduado Stapper Buitrago, José Francisco Manjarrés Iglesias, Mayron Aldalberto Vergel, Jesús Raúl Mertínez Acaio, Noris Cecilia Salgado Vergara, Gloria Malo Fernández y Nicolás Curi Vergara por los delitos por los que fueron señalados, cada uno, en este proceso.

En el caso de Cristian Eduado Stapper Buitrago la delegada de la Procuraduría expresó su "extrañeza, por la vinculación apresurada de este Experto Comisionado (sic) al caso en estudio pues su participación se limitó a la asistencia a las comisiones No. 139 y 140 en las que se discutió el tema y en las que ocasionalmente emitió su opinión, al interior de una controversia propia de sus funciones en la Comisión de Regulación..."

En mayo de ese mismo año, ya el Ministerio Público había archivado la investigación contra Majarrés y Sttaper por considerar que estos 1) conforme a las dos certificaciones de los dos últimos directores ejecutivos de la CRA no se emitió concepto de caracter particular que avalara el aumento de las tarifas, 2) que la modificación, aumento o disminución de las tarifas corresponde a la autoridad tarifaria local...