General Padilla pide perdón a víctimas de falsos positivos

El máximo jefe de las FF.MM. escuchó a varias de las madres de Soacha en un debate en ese municipio.

Fueron tres las adoloridas madres que el martes levantaron sus valientes voces para exigir justicia por la muerte de sus hijos, presuntamente asesinados por miembros de la Fuerza Pública para aumentar el récord de bajas de la guerrilla. Tres de las 13 llamadas Madres de Soacha, quienes pidieron además, y como lo vienen haciendo desde que empezó su tragedia, una respuesta. Alguna certeza que les ayude a entender por qué les arrancaron lo más querido.

Así lo demandaron, y no ante cualquiera. El reclamo se lo hicieron al mismísimo comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, durante el debate que realizó la Comisión Segunda del Senado en ese municipio, para tratar el tema de los falsos positivos. Visiblemente conmovido, el general les ofreció disculpas a las víctimas y dijo que “no hay palabras para expresar lo que se siente” y que “lo que ocurrió no es justificable”.

Durante la sesión, que se extendió por más de cinco horas, no sólo se escucharon las voces de las víctimas, sino también denuncias sobre seis posibles nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, críticas a la supuesta inoperancia del Estado al respecto y una preocupante cifra: entre 1998 y 2008 se habrían cometido unos dos mil delitos de este tipo.

Así lo aseguró el senador liberal Juan Manuel Galán, uno de los convocantes de la jornada, quien precisó que el dato es un estimativo basado en algunas estadísticas de la Fiscalía y de Naciones Unidas. “Ellos tienen estimado un mínimo de casos, 1.500, y un máximo que es de dos mil. Es la mayor prueba de que no estamos hablando de ejecuciones aisladas o manzanas podridas”.

En un duro pronunciamiento, Galán exigió a la Fiscalía que responda por la “lentitud” de algunos de los procesos por falsos positivos y aseveró que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, “se equivoca” cuando dice que desde octubre pasado no se presentan denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Aparentemente la ONG Cinep —Centro de Investigación y Educación Popular— tiene registrados seis nuevos casos de los que, sin embargo, no se han dado a conocer mayores datos.

Lo que se informó es que los patrones de los  falsos positivos siguen siendo  los mismos: los delincuentes reclutan jóvenes de zonas marginadas, cuyas familias no cuenten con  oportunidades de acceder a la justicia, para presentarlos como subversivos o  miembros de bandas emergentes.

A todos y cada uno de esos argumentos respondió el general Padilla, quien no sólo atendió las peticiones de las tres madres, sino que con paciencia escuchó los dolorosos testimonios de la esposa y el hermano de dos víctimas.

“Me tocó ir a buscar a mi esposo muerto en Cimitarra, el año pasado… Me dijeron que lo habían matado por guerrillero… Escuché que a algunos de los soldados que reportan bajas les dan premios. Seguramente al que mató a mi esposo le dieron vacaciones, pero mientras tanto a mis hijos los dejaron sin padre”, dijo a punto de las lágrimas Kelly Ruiz, de 30 años.

“Lamento que esto haya ocurrido”, dijo el comandante Padilla, al tiempo que aclaró que “ese comportamiento no está en la naturaleza de la Fuerza Pública”. Según el máximo jefe de los militares, la política de seguridad democrática es también una política “de Derechos Humanos” y en su concepto el Gobierno ha tomado medidas suficientes para pensar que “vamos por buen camino”.

Otra cosa, por supuesto, piensan las familias víctimas de la barbarie que sigue sin esclarecerse del todo, pese a que el presidente Álvaro Uribe destituyó a 27 oficiales y suboficiales por ese tema. “Pareciera que quieren reconocer sus culpas. Sin embargo, el daño ya está hecho”, dijo al final del encuentro una de las acongojadas madres de Soacha.

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