Ley santandereana, ley criolla y opinión

El pasado 23 de septiembre, mientras esperábamos en el Aeropuerto Eldorado la llegada de uno de los profesores invitados a un evento de la Universidad Nacional, le comenté a Beatriz García, quien esperaba conmigo, que había leído en <strong>El Espectador</strong> que iban a tumbar el edificio.

La noticia me había producido la molestia usual entre arquitectos, pero había pasado inadvertida hasta que la reacción de Beatriz me hizo sentir otro arquitecto ciego, bruto y sordomudo: “No puede ser, esto es increíble, no me explico por qué este edificio no tiene declaratoria de conservación”. La respuesta es simple: ni la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), ni el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) hicieron lo necesario para generar, a su debido tiempo, la declaratoria necesaria para todo bien de interés cultural. Parecería que todos, comenzando por la SCA y el IDPC, nos quedamos esperando que alguien más lo hiciera. Únicamente estas  dos instituciones son las que tienen el poder y el deber de hacerlo. Claro está, si lo consideran necesario.

El caso se asemeja al de los Robin Hood Gardens en Londres. Hablamos de un conjunto de vivienda de los años 60 también a punto de ser demolido esencialmente por lo mismo: la institución inglesa English Heritage (EH), equivalente británica al IDPC bogotano, no lo protegió. El representante de EH justificó que el conjunto no está listado (not listed)  porque no les pareció tan importante como otros de la época que sí incluyeron. En ambos casos, estar por fuera de la categoría de bien de interés público significa lo mismo: quedar a criterio del dueño. Por lo pronto, la Aerocivil, dueña de Eldorado, lo va a tumbar. Considerando que el nuevo diseño prescinde por completo del añejo terminal, es necesario cooperar con esta institución gestionando alternativas de reutilización para el edificio. Por ejemplo, un hotel.

Para revertir la decisión de demolición hay dos posibilidades: convencer u obligar a la Aerocivil. Para convencer habría que argumentar y negociar; para obligar, se tendría que expedir una declaratoria de emergencia: un documento que se convertiría en una norma legal.

En mi opinión, insistir con una declaratoria tardía se parece más a un acto de expiación que una acción efectiva, pasando eventualmente de una declaratoria de conservación a una declaratoria de guerra. Aún considerando que un providencial jurisconsulto pudiera garantizar que se puede obligar a la Aerocivil, sería preferible optar por convencer, acudiendo a los valores patrimoniales y arquitectónicos del conjunto. El intento de enmendar un error con otro parecería conducir al criollismo de inventar una ley para legitimar lo que en condiciones normales de jurisprudencia sería una vagabundería. Parecería más bien una salida extemporánea por parte de unas instituciones arrepentidas y desesperadas, tratando de aplicar homeopatía a un bañista recién mordido por un tiburón.

Legalidades aparte, lo que hay que pensar es cómo evitar que Eldorado corra la misma suerte del Claustro de Santo Domingo, caído en desgracia porque al presidente Eduardo Santos le “pareció” que ahí debía ir el Edificio Murillo Toro. Hay que pensar también que, en boca de la Aerocivil y Opaín, la frase “sustitución del terminal actual” significa “parqueadero para seis aviones”. Además, según dijo uno de los invitados al evento universitario mencionado: se llega a un punto en que la conservación ya no se logra mediante normas, sino, únicamente, a través de la opinión pública.

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