Reino Unido canceló ayuda militar al país

Falsos positivos y asesinato de sindicalistas fueron revisados por el Parlamento Europeo.

“Nuestro proyecto bilateral de Derechos Humanos con el Ministerio de Defensa de Colombia cesará”. Así sentenció David Miliband, canciller británico, el nuevo curso que su país les dará a los cerca de $642 millones anuales girados por concepto de ayuda militar hacia Bogotá. La postura oficial del Reino Unido fue consignada en un comunicado escrito el pasado 31 de marzo. Pero la prensa internacional reveló ayer que la decisión no obedece a razones administrativas, sino al escándalo de los falsos positivos en las Fuerzas Armadas colombianas.

El diario londinense The Guardian, citando a un representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó de “extendida y sistemática” la muerte de civiles reportados como terroristas caídos en combate, y resaltó que actualmente se investigan en Colombia 1.296 casos.

Sin embargo, el anuncio no afectará a la totalidad de la ayuda británica. En el mismo comunicado, Miliband aseguró que su gobierno asignará el próximo año cerca de $846 millones para proyectos contra la impunidad, y que los más de $3.000 millones que destina a la lucha antinarcóticos serán asumidos por la oficina de la ONU en Bogotá.

El gobierno británico seguirá financiando los proyectos de Derechos Humanos a cargo de organizaciones civiles. “Es un golpe severo a las Fuerzas Armadas por parte de un gran aliado”, le dijo el viceministro de Defensa colombiano, Sergio Jaramillo, al periódico londinense.

Una decisión anunciada

Durante la presente década varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos habían emprendido en Londres una fuerte campaña de oposición a la cooperación militar con Colombia.

En julio de 2004 una docena de ONG, entre ellas Oxfam, Christian Aid y Casa Alianza, enviaron una petición acusando al Gobierno colombiano, y en particular a la política de Seguridad Democrática, de causar reiteradas violaciones a los Derechos Humanos.

Tres años más tarde la misma petición fue presentada por un grupo de legisladores del Partido Laborista, en el poder, que reportó cerca de 4.000 asesinatos de sindicalistas desde los años 90.

La estrategia más reciente contra la ayuda militar británica tomó lugar a comienzos de abril, cuando una delegación de políticos y líderes sindicales del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá se entrevistaron en Colombia con organizaciones civiles, sindicalistas, políticos y representantes del Gobierno.

“No tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el Gobierno colombiano de Álvaro Uribe y la Fuerza Pública son cómplices de abusos de Derechos Humanos”, dijeron representantes de esa comisión en rueda de prensa desde el Congreso colombiano.

Según un informe de la ONG inglesa Justice for Colombia, la ayuda militar británica estaba destinada a entrenamiento de operaciones antinarcóticos y contra minas personales, además de la enseñanza de Derechos Humanos a tropas colombianas.

Después de la decisión del Reino Unido, varios sindicatos colombianos, europeos y estadounidenses enfocaron su estrategia en el Parlamento Europeo. Este miércoles, en una reunión le pidieron a los parlamentarios no concluir el Tratado de Libre Comercio (TCL) con Colombia si no mejora la situación de los derechos humanos en el país.