En el radar de la Corte 33 congresistas

Alto tribunal indaga si algunos parlamentarios que votaron a favor de la reelección también recibieron prebendas del Gobierno, como Yidis.

El 22 de septiembre de 2005, durante la revisión del acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata, el magistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño puso en discusión de la Sala Plena un asunto candente. Según él, para aprobar el acto legislativo, 71 parlamentarios que tenían familiares ocupando altos cargos en el Ejecutivo incurrieron de manera irregular en un carrusel de absoluciones para eludir un posible conflicto de intereses al votar la reforma constitucional.

Una congresista que se declaró impedida “por haber logrado que el Gobierno invirtiera en su región” fue Yidis Medina Padilla. Hoy se sabe que las cuotas burocráticas que recibió en entidades del Magdalena Medio por parte del Gobierno se dieron como contraprestación a su voto favorable a la reelección. Así lo sentenció la Corte Suprema de Justicia en su condena y en las que les impuso a los ex parlamentarios Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus. Y, contrario a lo que pudiera pensarse, la investigación de la yidispolítica en la Corte, lejos de terminar, avanza con un súbito impulso.

Tal parece que la Corte está decidida a destapar los otros “yidis” y “teodolindos” que han pasado de agache y que también habrían recibido prebendas del Ejecutivo por haber votado la reelección. En ese contexto, en la sentencia contra Díaz Mateus el alto tribunal dejó entrever que la yidispolìtica está lejos de tener un punto final y no descartó que podrían ser vinculados otros congresistas al proceso. El Espectador conoció que la Corte, efectivamente, está adelantando averiguaciones en este sentido y que tiene en la mira, por ahora, a 33 parlamentarios que le dieron su bendición, en 2004, al acto legislativo que aprobó la reelección.

“Yidis Medina y Teodolindo Avendaño son apenas la punta de lo que ocurrió”, dijo una fuente que conoce el proceso. Investigadores de la Corte revisan a los 71 congresistas que, según el magistrado Jaime Córdoba, “burlaron el régimen constitucional del conflicto de intereses” porque tenían familiares en altos cargos de la Rama Ejecutiva cuando votaron la reforma constitucional. Y, en concreto, se indaga si después de haber apoyado la iniciativa gubernamental se vieron beneficiados por el Ejecutivo de alguna manera.

El Espectador supo de tres ex congresistas que están en el radar de la Corte: Jaime Alejandro Amín, Jorge Luis Caballero —condenado por nexos con paramilitares— y Tony Jozame Amar, actual embajador de Colombia en Brasil, quien podría verse abocado a dar explicaciones sobre nombramientos de personas cercanas a él y a su corriente política en Caldas. Por ejemplo, el 23 de noviembre de 2004, Guido Echeverri, director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), renunció a su cargo. Veinte días más tarde fue nombrado su reemplazo, Mauricio Arias, ex alcalde de Manizales y antiguo asesor de Jozame.

Arias fue investigado en 1997 por una compra de lotes de forma aparentemente irregular y un fiscal seccional de Manizales le impuso detención preventiva. En 1997 la Caja de Vivienda Popular de ese municipio firmó un contrato para comprar 59 hectáreas con el propósito de construir viviendas de interés social en los lotes conocidos como Santa Ana y San Sebastián. El contrato tenía un valor de $7.000 millones. La Fiscalía encontró anomalías en la contratación, que se habría efectuado sin realizar estudios periciales. Aún así, Arias fue nombrado como director de la ESAP.

En principio, este nombramiento no tendría nada de sospechoso, habida cuenta que Jozame votó negativamente la reelección. Incluso, en sus declaraciones públicas, durante la primera vuelta del acto legislativo, se pronunció en contra del proyecto. Sin embargo, para la segunda vuelta de la discusión de la reforma, Jozame pidió un permiso para ausentarse unos días del Congreso y, curiosamente, su reemplazo votó favorablemente la reelección. Como si fuera poco, Michael Jozame, su hermano, figura como asesor del programa de paz y desarrollo de Acción Social y, al parecer, ha firmado tres contratos con esta entidad, que revisan con lupa los investigadores.

La lista sigue. Jaime Alejandro Amín, ex representante a la Cámara por Atlántico, tendría que dar explicaciones sobre dos nombramientos de familiares en cargos del Ejecutivo. Su esposa, Claudia Margarita Betancur, se posesionó como notaria sexta de Barranquilla para la época del debate reeleccionista. Y su cuñado, Javier Ernesto Betancur, fue nombrado por el Gobierno en el consulado de Asuntos Generales en Nueva York. Amín, además, es el actual secretario general de la Gobernación de Atlántico.


También hay dudas sobre el ex representante a la Cámara Jorge Luis Caballero, quien aceptó haber sido beneficiado por grupos de autodefensa. Según las pesquisas de la Corte, un ex concejal adscrito a su movimiento en el Magdalena se habría posesionado como notario en Pueblo Nuevo, un pueblo pequeño controlado por los paramilitares y que, antes del trámite de la reelección en el Congreso, no contaba con ninguna notaría. Fuentes consultadas por este diario dicen que el escándalo yidispolítico tocaría a 33 congresistas que votaron la reelección y a por lo menos cinco altos funcionarios del Gobierno.

En la sentencia contra Teodolindo Avendaño se ordenaron investigaciones contra la asesora de la Secretaría General de la Presidencia, Claudia Salgado, y Juan David Ortega, actual secretario del Ministerio de Agricultura. “Existen testimonios de que ellos no sólo hacían el ofrecimiento a los parlamentarios de cargos en hospitales, notarías y en el exterior, sino que hacían seguimiento posterior al nombramiento y verificaban que a los congresistas sí les cumplieran. Además estaban en el recinto del Congreso llevando, aparentemente, el registro de qué congresista se retiraba y cuál se quedaba en el momento de la votación de la reelección”, agregó un investigador.

Así, pues, quienes pensaron que la investigación de la yidispolítica era un capítulo muerto en la Corte Suprema de Justicia, están más equivocados que nunca. Todo apunta a nuevas revelaciones sobre este escandaloso episodio que desde hace un año tiene enfrentados al Gobierno y la Corte. Más allá de los hallazgos de la justicia, una cosa es segura: está por atizarse aún más este pulso.

El carrusel de los impedimentos

En su salvamento de voto de la reelección presidencial inmediata, que hoy es objeto de análisis por la Corte Suprema de Justicia, el entonces magistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño precisó que, durante el trámite del acto legislativo de la reelección, 43 parlamentarios se declararon impedidos por tener familiares cercanos en cargos de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo. Cuatro congresistas, por tener familiares como accionistas de empresas concesionarias del Estado. Otros tres por tener familia en gobernaciones o alcaldías. Y  20 parlamentarios más, sin contar a Yidis Medina,  se declararon impedidos por tener ex colaboradores o allegados en altos cargos del Estado.

Aún así, sostuvo el magistrado Córdoba, burlaron el régimen constitucional de conflicto de intereses con el único fin de participar en la votación de la reforma y aprobarla, acudiendo al insólito carrusel de absoluciones mutuas de inhabilidades. “Ningún congresista consideró procedente apartarse de la votación de impedimentos de personas que, a su vez, se declararon impedidas por las mismas razones por las cuales ellos habían manifestado su propio impedimento”.

Gracias a esta fórmula, añadió Córdoba, todos los impedimentos fueron negados y los 71 parlamentarios que tenían familiares en altos cargos de la Rama Ejecutiva pudieron votar favorablemente la reelección. Estas consideraciones que expuso Córdoba Triviño para oponerse a la constitucionalidad de la reforma son ahora sustento de la Corte Suprema para determinar si hubo otros parlamentarios que habrían sido beneficiados por el Gobierno.

Por lo que se ve, es mucho lo que le falta a este escándalo judicial y político.

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2009-06-15T21:28:00-05:00

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Redacción Judicial

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