Periodismo y posconflicto: retos y desafíos para el próximo cuatrienio

hace 1 hora

Primer ‘round’ para los Araújo

Fiscalía archiva el expediente que les seguía por el delito de secuestro.

Hace dos años y cuatro meses, al naciente escándalo de la parapolítica se sumó el capítulo más mediático: la orden de detención contra el senador Álvaro Araújo Castro, hermano de la entonces canciller María Consuelo Araújo. Con un agravante frente a los demás procesados: junto a su padre, el ex congresista Álvaro Araújo Noguera, fue también sindicado del delito de secuestro. Ayer, después de un examen probatorio donde el secuestrado, su hijo, su cuñada y el hermano que motivó la imputación testificaron que los Araújo no eran culpables, finalmente la Fiscalía desistió de acusarlos por secuestro.

Una historia que en diciembre de 2006 llegó de la mano del ex alcalde de Valledupar y ex cónsul en Barquisimeto (Venezuela) Eliécer Ochoa Daza, al entregarle al vicepresidente Francisco Santos un escrito con el relato del secuestro de su hermano Víctor, según él perpetrado por el paramilitarismo en enero de 2002 en el Cesar, con el aval de los Araújo como beneficiarios y partícipes. Santos remitió la carta a la Corte Suprema y en febrero de 2007 los Araújo estaban sindicados de un plagio denunciado casi cinco años después de cometido.

Desde entonces la investigación se dio entre situaciones inusuales. A pesar de que el episodio del secuestro sirvió como argumento para reforzar la imputación de concierto para delinquir contra Araújo Castro, a la hora de las definiciones en la Fiscalía se escindió el expediente. El proceso por secuestro siguió su curso y desde sus primeras pesquisas quedó sujeto a la decisión de darle valor o no a la retractación que fueron haciendo los Ochoa y sus familiares, mientras la justicia protagonizaba con la captura del ex ministro Araújo Noguera en Venezuela y su posterior deportación a Colombia.

El pasado 16 de abril, la Fiscalía  ordenó enjuiciar a los Araújo porque estaba segura de que el secuestro de Víctor Ochoa se produjo para sacarlo del juego electoral en 2002 y obligar a su copartidaria Juana Ramírez a aceptar el segundo renglón en la lista al Senado de Araújo Castro, favoreciendo sus intereses. Pero nada pudo probarse y la Fiscalía dio marcha atrás en sus acusaciones. Ni los Ochoa, en calidad de víctimas, ni Juana Ramírez que jamás aceptó que su lugar en la lista de Araújo hubiera sido impuesto contra su voluntad, ni Jorge 40 cuando fue requerido, los señalaron. El secuestro existió, pero los Araújo no participaron.

En una providencia de 64 folios, en contraste con la de 109 que escribió hace tres meses el fiscal William Portela para argumentar que los Araújo sí eran culpables, el ente investigador le puso punto final a un error judicial. Lo habían advertido en sucesivas columnas de opinión los editorialistas Enrique Santos, Patricia Lara o Plinio Apuleyo Mendoza. Un expediente con tantas dudas no daba como para sostener una imputación cercana a los 40 años de prisión. Sobre todo porque Eliécer Ochoa, cuando originó el proceso con su carta al Vicepresidente, según lo admitió después, lo hizo en estado de confusión y alterado por su seguridad.

Ochoa fue uno de los principales testigos de Colombia en sus acusaciones contra el jefe guerrillero de las Farc Simón Trinidad en Estados Unidos, y cuando la emprendió contra los Araújo en 2006 lo mortificaba saber que su esposa Carmen Alicia Rivera, en una cancillería orientada por María Consuelo Araújo, no hubiera salido escogida para sucederlo en el consulado de Barquisimeto. Los Ochoa y los Araújo eran conocidos en el Cesar. Las dos gestiones de Eliécer Ochoa como alcalde de Valledupar se hicieron con el apoyo de los Araújo. ¿Los acusó del secuestro en represalia por la negativa del consulado?

Más allá de especulaciones, lo cierto es que los Araújo, por primera vez en 28 meses, le ganaron un round a la justicia. Álvaro Araújo Noguera quedó en libertad, mientras su hijo enfrenta un juicio por el delito de concierto para delinquir. A este último la Fiscalía pidió condenarlo, pero en una exposición de casi cinco horas, el agente especial de la Procuraduría, Camilo Montoya, concluyó que no puede respaldar esa solicitud. Su argumento central es que existe una zona de penumbra en el expediente e insuficiente convicción para relacionarlo con grupos de autodefensa.

Según Montoya, no son atípicos y están descontextualizados los resultados electorales de 2002 que aparecen en el publicitado estudio de la politóloga Claudia Nayibe López; no hay prueba directa de que Araújo haya concertado con los paramilitares para ganar en el Cesar; tampoco que Jorge 40 tuviera influencia en el sur del departamento donde mandaba Juancho Prada; y la testigo estelar, Dioselina Ramírez, a través de un testimonio “impreciso y evasivo”, terminó dando tres versiones distintas ante la Corte, una fiscal y la jueza especializada. El expediente contra los Araújo empezó a derrumbarse.

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