Las venas rotas de Cajanal

Fiscalía documentó cómo a través de una tutela ficticia se ordenaron pagos ilegales por más de $5 mil millones.

La justicia acaba de documentar el último capítulo del multimillonario desfalco a Cajanal por el que, en cifras redondas, se han perdido cerca de $500 mil millones y que motivó hace menos de un mes la intervención y liquidación de la empresa por parte del Gobierno Nacional. En reciente decisión del pasado 3 de julio, un fiscal especializado profirió medida de aseguramiento contra Ómar Cabrera Polanco, varios de sus socios del pool de abogados, antiguos funcionarios de Cajanal y la ex secretaria de un juzgado especializado de Bogotá, porque a través de una tutela apócrifa defraudaron al Estado en más de $5.103 millones.

La historia es así: el 13 de diciembre de 2002 Cajanal fue informada de una sentencia de tutela en la que se ordenaba la reliquidación pensional y laboral de 218 maestros a quienes, supuestamente por orden del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, se les incrementaron las mesadas en varios millones de pesos. Para la muestra dos botones representativos: los docentes Alberto Giraldo y Diomedes Cadena Perdomo, por ejemplo, recibieron irregularmente de manera retroactiva $116 millones y $75 millones de más a lo que les correspondía por ley.

Durante tres años Cajanal desembolsó los dineros hasta que se descubrió la treta. Como había ocurrido en otros despachos judiciales, en una estrategia que compartió en ocasiones anteriores con su hermano Armando –el otro cerebro del desangre fiscal de Cajanal–, Ómar Cabrera Polanco falsificó una tutela que, con la complicidad de funcionarios de la intervenida Caja de Previsión Social y de la ex secretaria del Juzgado Tercero de Bogotá, Rosalba Fonseca Florido, permitió el desfalco. Los hechos fueron denunciados en mayo de 2005 por el propio juez Carlos Milton Fonseca, quien se percató de que su firma había sido adulterada para perpetrar el fraude.

Armando y Ómar Cabrera Polanco no son ajenos a las investigaciones judiciales. Pese a que figuraban con antecedentes penales por sucesivas condenas a 7 y 12 años de prisión, respectivamente, desde el año 2002 emprendieron su gestión de demandas y tutelas contra Cajanal a través de una operación sencilla: apoderar a miles de maestros con el fin de mejorar sus prestaciones legales acudiendo a mecanismos fraudulentos y, sin que ellos se percataran, apropiarse de esos dineros.  En septiembre de 2006, un reporte de las Fuerzas Militares con destino a la Fiscalía señaló que sin un origen claro, inexplicablemente las finanzas de los Cabrera subían como espuma.

En octubre pasado un fiscal especializado acusó a Armando Cabrera de haberse apropiado de más de $100 mil millones de las arcas de Cajanal irregularmente. El ente acusador constató que a medida que la Caja de Previsión Social era afectada por fallos de jueces que hoy son objeto de investigación, el patrimonio líquido de los Cabrera aumentaba desproporcionadamente. Y mientras la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía avanzaba en las pesquisas, varias personalidades del Huila e, incluso, el ex presidente del Congreso, Hernán Andrade, se beneficiaron de millonarios préstamos que les giraron los hermanos Cabrera.

En la reciente decisión del fiscal Ángel Gabriel Moyano se determinó la última jugada de Ómar Cabrera Polanco para enriquecerse. En esencia, el expediente gira en torno a la tutela 245 de 2002 que ordenó la reliquidación pensional de 218 maestros. La Fiscalía estableció que dicha tutela no existió, nunca fue fallada ni repartida a juez alguno en Colombia y que quien descubrió el fraude fue el juez Carlos Milton Fonseca. Su entonces secretaria, sin embargo, hizo parte de este cartel de abogados y se prestó para adulterar el supuesto fallo judicial y darle visos de legalidad.

“Estos actos de corrupción contra Cajanal llevaron a que el Gobierno decidiera acabar con la entidad y entregar el manejo de los dineros a una fiduciaria; porque allí los dineros del Estado se hallaban en peligro de apropiación de todas las organizaciones criminales que, aparentando legalidad con procesos laborales, buscan enriquecerse ilegalmente”, señaló el fiscal Moyano en su providencia de 93 páginas en la que impuso medida de aseguramiento contra Ómar Cabrera Polanco por el delito de falsedad en documento público. En la misma decisión, se precluyó el proceso en favor de su hermano Armando y de su socio Jeiner Guilombo, llamados a juicio en otro caso por enriquecimiento ilícito.

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