Diez años de la toma de Puerto Rico (Caquetá)

Hace seis años los familiares de policías secuestrados no reciben noticias de ellos.

“Todos los policías que estábamos en Puerto Rico teníamos el presentimiento de que en cualquier momento se iba a presentar un ataque contra la estación. Ya había sucedido en El Billar (Caquetá), Mitú (Vaupés) y Miraflores (Guaviare) y seguramente iba a pasar allá. Lo que no nos imaginábamos era que sería con 500 guerrilleros y hasta una tanqueta hechiza, que fue la que despedazó el puesto de policía”.

El agente Salvador Amaya Rozo recuerda perfectamente los dos primeros días de la peor etapa de su vida. El viernes 10 de julio de 1999 a las cinco de la mañana empezó el ataque guerrillero, el domingo 12, a mediodía, ya no tenían munición para defenderse y a las 3 de la tarde él y otros 28 policías eran amarrados y llevados secuestrados selva adentro.

La pesadilla de Amaya duró 23 meses, cuando en junio de 2001 fue liberado gracias a un acuerdo entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana, el cual permitió que retornaran a su hogar 22 de los policías de Puerto Rico. Hoy siente la obligación de estar al lado de las familias de sus compañeros que combatieron junto a él y que 10 años después siguen secuestrados.

El sargento José Libardo Forero, los intendentes Carlos José Duarte, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero y Wilson Rojas Medina esperan no cumplir un aniversario más en cautiverio. Durante el fin de semana todos serán recordados y se pedirá por su liberación mediante una marcha, una eucaristía, una ofrenda floral e incluso una visita de sus familiares y amigos a Puerto Rico.

“La jornada de la solidaridad por los secuestrados”, como la han denominado, es organizada por las familias de los policías secuestrados y la Oficina de Paz del Meta, la Policía y varias organizaciones sociales.

Una separación obligada

El Espectador habló con varios de los familiares de estos uniformados y sin lugar a dudas lo que más les duele, además de la ausencia obligada, es que los esposos y padres no han podido ver los cambios de sus hijos que eran bebes o niños hace 10 años y hoy algunas incluso son madres.

“Lo que más me duele es que él no ha estado en esas fechas tan importantes para mí como mis cumpleaños, mi primera comunión, mi graduación de bachiller y el nacimiento de mi hija”, dice con tristeza Jennifer Duarte, hija del intendente Carlos José Duarte, quien tenía ocho años cuando lo secuestraron.

Carlos José, su otro hijo, añora probar una comida echa por su padre, quien tiene la fama de excelente cocinero.

El sargento José Libardo Forero Carrera dejó dos hijos, Ánderson y Noli, quienes hoy tienen 18 y 14 años respectivamente.

“Cuando él regrese vamos a hacer una gran fiesta para celebrar el  cumpleaños de mi papá y el mío, porque cuando se lo llevaron yo acababa de cumplir ocho años. Esa celebración quedó pendiente desde hace diez años y hoy tengo 18, los cuales también debemos celebrar”, dice Ánderson Forero.

Para Vaney Caterine Romero, hija del intendente Jorge Humberto Romero, estos diez años han sido muy dolorosos y difíciles, porque su padre no ha estado a su lado en esas fechas tan importantes como su primera comunión o el vals de sus 15 años: “La copa quedó servida y él no ha regresado. Hoy tengo 16 años y mi esperanza es que cuando me gradúe de bachiller, este año, mi papá pueda estar conmigo”, manifiesta Vaney.

Por su parte, el ex gobernador del Meta Alan Jara Urzola, quien permaneció más de siete años secuestrado, fue uno de los que compartió tres años de cautiverio con los policías de la toma de Puerto Rico.

“Recuerdo que cuando llegué  ellos ya llevaban tres años secuestrados y me daban ánimo para que resistiera esta situación. Me decían que lo más difícil eran los primeros años y que luego uno se adaptaba. Todos ellos estaban en las clases de inglés y ruso que yo daba en la selva. Tuvimos una relación de amistad muy bonita y compartimos muchas cosas durante esos tres largos años, todos ellos son de una condición humana muy grande”, explicó Jara Urzola, liberado en febrero de este año.

“El Gobierno Nacional y la guerrilla deben flexibilizar las posiciones para que se llegue a un acuerdo que permita el intercambio humanitario”, explicó el ex gobernador.

Las cinco familias de estos policías llevan más de seis años sin recibir alguna prueba de supervivencia y todos coinciden en decir que es la época más dura de la agónica espera de 10 años.

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