Nace plataforma para seguir el pulso al asesinato de líderes sociales y el futuro de excombatientes

hace 56 mins

“Álvaro Gómez amenazaba la estabilidad del Gobierno”

<strong>El Espectador</strong> revela lo que le dijo a la justicia el ex ministro Fernando Botero Zea sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

En el mes de septiembre de 1995, cuando el escándalo por la narcofinanciación de la campaña “Samper Presidente” estaba en su peor momento, el Gobierno elaboró un memorando de circulación restringida en el que se planteaban propuestas urgentes para amainar la crisis del proceso 8.000, con el fin de desviar la atención de la opinión pública y otorgarle un respiro político a Ernesto Samper Pizano. En ese contexto de polarización, temor del Ejecutivo por un posible golpe de Estado y la ingobernabilidad latente por el fantasma de las mafias, el 2 de noviembre de ese año ocurrió el magnicidio del jefe conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Así lo testimonió el pasado 9 de junio en Ciudad de México, durante más de 10 horas, el controvertido ex ministro de Defensa Fernando Botero Zea. Su declaración pretende evitar la impunidad que ha rodeado este expediente desde hace 14 años. De los 14 procesados inicialmente, sólo dos fueron sentenciados y no hay ningún autor intelectual. Según Botero Zea —condenado a 30 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, tras apropiarse de US$1 millón de la campaña de Samper—, ese intento por parte del Ejecutivo de darle un giro a la agenda política lo hace sospechar de que el asesinato fue un crimen de Estado.

Para capotear el difícil escenario político y disminuir el incendio del 8.000, según Botero, el Ejecutivo diseñó un documento “que hiciera que el país estuviera detrás del Gobierno en apoyo de su iniciativa”. Se barajaron propuestas para desmilitarizar una zona y negociar con las Farc, asumir una posición más vehemente en relación con el diferendo limítrofe con Venezuela, así como defender el disputado territorio marítimo con Nicaragua o, en general, cualquier hecho “que estremeciera al país” y lograra gran consenso nacional. Y Botero refirió que el impacto del magnicidio, aunque temporal, sí eclipsó la tormenta judicial desatada por la infiltración del cartel de Cali en la Casa de Nariño.

Desesperado por el tren de los acontecimientos, el entonces ministro de Gobierno, Horacio Serpa, le contó a Botero en varias ocasiones que temía que el prestigio y la estatura política de Álvaro Gómez pudieran unir la oposición y representar una amenaza para la estabilidad de la jefatura de Samper. Serpa visitó en más de 30 oportunidades a Botero mientras estuvo detenido en la Escuela de Caballería, en el norte de Bogotá, entre agosto y diciembre de 1995, y Ernesto Samper hizo lo propio un par de veces. En una de estas reuniones, dijo Botero Zea, Serpa le contó que se había dispuesto la vigilancia por parte de las autoridades a las actividades de todos los opositores del Gobierno, incluido el doctor Gómez Hurtado. Vigilancia que se hizo más extrema los últimos dos meses de su vida.

“La única figura política capaz de transformar una oposición fragmentada en una unificada, sólida y coherente era la del doctor Álvaro Gómez”, relató Botero, y a renglón seguido expresó que unos días después del magnicidio habló con el presidente Samper “y el comentario, muy propio de su personalidad, era una combinación de una tristeza protocolaria con una sensación de alivio por las implicaciones políticas”. Precisamente, Botero Zea le pidió a la justicia que se analizara el efecto político del crimen y a quién benefició. El ex ministro señaló que en los encuentros que sostuvo con Horacio Serpa se hacía referencia al papel que podía jugar en la crisis del 8.000 el doctor Álvaro Gómez.

Por ejemplo, él y Samper seguían con sigilo los editoriales de El Siglo, a medida que se iba radicalizando la percepción de Álvaro Gómez sobre el gobierno Samper. En el entretanto, Samper y Serpa, al decir de Botero, le prometieron tramitar una ley que cambiaría la figura jurídica del enriquecimiento ilícito con el fin de lograr su liberación inmediata, “con la estrategia muy clara de mantenerme tranquilo y en silencio”. La ley nunca prosperó y sí, en cambio, la animadversión del entonces Presidente de la República hacia él cuando, en enero de 1996, atizó el escándalo al revelar que Samper sí sabía de la financiación de las mafias a su campaña.

Para explicar por qué está convencido de que el magnicidio fue un crimen de Estado, Botero insistió: “El 8.000 estaba carcomiendo la administración y el doctor Gómez era una enorme amenaza por su prestigio. Se registraba con preocupación una postura cada vez más dura con respecto al Gobierno. El análisis de éste, además, era que había que alterar la agenda nacional (...) y se lograra lo que Samper denominó el gran pacto nacional”. Esta ofensiva del Ejecutivo por recuperar la credibilidad buscaba atacar la subversión o el terrorismo pero no el narcotráfico, por “la baja credibilidad que tenía el Presidente en esta materia”.

De la misma manera, el condenado ex ministro Botero dijo que no había la menor duda de que en el momento del magnicidio el Gobierno “estaba entrando en la muerte china de las mil heridas” y había que sustituir con urgencia esa cascada de malas noticias. Además, que un Gobierno tan debilitado como el de Samper Pizano generaba preocupación a las Fuerzas Militares, y en ese contexto, Gómez Hurtado era una figura respetada por los mismos y se temía que pudiera complotar contra el Ejecutivo. Con su muerte, añadió, “se eliminó la más seria amenaza para la estabilidad del Gobierno y se convirtió en un hecho profundamente intimidante para la oposición”.

Interrogado por la Fiscalía sobre lo que sabe de la Brigada XX de inteligencia militar, a la que se le endilga responsabilidad en este hecho, Botero manifestó que ésta era sofisticada y tenía tecnología de comunicaciones y entrenamiento americano. Agregó que nunca supo del manejo de los gastos reservados en esa unidad y que, como ministro, trató de tener a las Fuerzas Militares totalmente al margen de la crisis política, por razones elementales de seguridad. La Fiscalía también lo indagó sobre si trató a Santander López Sierra, conocido como El Hombre Marlboro y extraditado a Estados Unidos. Botero respondió: “Sabía que tenían (Samper y Serpa) amistad personal con él y que había hecho aportes financieros a la campaña”.

Luego de contar detalles conocidos acerca de cómo el Gobierno aceitó el Congreso para absolver a Samper, o buscó un protagonismo que mandara al sótano el escándalo del 8.000, Botero añadió que nunca supo que Álvaro Gómez conspirara contra el Gobierno y que los llamados conspiretas utilizaron su nombre sin su consentimiento. De cualquier manera, en los escenarios difíciles de la administración Samper, el magnicidio de Gómez terminó por desestabilizar más el país. Por último, contó que el coronel Germán Osorio, jefe de seguridad de Samper en su campaña, tuvo una relación cercana con Elizabeth Montoya de Sarria, más conocida como la Monita Retrechera, y que se canalizaron recursos de ella. Por ahora, la Fiscalía avanza en los señalamientos de Botero Zea.

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