Técnico del Cúcuta dice que cumplirá la pena

Un grupo de abogados considera que la sanción a Jorge Luis Pinto, de no poder ingresar a los estadios, es inconstitucional.

Por la vía constitucional se intentó que el técnico del Cúcuta, Jorge Luis Pinto, regresara a los estadios antes de cumplir las diez fechas de prohibición de ingreso dictada por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, pero también con argumentos de la Carta Política el ente rector del fútbol profesional eludió el recurso.

Este domingo el equipo rojinegro visita al Júnior, cuyo entrenador, Julio Comesaña, también tiene restringido el acceso a los escenarios —aunque le restan tres jornadas de las cinco impuestas—, y la polémica por la inusual sanción vuelve, pero revestida por argumentos distintos a la discusión puramente deportiva.

Esta inédita controversia, conocida por El Espectador, se originó en un derecho de petición que días atrás presentó la Asociación Nacional de Litigantes ante el presidente de la Dimayor, Ramón Jesurún, para solicitar la revocatoria de la sanción a Pinto, basándose en que el castigo impuesto al DT desconoce varios derechos consagrados en la Constitución y, según la misma Carta Política, en caso de presentarse incompatibilidad entre ésta y cualquier norma, deben prevalecer las directrices contenidas en la ley de leyes.

En concreto, la asociación precisó que la suspensión impuesta al estratega santandereano desconoce el artículo 12 de la Carta que prohíbe las penas crueles, inhumanas o degradantes y, en su opinión, lo que se hizo con él es “a todas luces deshumanizante”, porque coloca en la picota pública a una persona que otrora fue símbolo del país como seleccionador nacional. Además, expresa el documento, se viola el artículo 13 que consagra el derecho a la igualdad, pues la Dimayor impuso un castigo que no le corresponde y que desconoce las facultades de los jueces.

De igual modo, el reclamo de los abogados litigantes cita el artículo 24 de la Carta que habilita a todo ciudadano a circular libremente por el territorio nacional, ante lo cual creen que es un exceso prohibirle a Pinto que ingrese a los estadios siendo estos bienes de uso público de propiedad del Estado, cuyas limitaciones de ingreso sólo corresponde aplicarlas a la Policía. Finalmente, el recurso manifiesta que a Pinto se le está vulnerando su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y a su libertad misma que sólo puede ser restringida por la orden de un juez de la República.

La Asociación Nacional de Abogados Litigantes le hizo saber a Pinto que por su propia cuenta y riesgo decidió presentar el recurso de petición, haciéndolo conocer de paso a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, El Espectador pudo establecer que aunque el documento formalmente fue presentado a consideración de la Comisión Disciplinaria, esta instancia decidió no darle curso con un argumento también de los abogados: el derecho de petición, contenido en el artículo 23 de la misma, sólo procede ante autoridades públicas.

En realidad la norma advierte que “el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales” y precisamente eso es lo que no ha sucedido. Aunque por vía de tutela y otros recursos la Corte Constitucional ha previsto que las organizaciones privadas respondan derechos de petición cuando afectan derechos fundamentales, en esencia lo que ha faltado es voluntad política para que exista un estatuto que lo regule. Ante esta ausencia, la Dimayor decidió eludir el recurso y sostener la sanción.

No es descartable que, así sea para eventos futuros, el asunto termine en los terrenos de la tutela. Pero debe tenerse en cuenta que la Fifa es ortodoxa en la limitación de su privacidad y en más de una ocasión han salido mal libradas aquellas filiales del organismo que han intentado ser intervenidas por los Estados. En otras palabras, a la Fifa no le gusta que los organismos públicos intervengan en sus decisiones. La pregunta es si esta independencia absoluta también puede sostenerse a costa de los derechos fundamentales consagrados en tratados internacionales o constituciones.

Por lo pronto y más allá del giro jurídico que tomó la sanción a Pinto, lo cierto es que por ahora el estratega tendrá que seguir viendo por televisión los partidos del equipo que dirige, aunque con un alivio en su próximo reto. Su colega y rival de turno, Julio Comesaña, tampoco puede entrar al estadio. Y como comentó un aficionado, sería bueno que lo vieran juntos, ya que si alguna vez ambos pelearon en plena cancha, ahora que no pueden entrar al estadio podrían compartir sus caracteres.

Pinto aclara y Jesurún responde

Jorge Luis Pinto fue enfático al afirmar que “ese derecho de petición ni lo hice yo, ni mucho menos lo mandé a hacer, simplemente fue iniciativa de un grupo de abogados que lo envió a la Dimayor”.

De igual forma rechazó versiones según las cuales ha ingresado camuflado a los estadios y confirmó que ha cumplido y cumplirá “fielmente la sanción, que no fue una consecuencia de mis actos , al punto que ya hablé con el comandante de la Policía en Barranquilla para que me mande un policía y que él constate dónde estaré el domingo”.

Por su parte, el presidente de la Dimayor, Ramón Jesurún, le confirmó a El Espectador que “efectivamente recibimos hace unos días un derecho de petición, pero como éste sólo aplica para entidades públicas y no privadas como lo es la Dimayor, no se le dio trámite”.