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hace 57 mins

Otra polémica sobre Juan Ángel Palacio Hincapié

Siendo magistrado del Consejo de Estado exigió pensión especial, pero la Corte Constitucional se la negó.

En sus casi tres décadas como servidor público, Juan Ángel Palacio Hincapié nunca se había visto tan sometido al escarnio público como esta semana. A pocos días de su presentación en la Corte Suprema como candidato a Fiscal General, trascendió que un magistrado auxiliar del Consejo de Estado lo denunció por supuestos actos de corrupción. Palacio negó tener conocimiento del tema, pero una grabación revelada probó lo contrario. Entonces, optó por pedirle a la Corte que lo recibiera nuevamente, a lo que el alto tribunal respondió que sólo hasta el 23 de este mes, como estaba previsto desde un principio, se reuniría en Sala Plena para discutir todo lo relacionado con la elección del próximo Fiscal.

Ahora, un nuevo asunto compromete el nombre de Palacio. El Espectador conoció una sentencia que la Corte Constitucional resolvió en 2005, en contra de una tutela que éste presentó por considerar que sus derechos fundamentales a la pensión de jubilación, la igualdad y el trabajo habían sido violados. En 2003 había exigido que el Instituto de Seguros Sociales (ISS) reconociera su pensión a la que, argumentó, tenía derecho porque la Ley 100 de 1993 así lo garantizaba. La petición de Palacio —quien explicaba que necesitaba retirarse del servicio y que la pensión sería su único medio de subsistencia— fue admitida en primera instancia por un juez civil del circuito de Bogotá, en noviembre de 2004. Pero el trámite se quedó sin piso en segunda instancia en enero de 2005, cuando el Tribunal Superior de Bogotá reversó el fallo.

Según esta corporación, Palacio no cumplía las condiciones para exigir pensión especial porque, en primer lugar, no era magistrado de ninguna alta corte al 1° de abril de 1994, como lo requiere la Ley 100. En ese entonces era empleado de las Empresas Públicas de Medellín y llegó al Consejo de Estado, la única alta corte a la que ha pertenecido, el 1° de noviembre de 2000. Tanto el Tribunal como la Corte Constitucional, a donde llegó la tutela de Palacio, encontraron que el hoy candidato a la Fiscalía alegaba una pensión —palabras más, palabras menos— que el Estado no tenía por qué proveer. El ISS sostuvo que Palacio no podía acceder a la pensión especial porque el tener 50 años de edad es un factor que sólo se les reconoce a los congresistas. Y cuando el asunto llegó a manos de la Corte, las aspiraciones de Palacio fueron rechazadas de tajo.

Esa corporación consideró que para pedir tal amparo el demandante debía ser una persona de la tercera edad. Palacio, con 52 años de edad cuando comenzó el litigio, claramente no lo era. La Corte reiteró que para reclamar un supuesto “perjuicio irremediable” por no recibir una pensión, debía existir un riesgo contra la vida digna. Lejos del caso de Palacio, quien para el momento se desempeñaba como consejero de Estado y, por ende, devengaba el salario de un magistrado de alta corte. Y aún más, le faltaban todavía tres años para retirarse y tampoco expuso algún motivo que sugiriera una pronta desvinculación. Para este alto tribunal, lo único que quedó claro es que, contrario a lo que alegaba Palacio, no existía ninguna razón para concluir que su dignidad humana estaba en juego.

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