Las pruebas de la Fiscalía contra el DAS

<strong>El Espectador</strong> revela la medida de aseguramiento que les impuso el ente acusador a los coordinadores del grupo G-3, que fue calificado como una empresa criminal.

En una providencia de 167 páginas, firmada por el fiscal delegado ante la Corte Julio César Martínez, están contenidas todas las evidencias que durante cinco meses recopiló la justicia para desentrañar las mafias que, por años, utilizaron la central de inteligencia del Estado para ‘chuzar’ ilegalmente, hacer seguimientos e invadir la privacidad de opositores al Gobierno, defensores de Derechos Humanos, periodistas y magistrados de altas cortes. Así las cosas, se ordenó la detención de diez funcionarios y ex funcionarios del DAS que aparecen relacionados en un sinnúmero de memorandos y actas de reuniones del controvertido grupo de investigación G-3.

Sostiene la Fiscalía que bajo el pretexto de realizar actividades propias de inteligencia se desviaron recursos públicos y, sin que mediara orden judicial, se obtuvo información reservada de señalados blancos por el DAS con la aquiescencia del director de la época, Jorge Aurelio Noguera Cotes, “para lo cual se diseñó toda una estrategia organizacional, se seleccionaron las personas que se encargarían de cumplir este cometido y se dispusieron los medios necesarios para llevar a cabo esta funesta labor, desbordando la órbita de sus funciones y en claro abuso de poder, traicionaron la confianza y el deber constitucional y legal que tenían”.

La decisión, además, insiste en reprochar esta cacería ilícita a organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear, el periodista Hollman Morris o miembros de la oposición como Carlos Gaviria, Luis Eduardo Garzón, Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Alfonso Gómez Méndez y hasta monseñor Nel Beltrán. Los seguimientos a estas y otras personas fueron ordenados por Jaime Fernando Ovalle, entonces coordinador del G-3, y así consta en informes reservados, documentados por el CTI, que datan desde marzo de 2004. Jacqueline Sandoval, ex subdirectora de contrainteligencia, también avaló interceptaciones de números telefónicos de los abogados del Colectivo y de sus círculos familiares.

De hecho, el 10 de marzo de 2004 se ordenó investigar económica y financieramente a todos los integrantes del Colectivo y se impartieron instrucciones para seguir al abogado Óscar Silva, defensor del jefe de las Farc Simón Trinidad. De contera, ese mismo día se solicitó verificar la Coordinación Nacional de Desplazados, la Comisión Colombiana de Juristas y el periodista Carlos Lozano. En una investigación denominada “Transmilenio”, en la que fueron rastreadas alrededor de 50 personas, con el fin supuestamente de neutralizar sus actividades, se autorizaron recursos logísticos y ubicación de oficinas fachada que fueron informadas a la cúpula del DAS.

En un acta encontrada por la Fiscalía se descubrió que el G-3 fue formado en 2003 y que sus operaciones duraron casi seis años. En otro documento se lee que el entonces asesor del DAS y posterior subdirector José Miguel Narváez, se queja de la falta de colaboración, demora en las respuestas y presentación de informes del grupo G-3. Según Carlos Arzayús, ex director de inteligencia, Narváez solicitó que, por la sensibilidad de la información manejada, no era pertinente dejar nada por escrito. Arzayús, en su indagatoria, reconoció que por no estar vigente la ley de inteligencia, todos los seguimientos fueron ilegales.

“Se aprecia que los integrantes de esta empresa criminal, liderada por el propio director de turno del DAS, idearon, acordaron y pusieron en marcha un propósito por fuera de los cauces legales, no con la finalidad para la cual se creó el DAS, sino para satisfacción de intereses oscuros aún no determinados, pues lo que hasta ahora se sabe es que este grupo de personas procedieron contra el derecho al desbordar sus funciones y utilizar el cargo para protervos fines, incluso llegar a ponerlos al servicio de las bandas y mafias criminales”. Así de contundente es el señalamiento de la Fiscalía sobre el escándalo de este organismo de seguridad.

Distintas A-Z le permitieron a la Fiscalía concluir que fue a instancias del entonces director de inteligencia, Gian Carlos Auque de Silvestre, que se creó el G-3 y por ende se desplegó esta avalancha de seguimientos sin respaldo judicial. Durante gran parte de la providencia, el fiscal Martínez dejó consignado innumerables folios de documentos que fueron puestos en conocimiento de la cúpula del DAS sobre un milimétrico plan de seguimiento a todo cuanto oliera oposición. En una reunión quedó establecido que se requirió ubicar una oficina en el norte de Bogotá para garantizar los trabajos y la confidencialidad del grupo G-3.

De acuerdo con la Fiscalía, la ex subdirectora de operaciones Martha Leal fue una de las principales gestoras y partícipes de estas operaciones irregulares. Y así lo testimonian no sólo varios de los procesados sino los documentos que ella firmó. Curiosamente, dentro de los seguidos aparecen personas cercanas al Gobierno, como Luis Alfonso Hoyos, próximo embajador ante la OEA; Pedro Juan Moreno, ex secretario de la gobernación de Álvaro Uribe, o el ex magistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil. En el caso de Jorge Alberto Lagos, ex director de contrainteligencia, se concluyó que avaló junto con su colega Fernando Tabares la cacería a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con el polémico empresario Ascencio Reyes.

La Fiscalía advirtió que Lagos le mintió a la justicia cuando refirió que los equipos de interceptación apenas podían rastrear el espectro electromagnético, declaración que fue controvertida por el funcionario Germán Albeiro Ospina, quien declaró que con los equipos Smith Meyer con los que contaba el DAS se podía hacer toda suerte de interceptaciones, hechos que no podían ser ajenos al director de inteligencia. Asimismo, el fiscal Martínez criticó con vehemencia a la ex subdirectora de operaciones Luz Marina Rodríguez, quien dijo que “no conocía nada de lo que ocurría en el DAS”, a pesar de llevar 25 años en la entidad. “Es un absurdo”, resaltó la Fiscalía.

Por todos estos hechos la Fiscalía ordenó detener a los funcionarios y ex funcionarios y endilgarles el delito de concierto para delinquir agravado. Según la providencia, sólo podía imputárseles este delito por cuanto los otros (violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores, abuso de autoridad, falsedad por destrucción o supresión de documento público) tienen una pena inferior a los cuatro años y por lo tanto ya no son susceptibles de ser investigados. Al cierre de esta edición se conoció que cuatro de los cinco funcionarios activos del DAS que fueron cobijados con medida de aseguramiento, se entregaron voluntariamente al CTI. El novelón del DAS sigue, y de qué manera.

Seguirán en libertad, pero vinculados

La Fiscalía se abstuvo de solicitar la detención de 19 detectives que hacían parte del G-3, al considerar que no tenían mando operativo y que sólo siguieron instrucciones de sus superiores. En ese sentido, los detectives Óscar Barrero López, Fabio Duarte Traslaviña, Mario Orlando Ortiz Mena, Sandra Lucía Muñoz, María Ruiz Vargas, Deyci Carolina Cancino, Carlos Fabián Sandoval Sabogal, Blanca Cecilia Rubio Rodríguez, José Alexis Mahecha, Carlos Alberto Herrera, Ibet Senovia Gutiérrez, Lina María Romero, Astrid Fernanda Cantor, Néider de Jesús Ricardo Hoyos, Rodolfo Medina Alemán, Yuli Paulín Quintero, William Gabriel Romero, Ignacio Moreno Tamayo y Ronald Harbey Rivera Rodríguez seguirán vinculados a la investigación, pero por ahora no tendrán que ser detenidos.

Las órdenes de captura

La Fiscalía ordenó medida de aseguramiento, por el delito de concierto para delinquir agravado, en contra de:

1. Carlos Alberto Arzayús.

2. Jacqueline Sandoval Salazar.

3. Jorge Armando Rubiano Jiménez.

4. Martha Inés Leal.

5. José Miguel Narváez.

6. Hugo Daney Ortiz García

7. Jorge ALberto Lagos León.

8. José Alexánder Velásquez Sánchez.

9. Fernando Alonso Tabárez Molina.

10. Luz Marina Rodríguez Cárdenas.

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