El laberinto del Estado de opinión

La idea de que Colombia goza hoy de un Estado de opinión tiene al país intelectual buscando cómo teorizarla y a la clase política cómo defenderla o atacarla. Con el trasfondo de un eventual referendo, la gente del común espera su turno.

Desde hace 10 meses, sin que los analistas le dieran mayor importancia, el presidente Álvaro Uribe introdujo en sus discursos un sugestivo componente: el Estado de opinión. Pero el pasado 20 de julio, durante la instalación del Congreso, el Primer Mandatario fue más allá y declaró textualmente: “Colombia goza de un Estado de opinión que es la fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho. Es el resultado del proceso histórico de cesión de derechos de la autocracia al pueblo”.

Además, aclaró que el Estado de opinión no es democracia plebiscitaria, pero sí equilibrio entre participación y representación, es “la libertad del ciudadano y del Gobierno frente a los medios (...) es el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin penalizarlas”. Con frases semejantes, propias de politólogo más que de estadista, describió su concepción sobre el ejercicio del poder.

Desde entonces, lo que parecían oraciones para redondear su argumento de la seguridad democrática y la confianza inversionista, se convirtieron en sentencias que tienen a los políticos, a los catedráticos o a los editorialistas elucubrando acerca del alcance del polémico Estado de opinión que evidentemente no ha sido definido en el intrincado reino de los juristas, pero constituye un concepto político de múltiples interpretaciones y un solo beneficiario: el Presidente que lo puso en la mesa del debate.

Los criterios abundan. El catedrático de la Universidad Nacional Óscar Mejía Quintana cree que el Estado de opinión, al igual que el Estado comunitario, “no es más que otro invento de la teoría política uribista y una figura para mimetizar la democracia de mayorías de corte autoritario que se ha venido consolidando en Colombia”. Y añade que ahora que el referendo está moribundo, resulta eficaz invocar el Estado de opinión para tratar de decir que la voz de la mayoría puede situarse por encima de la ley.

En busca de una interpretación más teórica, el catedrático de la Universidad de la Sabana Iván Garzón estima que el Estado de opinión no es otra cosa que el modelo planteado por Jürgen Habermas, en el sentido de que las decisiones políticas pueden adoptarse más allá de los poderes públicos. Garzón cree que más que pretender la legitimación de una segunda reelección, lo que se impone es que los gobernantes recogen la opinión pública y la traducen en hechos como seguridad democrática, cohesión social o confianza inversionista.

En procura de buscarle un parangón histórico, la politóloga de la Universidad de los Andes Elisabeth Ungar, recordó que en plena Guerra del Vietnam, en Estados Unidos el presidente Nixon apeló al concepto de las mayorías silenciosas para significar que existían muchos ciudadanos que lo apoyaban en su propósito. Sin embargo, la profesora Ungar cree que el Estado de opinión lo que representa realmente es una amenaza al Estado de Derecho, tomando posiciones con base en lo que piense la ciudadanía.

El director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Fabio Giraldo, aporta su concepto: “El Presidente es un moralista ortodoxamente contrario a la ética propia del liberalismo individual, pero es heterodoxo cuando se trata de los gusticos del poder”. Giraldo insiste en que se busca crear un efecto de opinión para que la maraña jurídica de la reelección no se vea tan empañetada.

A su vez, el sociólogo de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Guerrero, piensa que el planteamiento del presidente Uribe apunta a la democracia directa, y en su criterio este es un fenómeno que está ocurriendo en varios países. Es decir, agregó Guerrero, “estamos pasando de la democracia de los partidos a la democracia de lo público. Hoy los partidos no son el eje fundamental del régimen democrático, por eso el Estado de opinión se asemeja mucho a la democracia de lo público y el referendo es un instrumento claro para ponerlo en práctica.

Lo cierto es que, más allá de la lluvia de conceptos, el presidente Uribe ha puesto a los colombianos a rebanarse los sesos con su Estado de opinión. De hecho, como lo documentó el portal www.sillavacia.com, desde octubre de 2008 a la fecha, lo ha incluido en 103 discursos. Y la prueba de que está calando hasta en los sectores más contrarios es que en desarrollo de los debates para la elección del próximo Fiscal, un magistrado planteó tomarse el tiempo necesario porque ahora “prevalece el Estado de opinión sobre el Estado de Derecho”.

El tema va para largo y la evidencia es la explosión de opiniones en la última semana. No todas incluidas en los medios y ese es el escenario que Uribe impone. Como lo advierte el catedrático de la Universidad del Rosario Juan Esteban Constain, “es darles legitimidad política a las opiniones de la gente, que también se manifiestan en los cafés, en las tertulias o en las universidades”. Con una salvedad: “Los límites los pone siempre el que tiene el poder, en este caso el presidente Uribe, quien logró consenso para su política de seguridad democrática”.

Ajeno a las teorías y más cerca del pragmatismo político, hace 56 años el dirigente liberal Darío Echandía calificó como “un golpe de opinión” la forma como llegó al poder el general Gustavo Rojas Pinilla, de alguna manera avalado por la sociedad y los partidos políticos. Hoy el escenario es otro, pero no cabe duda de que en medio de las discusiones por un eventual referendo, desde la Casa de Nariño se gesta un nuevo golpe de opinión, esta vez buscando que sean los ciudadanos quienes decidan si el Presidente puede aspirar o no a un nuevo cuatrienio de Gobierno.