Medios, mutilados

El cierre de 34 emisoras en Venezuela y la hostilidad hacia los medios en varios países de la región causan preocupación.

En los últimos días el presidente venezolano, Hugo Chávez, se ha convertido en protagonista de uno de los videos más vistos de Facebook. En él, el presentador de noticias de la cadena Univisión, Jorge Ramos, dice haber encontrado un video en sus archivos que prueba que el presidente venezolano “le mintió”  durante su campaña en 1998. A renglón seguido, el joven y atemperado candidato aparece sonriente, contestando las preguntas del periodista mexicano.

—-¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? —Por supuesto que sí.

—¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? —No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado, el resto debe seguir siendo privado.

Las palabras del candidato Chávez contrastan con el mensaje que este fin de semana recibieron 34 emisoras venezolanas por parte de Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas del gobierno del presidente Chávez. La misiva revocaba las licencias a las “primeras 34 emisoras” de radio en este país, anticipando que más estaciones  serían cerradas .

La medida ha producido todo tipo de protestas. Sobre todo porque el cierre de los medios se produce mientras que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, le presentaba a la Comisión de Medios del Parlamento venezolano una propuesta de proyecto de ley contra delitos mediáticos, una norma que castigaría con dureza a todo aquel que difunda mensajes por medios de comunicación “que atenten contra la paz social, la seguridad de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio”.

Como sucedió hace dos años, en mayo de 2007, cuando el gobierno venezolano le revocó la licencia a Radio Caracas Televisión, las noticias de esta semana han generado una avalancha de reacciones. Con el título “Venezuela amordazada”, el diario español El País publicó un duro editorial, en el que sostenía que con lo sucedido esta semana “Chávez está cada vez más cerca de la dictadura (...). Su gobierno ha construido en los últimos años un imperio mediático adicto, que a su vez reprime implacablemente la información adversa”, dijo el diario.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas confederaciones de medios y periodistas expresaron su preocupación. Hasta que, después de días de intensa polémica, el secretario general de la Asamblea Nacional, Iván Zerpa, negó que la ley estuviera dentro de la agenda legislativa de esta institución. La fiscal Ortega, aseguró ayer, no cuenta con “iniciativa legislativa”.

 Las acciones de amedrentamiento hacia los medios no hacen más que repetirse. El pasado martes, al menos 35 simpatizantes del presidente Hugo Chávez, comandados por la activista Lina Ron, irrumpieron armados y con gases lacrimógeno en las instalaciones de Globovisión, canal crítico con el mandatario.

Contra las vacas sagradas

Lo ocurrido esta semana en Venezuela pareciera formar parte de un ciclo peligroso que mezcla el ataque constante de gobernantes a los medios de comunicación, con políticas que de una u otra manera conducen a la censura. El resultado: constantes amenazas legales y la animadversión y violencia generadas en sectores de la población.

A escasos kilómetros, un día después del cierre de las emisoras venezolanas, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó el lunes que su gobierno revisaría esta semana las licencias de los medios de comunicación ecuatorianos “adquiridas con permisos de manera irregular”. “Caerán algunas vacas sagradas”, dijo el presidente en un abierto desafío a muchos de los medios que considera sus enemigos y a quienes tilda de estar aliados con poderosos sectores económicos en su contra. Ya en julio del año pasado el gobierno de Correa se hizo con el control de tres canales de televisión, propiedad de banqueros acusados de malversación de fondos. El embargo fue justificado por el deseo de recuperar los 661 millones de dólares de pérdidas acumuladas por el Grupo Isaías, propietario de los canales. No faltaron, sin embargo, quienes apuntaron a un intento de acabar con las voces críticas que se alzaban desde dichas televisiones en un contexto próximo a las elecciones.

¿Intimidan a los medios estas amenazas? El director del diario Hoy, de Quito, Jaime Mantilla, aseguró en conversación con El Espectador que en el país sigue existiendo la libertad de expresión. “No hay un solo tema que no estemos tratando. Denuncias de corrupción, medidas, etc., hay plena libertad, y el resultado es que todos los días recibimos insultos”, afirmó. Sin embargo, la Asamblea Nacional de Ecuador deberá aprobar una nueva ley de comunicación antes del próximo 20 de octubre. Varias propuestas, con las que se pretenden crear sistemas de auditoría y observatorios con los que ejercer un mayor control sobre los medios, fueron ya presentadas. El gobierno de Correa posee la mayoría en la Asamblea, por lo que se presume la próxima aprobación del proyecto.


Asimismo, en Bolivia, el hostigamiento de la prensa es notorio. “La indisposición del gobierno de Bolivia hacia los periodistas y las amenazas vertidas por éste buscan crear un régimen de terror que obliguen a la autocensura”, afirma el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Marco Antonio Dipp.

En diciembre Evo Morales firmó el divorcio con los medios de comunicación no estatales tras una polémica con La Prensa. El presidente decidió no permitir el acceso de periodistas nacionales a las ruedas de prensa. “Sólo el 10% de los periodistas tienen dignidad”, acusó. “En los últimos meses hemos sentido una mejoría de las relaciones con el gobierno, se ha vuelto a permitir el paso de periodistas de medios privados bolivianos a las comparecencias del presidente. Tan sólo esperamos que no se deba a la proximidad de las elecciones”, manifestó Dipp. El director de La Razón, Grover Yapura, por su parte, cuenta que una de sus periodistas fue maltratada por activistas del gobierno, quienes amenazaron con violarla.

 Al gobierno golpista del hondureño Roberto Micheletti, también le han llovido denuncias por su represión a los medios. Según denunció la organización Reporteros Sin Fronteras, el gobierno de facto bloquea técnica y sistemáticamente las emisiones de medios críticos de las acciones del nuevo gobierno. 

¿Por qué incomoda la prensa? Los gobiernos reformistas aducen la necesidad de “brindarles una protección apropiada a los ciudadanos, quienes lucen indefensos ante el uso irracional del poder que actualmente ostentan los medios de comunicación social”, aseguró la fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz al presentar su propuesta de ley contra los delitos mediáticos la semana pasada.

Para el ex canciller venezolano Simón Alberto Consalvi, sin embargo, “la guerra contra los medios es el resultado del gran terror que se apodera de Chávez, porque tarde o temprano debe rendir cuentas”. Para Consalvi, el alto nivel de corrupción en el gobierno conduce a la necesidad de la censura. Según una reciente encuesta nacional de la firma venezolana, Alfredo Keller, el 78% de los encuestados creen que en el actual gobierno hay corrupción y el 64% que el presidente Chávez conoce los casos y es responsable.

Pero en los discursos oficiales la prensa sigue siendo un enemigo con agenda propia, que busca desestabilizar al Estado. Un “latifundio mediático”, como los refirió el ministro venezolano de Obras Públicas, Diosdado Cabello, al cerrar las emisoras este fin de semana. Un latifundio que,  por lo visto esta semana, seguirá enfrentando los embates de los gobiernos de Chávez y Correa, cuya retórica combativa contiene casi  idénticos términos. “Si la oligarquía no cede en sus privilegios por las buenas, el pueblo la va a obligar por las malas”, dijo este fin de semana Cabello a los medios.

El debate en Colombia

En Colombia  la libertad de expresión sigue siendo amenazada. La semana pasada fue emitida una orden de arresto contra Rodrigo Pardo, director de la revista ‘Cambio’, como consecuencia de una tutela en contra del artículo publicado el pasado 25 de febrero sobre las supuestas relaciones del magistrado José Alfredo Escobar Araújo y el ciudadano italiano Giorgio Sale, acusado este último de narcotráfico.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia registra desde 1996 todos los casos de asesinatos y amenazas a periodistas en el país que, según su director, Carlos Cortés,  “siguen siendo muchos”. Sólo en 2008 la  Fundación ha reportado 181 nuevos casos de violencia tanto física como mental a medios de comunicación.