El nudo gordiano del referendo

La versión libre a 86 congresistas que votaron el referendo tiene en ascuas al Gobierno y los reeleccionistas.

La súbita decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la versión libre de 86 congresistas que votaron el referendo reeleccionista en las sesiones extras de la madrugada del 17 de diciembre de 2008, tiene al país jurídico y al país político buscando argumentos en favor y en contra de la determinación del alto tribunal, y especulando qué hacer respecto a una tortuosa iniciativa que desde sus orígenes viene cargando un acumulado de cuestionamientos, mientras sus defensores a ultranza sostienen que lo que se intenta es limitar el derecho de los electores a decidir si el primer mandatario puede aspirar a un tercer período de gobierno.

El tema principal del debate radica en establecer si es la Corte Suprema el organismo competente para examinar a priori el trámite de la iniciativa popular. Se supone que el procedimiento normal de todo referendo, como se vio claramente en 2003, es que una vez el Congreso apruebe la ley del referendo, la Corte Constitucional entre a examinar si se incurrió en errores de forma, caso en el cual podría declararlo inexequible. En el antecedente inmediato del referendo contra la corrupción y la politiquería de 2003, cabe recordar que la Corte Constitucional tumbó varias de las preguntas incluidas en el temario, precisamente por yerros durante su aprobación.

“El control de estos actos lo tiene la Corte Constitucional al decidir sobre la exequibilidad de lo que aprueba el Congreso. Ese es el órgano competente fijado por la Constitución. Pero usurpar una función para controlar las decisiones del Parlamento, como lo está haciendo la Sala Penal, es muy dudoso”, comentó el abogado penalista Jesús Albeiro Yepes. En contraste, su colega Yesid Reyes Alvarado observó que lo que hizo la Corte es un trámite absolutamente normal. “Lo que no podía hacer era recibir una denuncia y no hacer nada. Es obligación de la Corte Suprema verificar a fondo si la denuncia tiene o no fundamento para tomar decisiones”.

Y si en los terrenos del derecho el debate crece, en los círculos políticos, mientras los defensores del referendo no salen de su sorpresa, los detractores del mismo no ocultan su satisfacción por los efectos que la decisión de la Corte Suprema trae para su trámite. Si antes de la determinación del alto tribunal se hablaba de un referendo técnicamente muerto, hay quienes piensan que ya es hora de empezar a aplicarle los santos óleos. La razón: el tiempo. Tomar 86 versiones libres no es un asunto de la noche a la mañana y perfectamente podría llevarse de uno a dos meses. Eso sin tener en cuenta que de todos modos la iniciativa tiene que ir a la Corte Constitucional.

El tema es de tanta trascendencia que el lunes quedó pactada una reunión de la bancada uribista en la Cámara para evaluar qué camino coger frente al nuevo impasse de la iniciativa popular. El propósito inicial era que a más tardar el 18 de agosto se evacuara la conciliación que le hace falta y el proyecto fuera votado por las plenarias de Senado y Cámara. Ahora el asunto cambia porque indudablemente pesa entre los congresistas el temor de que de persistir en el referendo, puedan ver agravada su situación judicial en la Corte Suprema, así se les ofrezca abogados gratis para su defensa. Y ya hay quienes no descartan mecanismos como la tutela.

El congresista denunciante y de alguna manera gestor del nuevo escenario judicial y político, representante a la Cámara Germán Navas Talero, comentó que simplemente la Corte Suprema está cumpliendo con los procedimientos establecidos frente a este tipo de acciones judiciales y que no hay nada extraordinario en que se haya encontrado mérito para ahondar en las investigaciones. “Yo no estoy actuando políticamente y creo que la Corte tampoco. Yo lo hice jurídicamente porque encontré razones para elevar la denuncia y, a su vez, la Corte está actuando en derecho al investigar. Los únicos que quieren ver posiciones políticas son los afectados con la medida”, puntualizó Navas.

De cualquier manera, pocas veces una iniciativa en el Congreso ha acumulado tantos reparos. Primero por la supuesta violación de los topes de financiación en la recolección de las firmas; después por las denuncias de que la cuestionada DMG aportó $5.000 millones a ese proceso; más adelante porque la pregunta original aprobada en la Cámara de permitir la reelección en 2014 cambió en el Senado por 2010 y últimamente porque el propio registrador, Carlos Ariel Sánchez, argumentó que para poder aprobarse el referendo se requiere un certificado del organismo que obre algo así como un visto bueno.

No obstante a todo lo anterior, el lío que hoy tiene empantanado el referendo surgió en la madrugada del 17 de diciembre de 2008, cuando en unas polémica sesiones extras convocadas por el Gobierno con el deliberado propósito de salvar la iniciativa, 86 representantes a la Cámara la votaron sin que existiera ese visto bueno del Consejo Nacional Electoral. Ahora está atravesada la Corte Suprema de Justicia, sin que puedan eludirse los demás pasos: la revisión de la Corte Constitucional y, en caso de ser aprobada, la realización misma del referendo. En cualquier caso, no menos de seis meses y las elecciones presidenciales son en mayo de 2010.

Así las cosas, el nuevo traspié del referendo quedó en primera fila de la agenda pública. A pesar de que el tema de la elección del Fiscal General también tiene en un tira y afloje a la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno, y que la agenda internacional está que arde por cuenta de la decisión de facilitar el trabajo de militares norteamericanos en siete bases colombianas, en el espíritu del invocado Estado de Opinión del presidente Uribe y sus correligionarios, el referendo parece convertirse en una especie de territorio de honor para ser defendido a toda costa. Tanto entre quienes quieren sacarlo adelante como quienes buscan hundirlo definitivamente. ¿Quién ganará ese pulso histórico?