Corte Suprema y referendo

El haber coincidido la apertura de una investigación penal preliminar en contra de 86 representantes a la Cámara, por un posible delito de prevaricato al votar positivamente el referendo, con el deber constitucional del Congreso de tramitar la conciliación, es desafortunado y perjudicial para la credibilidad e imparcialidad de la justicia.

Bien se pudo esperar con cautela el cumplimiento de este requisito constitucional, y luego proceder como lo hizo la Sala Penal de la Corte Suprema.

Por este hecho queda un sinsabor, al hacer carrera la aseveración de que una de las causas que impide el trámite de la conciliación es la decisión penal mencionada, que creó temor en los representantes, al punto de no ser posible integrar el quórum decisorio. De esta forma se puede interrumpir y/o alterar el normal funcionamiento del Congreso al imposibilitar el cumplimiento de una de sus funciones legislativas, lo que está prohibido por la Constitución (art. 214.

No es dado olvidar el proceso constituyente que dio lugar a la expedición de la Carta Política de 1991. Estudiantes y profesores salieron a las calles a expresar la urgente necesidad de hacer una profunda reforma a la Constitución, acudiendo directamente al constituyente primario, idea que se plasmó “con la séptima papeleta”, la cual fue escrutada con base en un decreto de Estado de Sitio declarado exequible por la Corte Suprema, dando vía libre a la convocatoria de una asamblea constituyente (se expresaron sólo un 1’500.000 colombianos, elecciones 11 marzo/90).

El Presidente César Gaviria con fundamento en el Estado de Sitio (Decreto 1926/90) ordenó: “Convocar e integrar una asamblea constitucional”, no obstante existir prohibición constitucional que “sólo” autorizaba al Congreso reformar la Carta. La Corte Suprema declaró constitucional el decreto, con la tesis de que “como la nación colombiana es el constituyente primario, puede en cualquier tiempo darse una Constitución distinta a la vigente…, sin sujetarse a los requisitos que ésta consagraba”. El resultado de la votación fue de 3’600.000 a favor y 350.000 en contra. En consecuencia, nuestra Carta Fundamental es el fruto del “Estado de Opinión” del momento que vivía el país, del Estado de Sitio que tantos males causó a la democracia y de la inmensa abstención electoral.

¿Acaso esta historia se repetirá si las mayorías políticas impulsan, en las elecciones de Congreso de 2010, una papeleta adjunta apoyando al presidente Uribe para que continúe cuatro años más en el poder y lo autorizan convocar una constituyente? En democracias en formación, como la nuestra, no es buena la judicialización de la política porque se corre el riesgo de afectar la independencia de la judicatura y conlleva, por reacción, una politización de la justicia. Algunos gobernantes sucumben a la tentación de intervenir la justicia, cuando advierten poder político en las Cortes.

*Ex senador liberal