¿Adónde irá el General?

Tras pagar su condena en una cárcel de EE.UU., a Manuel Antonio Noriega le esperan más líos judiciales. El futuro del ex dictador panameño se debate entre una condena en su patria o una cárcel en tierras francesas.

En el número 100 de la Rue de la Université, a dos calles del Museo de Orsay, están las oficinas del bufete de abogados de Olivier Mertzer. La palabra “bufete” es casi engañosa, porque siempre ha trabajado solo y los profesionales que lo rodean no pasan de ser sus “colaboradores”. Originario del norte de Normandía, hijo de agricultores y el primero a la hora de reconocer su mal carácter, Mertzer es un hombre que ha hecho fortuna por sí mismo. También algunos de sus clientes lo han hecho: ha sido el defensor de Jacques Crozemarie, acusado de apropiarse de fondos de la asociación de lucha contra el cáncer, y de Loïk Le Floch-Prigent, que aprovechó para su beneficio su cargo directivo en la SNCF, la empresa estatal de ferrocarriles. “Somos abogados, no jueces”, respondió en una ocasión a una pregunta del diario L’expansion sobre el tipo de personajes que defendía.

Patrick Fiévet es juez, no abogado. Inscrito en el Tribunal de París, ha terminado por especializarse en los casos de lavado de dinero. Uno de los más mediáticos terminó en la petición oficial de Francia a Estados Unidos para la extradición del hombre de negocios italiano Giancarlo Parretti.

En el número 268 de la Rue de la Université, a dos calles del Museo del Quai Branly, pasaba sus vacaciones la familia que Fiévet condenó en Francia y cuya extradición desde los Estados Unidos intenta impedir Mertzer. Ella se llamaba Felicidad Siero; él, Manuel Antonio Noriega.

Buenos y malos tiempos

“Desde 1977 he estado en relación con Francia a todos los niveles. Mis viajes a ese país siempre fueron públicos. Firmé acuerdos económicos, me traté con los servicios de inteligencia y legalmente compré equipos, aviones y armas a la industria militar francesa”, le dijo Noriega al juez Fiévet en su celda de la prisión de Florida el 30 de noviembre de 1995. Fue la única vez que se vieron.

Noriega recuerda con cariño la época y a varias de las personas que lo han visitado en su celda les ha mostrado fotos en París junto a François Mitterrand y varios ministros. Tanto querían los Noriega la capital francesa que, además del de la Rue de la Université, compraron otros dos apartamentos de lujo, éstos con vista al Sena. Las tres hijas de la pareja, Leonora, Thays y Sandra, eran conocidas por gastar miles de francos de la época en tiendas de lujo como Printemps y galerías Lafayette. Cuando llegaron los procesos, Noriega justificó sus ingresos diciendo que provenían de los sueldos y otros reconocimientos monetarios que recibía de parte de la CIA.

Su condición de agente o aliado con sueldo de la inteligencia norteamericana no era algo que reconociera en público. Ahora Noriega pone ese dato al lado de otros recuerdos como el de ese 22 de febrero cuando se enteró de que el gobierno francés le había otorgado la Legión de Honor. Era 1987 y, salvo en lo que tiene que ver con la oposición en su país, que lo acusaba de torturas y detenciones, Noriega tenía buenas relaciones con todo mundo: la CIA, los gobiernos europeos y los contras nicaragüenses.

Fueron otros amigos de Noriega, sin embargo, los que terminaron por causarle problemas. En los 80, los carteles colombianos encontraron en Panamá el punto de paso perfecto para la droga en camino hacia Estados Unidos. Con el tiempo, los oficiales panameños que colaboraban dejando pasar los cargamentos extendieron su campo de acción hacia el lavado de dinero: bastaba ignorar los controles para que el país centroamericano funcionara como un pequeño paraíso fiscal a la vuelta de la esquina.


Noriega estaba al corriente y recibía los beneficios y el negocio resultó tan rentable que empezó a colaborar más con sus aliados del sur que con sus jefes del norte. Cuando las cosas se complicaron y se empezó a hablar de una posible invasión para capturarlo en Panamá, varios gobiernos se opusieron a la idea. No fue el caso de Francia. Roland Dumas, el ministro de Relaciones Exteriores galo en ese momento, fue uno de los más fervientes defensores del derecho de los norteamericanos a intervenir en Panamá.

El 20 de diciembre de 1989 los marines estadounidenses desembarcaron en el país centroamericano. Muy probablemente el ya entonces ex dictador no tuvo tiempo de enterarse en su refugio que dos días después de la invasión habían comenzado en París las diligencias judiciales en su contra.

Los juicios del general

Si Francia y Panamá no hubieran abierto procesos en su contra, el 9 de septiembre de 2007, Noriega habría podido salir de la prisión a la que fue condenado en Estados Unidos sin deudas con la justicia. Pero Panamá lo acusa de haber ordenado la tortura y asesinato de los opositores Hugo Spadafora y Moisés Giroldi; Francia, entre tanto, de lavar dinero. París se basó en el reporte de la comisión estadounidense dirigida en 1992 por el entonces senador John Kerry para establecer un esquema que explica parte del funcionamiento de las finanzas de la pareja.

Juzgando en ausencia, el juez Piévet condenó en 1999 a Noriega y a su esposa a 10 años de prisión y a una multa de 11 millones de euros. Los tres apartamentos que la pareja poseía en París fueron confiscados y vendidos para pagar parte de la multa.

Noriega fue el primer dirigente extranjero en ser condenado en Francia por delitos relacionados con corrupción. El pronunciamiento de Washington sobre la petición de extradición francesa se produjo en 2007 cuando, ante la cercanía de la fecha de la liberación del general, se planteó la cuestión de dónde debería dejarlo el avión oficial que abordaría al salir de la prisión. Sus abogados contestaron de inmediato la decisión, argumentando que, de acuerdo con la legislación internacional y a las circunstancias de su captura, Noriega es un prisionero de guerra y debe ser enviado de regreso a su país de origen.

 El 9 de julio, los abogados de Noriega decidieron agotar su último recurso posible: la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. De nuevo la defensa recurrió a los derechos de los prisioneros de guerra. Los magistrados deberán empezar a estudiar el caso en septiembre. Noriega, mientras tanto, continúa en su celda.