La mala hora de los cementerios

La Iglesia Católica y la autoridad ambiental se declaran preocupadas por la norma. El de Funza sería el primer camposanto que se trasladaría.

Fue el más alto jerarca de la Iglesia Católica en Colombia, el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, el que, durante la pasada conferencia nacional de obispos, en julio de este año, puso el dedo en la llaga: “Seguramente habrá que hacer nuevos cementerios”, dijo visiblemente preocupado el prelado a los sacerdotes en el encuentro.

No era para menos. En el evento —la Asamblea Plenaria del Episcopado colombiano número 87—, una funcionaria de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le notificó a Rubiano las nuevas disposiciones del Ministerio de la Protección Social con respecto a estos terrenos sagrados. Una resolución, la 1447, expedida el 11 de mayo de 2009, que reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres y que, entre otros determinantes puntos, establece que los camposantos deben ubicarse separados de cualquier tipo de vivienda.

Una regla, cuyo plazo de cumplimiento es de 12 meses, nada fácil de acatar, si se tiene en cuenta que, según la propia Iglesia, aproximadamente 90 de cada 100 cementerios en Colombia se encuentran en los cascos urbanos, próximos a conjuntos residenciales, colegios y hasta plazas de mercado, y son administrados por parroquias que no cuentan con los recursos suficientes para reubicarlos.

Campos que surgieron al garete, casi con la misma fundación de los pueblos, sin mayores consideraciones sobre el medio ambiente, las condiciones sanitarias y las normas urbanísticas. Algunos con 500 años de antigüedad. Terrenos dispuestos para la muerte, que un día se vieron rodeados por la vida representada en el florecimiento de residencias de todo tipo.

Sobre su uso y cuidado el Estado legisló apenas en 1979, cuando nació la Ley 9ª o Código Sanitario. Desde aquel momento se determinó que los cementerios debían estar alejados de centros urbanos y regidos por pautas para la salubridad, políticas que, no obstante, jamás fueron reglamentadas. Al menos hasta hace pocos meses, cuando la Procuraduría General empezó a indagar al respecto con las autoridades ambientales, las alcaldías municipales y la Iglesia. El ente de control instauró una acción de cumplimiento que se tradujo en la resolución del Minprotección, que ahora tiene en ascuas a los organismos involucrados en la actividad de los camposantos.

Según funcionarios de esa cartera y voceros de la Iglesia, el número de cementerios del país —divididos en públicos, privados y mixtos— no está establecido. Tampoco está claro quién tiene la responsabilidad oficial de manejarlos. El caso puntual para mostrar los líos generados por la norma por ahora es el del cementerio parroquial de Funza, de 250 años de antigüedad, cuya reubicación fue ordenada por un juez para febrero de 2010 a más tardar —ver recuadro.

El Espectador consultó a las partes involucradas en el asunto.

“Modificaremos la resolución”: Minprotección

Javier Ríos, funcionario del área de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social.

La Iglesia y la autoridad ambiental están preocupadas por esta resolución…

En este momento está cursando una modificación a esa resolución en la que se aclara que sólo aplica a los cementerios nuevos.

¿Cuándo sale esa modificación?

Está cursando.

¿Qué va a pasar entonces con los cementerios ubicados cerca de viviendas?

Deberán cumplir con el resto de la norma. Los secretarios de Salud de los municipios harán vigilancia y control a los riesgos del ambiente.

¿Quién maneja los cementerios del país?

Las secretarías de Salud hacen vigilancia y control, pero no hay un ente específico que los maneje. Acuérdese que hay cementerios de todo tipo.

¿Cuántos cementerios hay?

No hay una estadística. Como se trata de una unidad de negocio, cada territorio tiene la estadística.

La norma también ordena medir la capacidad de los camposantos. ¿Cómo se hace eso?

La capacidad está medida por los estudios de mortalidad de la jurisdicción del cementerio y su área.

El caso Funza

El olor “a muerto” se tomó la calle 14, justo al lado del cementerio, de forma tal que en ocasiones resultaba insoportable respirar. No tuvieron que pasar muchos días para que al insufrible hedor se le sumaran moscas y mosquitos que terminaron de arruinar la existencia de los habitantes del barrio El Lago, en Funza, a 15 minutos de Bogotá. Don Alfredo, el viejo sepulturero, fue el encargado de dar la explicación que todos ya imaginaban: Un cadáver que yacía en una improvisada bóveda, construida sin acierto con bloques de cemento, se había reventado debido a la inadecuada preparación que se le dio al cuerpo. Corría el año 2000. “Propusimos trasladar el cadáver. Pensamos que lo correcto era exigir a la parroquia y a la Alcaldía que asumieran los costos y tomaran medidas para evitar que eso volviera a ocurrir. Para eso, instauramos una acción popular.


Nunca imaginamos que el fallo del juez sería el de reubicar el camposanto”, explica Mercedes Rey, presidenta de las juntas de acción comunal por aquella época y primera dama del municipio en la actualidad. La decisión, prorrogada en cinco ocasiones por petición de los demandados, tiene a las autoridades municipales buscando un terreno para un nuevo cementerio que cumpla con los requisitos legales. La carrera contrarreloj irá hasta febrero de 2010. Al respecto, la Procuraduría aseguró en un oficio enviado a la CAR que la decisión del juez en este caso “está inmersa en el espíritu” de la resolución 1447 del Ministerio de la Protección Social.

“Los que no cumplan serán reubicados”: CAR

Piedad Gutiérrez, subdirectora jurídica de la CAR.

¿Qué conlleva el cumplimiento de la norma del Ministerio?

Evidentemente, los cementerios que no cumplan la resolución en el término de un año tendrán que ser reubicados. Creo no equivocarme al decir que se trata de buena parte de los cementerios del país. Esto podría traer una serie de problemas sociales, ya que se verá involucrada la parte espiritual de los ciudadanos. Muy respetuosamente debo decir que la norma falla al determinar un régimen de transición de un año, pero sin contemplar los pasos para poder cumplir la ley.

¿Qué le falta a la resolución?

Lo primero que se ha debido hacer es determinar la naturaleza de los cementerios del país y las condiciones de cada uno, caso por caso.

¿Qué está haciendo la CAR para cumplir la regla?

Estamos realizando una avanzada con los alcaldes y párrocos de los 104 municipios de nuestra jurisdicción para darles a conocer las disposiciones. Hay que buscarles dolientes a los cementerios.

“Nos preocupa la gente”: Iglesia

Monseñor Fabián Marulanda, secretario saliente de la Conferencia Episcopal.

¿Qué opina de la resolución del Minprotección?

Estamos preocupados, fundamentalmente por la gente, porque la Iglesia puede decir ‘listo, entregamos los cementerios’, ya que administrarlos no es una obligación de la Iglesia. Sin embargo, el cuidado de los muertos es una de nuestras obras. 

¿Es posible reubicar un cementerio?

Quiero aclarar que todas estas disposiciones son muy puestas en razón. Creo que lo más sensato es crear cementerios nuevos y dejar que los que ya están se extingan naturalmente. Es apenas lógico que un camposanto no se pueda trasladar. Lo que pasa es que no será fácil encontrar lotes que cumplan con los requerimientos: zonas peatonales, tratamiento de aguas, que los vientos vayan a determinada dirección, entre otros.

¿Quién debe asumir los costos que implique cumplir la resolución?

Creo que el Estado.

¿Cuántos cementerios administra la Iglesia?

No tenemos ese dato. Muchos.

¿Quién cobra por el uso de los terrenos que ustedes administran?

La Iglesia, pero son sumas módicas.

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