Política económica cortoplacista

La economía colombiana, durante las dos administraciones del presidente Uribe, registró tasas satisfactorias de crecimiento, más como resultado de los altos precios de las materias primas exportables que como fruto de reformas estructurales y de cambios en el aparato productivo que hubieran podido corregir problemas de fondo.

Si bien el Producto Interno Bruto (PIB) creció a tasas superiores al 6% hasta 2007, el Gobierno desaprovechó la oportunidad de ahorrar y, por no tener una política económica de mediano y largo plazo, no produjo un superávit para garantizar un programa anticíclico en la recesión.

No sólo gastó a manos llenas, sino que otorgó toda clase de exenciones a los capitales, comenzando por las zonas francas, donde las empresas, en lugar de pagar una tarifa del 33%, fueron premiadas con un 15%, que se puede volver el 9% cuando se acogen a un convenio de estabilidad. Y si el empresario aprovecha la deducción del 40% sobre la inversión en activos, la tasa disminuye al 6%.

Las gabelas concedidas a 7.300 empresas tuvieron un costo de $13,3 billones. Ahora el Gobierno acaba de presentar una reforma tributaria apresurada porque no sabe cómo cubrir un hueco fiscal de $22 billones, y en demostración de sus errores, deberá comenzar a reversar las medidas que contemplaron descuentos tributarios por montón.

Problemas por resolver

La erradicación de la pobreza sigue siendo una ilusión, siguen las desigualdades y un porcentaje alto de la población continúa sin tener acceso al empleo, a un ingreso decente, a la vivienda y al suministro de agua potable.

Una frustración es el lento avance de las obras públicas, con un ritmo de ejecución muy bajo, hasta el punto de que, en caso de ser aprobado el TLC, el país no va a contar con las troncales para hacer frente al desafío de un comercio exterior más vigoroso.

No ha existido una política macroeconómica sólida que no se limite a recuperar un clima de inversión, sino que asuma el manejo de temas estructurales como un régimen tributario progresivo, un plan de choque contra el desempleo, una revisión del régimen laboral, un vuelco en los programas de seguridad social y un nuevo modelo de desarrollo adaptado a las necesidades de modernización tecnológica y competitividad imperantes en la economía mundial. Debe pasarse de la microgerencia de los consejos comunales a un manejo gerencial de alta responsabilidad.

En salud persisten problemas de calidad y no se sabe cómo cubrir jugosos faltantes de financiación en los departamentos. No se ha hecho mayor cosa en la nivelación entre el régimen subsidiado y el contributivo, aunque es justo reconocer que se ha logrado aumentar la cobertura.

Son varios los problemas que siguen sin solución: la producción agropecuaria está estancada, el sector manufacturero continúa con tasas de decrecimiento anual superiores a 7%, la actividad de nuevas edificaciones ha decaído y el comercio y el transporte muestran signos de desaliento. Subsisten dificultades que el Gobierno no ha dicho cómo las va a enfrentar, como la contracción del comercio con Venezuela y Ecuador y la caída de remesas.

Según reconocidos analistas, no se cuenta con un gabinete idóneo, como lo hubo en otras épocas, capaz de enfrentar un período de turbulencia como el presente y, por el contrario, se ha insistido en la terquedad de mantener a unos ministros cuyo fracaso ha sido reconocido por el propio Jefe del Estado en los consejos comunales y en asambleas gremiales.

*Ex editor económico de El Espectador

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