Anuncian Tutela para destrabar referendo

Partido Conservador estudia instaurarla luego del llamado a versión libre de la Corte Suprema.

Aduciendo la inviolabilidad del voto parlamentario, el mismo argumento con el que hace una década la Corte Constitucional cerró de tajo la investigación que la Corte Suprema de Justicia les abrió a los representantes a la Cámara que absolvieron al ex presidente Ernesto Samper por el escándalo del Proceso 8.000, Fernando Alameda, director ejecutivo del Centro de Pensamiento Primero Colombia, instauró una tutela para destrabar el trámite del referendo reeleccionista.

Como se sabe, justo antes de culminar el período legislativo anterior y cuando estaba en la puerta del horno la conciliación del referendo entre Senado y Cámara, el 27 de mayo la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar a los 86 parlamentarios que apoyaron la iniciativa popular. El representante Germán Navas los denunció por prevaricato, porque en su criterio ni la Registraduría ni el CNE habían dado el aval para que el Congreso tramitara el referendo.

Una sala integrada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Jorge Luis Quintero, Yesid Ramírez y María del Rosario González solicitó esta semana ampliar las pruebas en el expediente para decidir de fondo sobre el asunto. La determinación causó ampolla en el Congreso, no sólo porque constituye una nueva dificultad para aprobar la iniciativa, a la que ya muchos le aplicaron los santos óleos, sino porque el magistrado ponente, Quintero Milanés, tenía listo un proyecto de auto inhibitorio que no compartieron sus colegas. En esencia, el magistrado Quintero recordó que la Corte Constitucional, en su sentencia SU 047 de 1999, con ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria, señaló que los parlamentarios no pueden ser procesados por cumplir con su labor legislativa.

Tal como informó El Espectador, el magistrado Quintero Milanés solicitó a sus compañeros Ramírez y González archivar la investigación, pero aduciendo que se necesitaba practicar más pruebas, fue derrotado en su ponencia. Precisamente, esta coyuntura judicial hizo que Alameda instaurara una tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema. Según él, su apoyo al referendo está amenazado por la investigación de la Corte, pues afecta la libertad del voto.

“El posible archivo del proyecto como resultado de la mencionada investigación es una distorsión del procedimiento establecido para los referendos y anularía el derecho fundamental a la participación política, dado que no se trata de una decisión libre de los parlamentarios (si se hunde la iniciativa), sino producto del miedo causado por una posible sanción penal”, afirmó Alameda.

Añadió que la decisión inhibitoria de la Corte se va a producir “una vez el daño ya sea irreparable”. Por eso acudió a la tutela, y explicó que hay que impedir “que con argucia jurídica se vulnere la formación libre de la voluntad legislativa, y que la administración de justicia sea utilizada para favorecer intereses políticos”.

Sobre la acción de nulidad interpuesta contra la investigación a las cuentas del referendo, hubo ayer un empate técnico entre los magistrados del Consejo Electoral y es posible que sea designado un conjuez para adoptar una decisión.