Procuraduría critica posición de la Corte

Ordóñez manifestó que la corporación debió abstenerse de investigar a los parlamentarios que votaron el referendo.

La justicia penal no es competente para investigar si en el trámite de un determinado proyecto de ley se incurrió en vicios de procedimiento en su formación. Con este argumento, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en carta que entregará hoy a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, le hará saber la posición de su despacho frente al llamado a versión libre que formuló el alto tribunal a 86 congresistas que aprobaron en la Cámara el referendo reeleccionista.

La posición del procurador Ordóñez, que de antemano deja planteado un nuevo choque de trenes entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, se basa en el argumento de que la función de examinar jurídicamente los proyectos de ley le corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional, y así está consagrado en los artículos 241 y 379 de la Carta Política, particularmente en el numeral 3° de la primera norma, que habilita a la Corte Constitucional para revisar los referendos.

La Procuraduría cree que la indagación preliminar adelantada por la Corte Suprema desconoce además el artículo 185 de la Carta Política, donde se advierte que “los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo”. En su opinión, el jefe del Ministerio Público admite que si bien la denuncia y correspondiente indagación no se refieren a este último aspecto, sí se justificó como la razón para no emitir un auto inhibitorio en favor de los 86 congresistas.

En consecuencia, la Procuraduría consideró que está plenamente acreditada, la atipicidad de la conducta denunciada y que, en virtud del artículo 367 del antiguo sistema penal (Ley 600 de 2000), existe la causal que debería dar lugar a una providencia inhibitoria. En otras palabras, la Procuraduría General de la Nación, como en el caso del sonado escándalo de la yidispolítica, tomó total distancia de la Corte Suprema, que a su vez libra con el Poder Ejecutivo una pugna aparte.

La postura de la Corte

En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, que en breve deberá iniciar la toma de versión libre de los 86 representantes que votaron el referendo reeleccionista, mantiene clara su postura de que es necesario ahondar si el proceder de los parlamentarios se adecuó o no a un delito, y si dentro de sus funciones era obligatorio que entregaran el proyecto de ley a la plenaria junto con todos sus soportes antes de su votación. Es decir, advertir si faltaba la certificación del Registrador sobre los topes de financiación.

El Espectador conoció la providencia, a través de la cual la Sala Penal ordenó la versión libre de los 86 congresistas, y en ella queda claro que el alto tribunal busca constatar si existió algún tipo de abuso de la función pública o abuso de autoridad, al margen de reconocer la disposición constitucional que consagra la inviolabilidad de los votos y opiniones de los congresistas. Éstos están excluidos de responsabilidad jurídica, mas no algunas particularidades que pueden ser averiguadas por la justicia ordinaria.

En concreto, la Corte Suprema de Justicia cree que ninguna autoridad, sin importar su rango o jerarquía, puede ser excluida de mecanismos de control. Por eso, la presunta omisión de deberes, también derivados del ejercicio de la función pública, debe aclararse con el fin de entender si se quebrantó la administración pública o se desconoció la legalidad como pilar fundamental de una organización política. En criterio de la Corte, este caso no corresponde a un asunto menor.

Por el contrario, “se trata de un aspecto esencial en la materialización de la voluntad popular”, tal como quedó planteado en la exposición de motivos de la Ley 134 de 1994, referente a los mecanismos de participación ciudadana. En consecuencia, la Corte insiste en que es su deber averiguar a fondo si los parlamentarios tenían conocimiento o no de la incorrección en el trámite del proyecto de ley del referendo reeleccionista y sabían que faltaba la mencionada certificación del Registrador Nacional.

Como es de conocimiento público, esta decisión fue avalada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia María del Rosario González de Lemos y Yesid Ramírez Bastidas. A su vez, el magistrado Jorge Luis Quintero Milanés, en su salvamento de voto, coincidió con la posición que hoy materializará en su carta el Procurador General de la Nación, en el sentido de que el procedimiento correcto en este caso era expedir un auto inhibitorio en favor de los 86 congresistas.

Quintero Milanés observó en su documento que las declaraciones del registrador Carlos Ariel Sánchez o del magistrado del Consejo Electoral José Joaquín Vives en nada van a contribuir para despejar las dudas que quiere resolver la Corte Suprema de Justicia. Además, anotó el magistrado Quintero que los hechos que son objeto de investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia, realmente le corresponden a la Corte Constitucional, autoridad encargada de la custodia de la Carta Política.

En síntesis, concluyó este magistrado, el derecho penal no tiene ninguna posibilidad de regular esta clase de asuntos. El jurista señaló que, luego de revisar y analizar el Código Sustantivo, no halló cuál podría ser el delito en el que los parlamentarios incurrieron al haber votado un referendo que busca la reelección presidencial, y en el caso de que hubiesen incurrido en un vicio de procedimiento, debe ser la Corte Constitucional la autoridad encargada de resolverlo al cumplir su deber de la revisión de forma del trámite del referendo.

De esta manera, más allá de la controversia política que desde hace dos meses tiene paralizado el trámite de una conciliación en el Congreso, último paso en el procedimiento del referendo reeleccionista, el cruce de argumentos jurídicos también está al rojo vivo. Sólo que esta vez y una vez más es el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. quien entró a terciar en una controversia propia de abogados. ¿Quién saldrá airoso en la polémica? Por lo pronto, el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, reiteró hace dos días que serán escuchados los 86 congresistas.