Ofensiva jurídica por referendo

La querella jurídica se suma a la tutela presentada en defensa de la inviolabilidad del voto parlamentario.

No fue sino que el presidente Uribe le pidiera a su bancada en el Congreso tomar una decisión con respecto al referendo, bien sea a favor o en contra pero eso sí sin temor a la Corte Suprema de Justicia, para que se desencadenara una ofensiva jurídica contra el alto tribunal.

Al anuncio de la realización este viernes de una manifestación en contra de la Corte por parte del grupo en Facebook “Sí al referendo, sí a Uribe” y la tutela impulsada por el Centro de Pensamiento Primero Colombia “en defensa de la inviolabilidad del voto de los parlamentarios”, se suma ahora una denuncia penal interpuesta por el ex senador Pablo Victoria contra tres magistrados de la Sala Penal, por posible “violación de las garantías constitucionales y constreñimiento del voto”.

Los magistrados denunciados son Jorge  Quintero, Yesid Ramírez y María del Rosario González —quienes la semana pasada decidieron llamar a versión libre a los 86 representantes  que votaron la iniciativa popular sin contar con el aval de la organización electoral en cuanto a las cuentas—, querella que, según Victoria, se hace extensiva a todos los demás miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema.

“El prevaricato en el cual incurrieron los congresistas que votaron a favor la ley del referendo no tiene fundamento, ya que en ninguno de los artículos de la Constitución ni de la Ley 134 de 1994 ni de la Ley 5 de 1992 se señala u ordena que para la aprobación de una ley que busque un referendo deban los congresistas tener en cuenta el asunto de la financiación por parte del Comité Promotor de dicho referendo, o los topes de la campaña”, argumentó Victoria.

En la tarde de este miércoles, en una reunión entre los congresistas investigados y abogados asesores, se planteó asumir una estrategia conjunta para su defensa y se habló de la propuesta de renunciar a la versión libre y no acudir a la citación de la Corte. “Los congresistas no tienen por qué explicar su voto a los magistrados. Considero que ellos pueden renunciar a su derecho a la versión libre, esperando a que la Corte Suprema se pronuncie en cuanto a si se inhibe o si abre investigación formal”, explicó Jaime Granados, uno de los juristas asesores.

Previamente, tras un encuentro entre voceros de la bancada uribista, el ministro del Interior, Fabio Valencia, aseguró que el objetivo es que el próximo miércoles se vote la conciliación, para lo cual habría que radicar la ponencia esta semana. Según dijo, sólo faltan dos votos para completar los 26 que se requieren para superar el escollo. El Espectador conoció que de los 25 conciliadores del Senado, 15 ya estamparon su firma a favor de la iniciativa popular, mientras que en la Cámara se conoce que desde que comenzó el proceso, ocho representantes firmaron.

Mientras tanto, la Comisión de Ética de la Cámara negó la recusación en contra del presidente de la corporación, Édgar Gómez, lo que lo habilita para intervenir en el proceso y nombrar los reemplazos de  cuatro representantes que renunciaron a la conciliación. A su vez, en el escenario político y jurídico ya comienzan a escucharse voces que hablan de un resquebrajamiento de la institucionalidad con la ofensiva jurídica contra la Corte Suprema,  al tiempo que hay quienes afirman que el referendo tiene paralizada la agenda en el Congreso.